Compré dos entradas para Natalia Lafourcade casi seis meses antes del concierto a través de Viagogo. A menos de 24 horas del evento, la plataforma aún no las entregaba y me decía que podían llegar apenas tres horas antes. Este artículo es una advertencia para todos quienes, como yo, pueden caer en manos de verdaderos ciberestafadores que se disfrazan de plataformas confiables de venta de entradas.
Por Claudio Masson.- En diciembre de 2025 compré dos entradas para el concierto de Natalia Lafourcade en Santiago, programado para el 22 de mayo, a las 20:00 horas, en Movistar Arena. Sí: casi seis meses antes del evento y entonces pagué $210.557 por dos entradas electrónicas en sección Platino, acicateado por la noticia que ya entonces quedaban pocas entradas.
A menos de 24 horas del concierto, todavía no recibo mis entradas.
La empresa responsable es Viagogo, una plataforma internacional de compraventa o reventa de tickets. Su sitio opera en español, cobra en pesos chilenos y ofrece entradas para eventos en Chile. Todo parece normal, confiable, casi oficial. Esa es la trampa perfecta: no parecer una estafa, sino parecer una ticketera.
Pero ahí está precisamente el problema: el consumidor puede creer que está comprando una entrada cierta, cuando en realidad entra a un mercado secundario donde la entrega depende de un tercero desconocido: un revendedor, un intermediario o un especulador.
Hoy, a menos de 24 horas antes del concierto recibí un mensaje difícil de creer: “¡Hoy es el día! Tus entradas deberían llegar pronto, puesto que algunas se ponen en venta el mismo día del evento”. Pero yo no compré entradas para recibirlas ese día. ¡Las compré casi seis meses antes!. Esa frase resume el problema completo: la plataforma normaliza la incertidumbre que ella misma produce y de la cual obtiene ganancias ilícitas, como lo sugiere el patrón internacional de denuncias, investigaciones, sanciones y miles de reclamos de consumidores que describen experiencias casi calcadas.
Viagogo no es una empresa desconocida para los reguladores. En Australia, la autoridad de competencia y consumo llevó a Viagogo ante la justicia por representaciones falsas o engañosas, y la Corte Federal le impuso una multa de 7 millones de dólares australianos por infracciones a la ley del consumidor. En Reino Unido, la Competition and Markets Authority ha investigado a Viagogo y otras plataformas por prácticas de precios en línea potencialmente engañosas, incluyendo cargos agregados durante el proceso de compra y técnicas de presión comercial.
El patrón no es nuevo ni está limitado a Chile. En España, una consumidora afectada por Viagogo terminó organizando una cruzada contra la plataforma, articulando una comunidad con más de 12.000 testimonios y denuncias de España y Latinoamérica, según reportó el medio español 20 Minutos. En Argentina, un portal de reclamos de consumidores (https://www.defensadelconsumidor.com.ar/) registra 452 denuncias asociadas a Viagogo. Los relatos se repiten con una regularidad inquietante: cargos superiores al precio aceptado, entradas no recibidas, tickets entregados a última hora, ubicaciones inferiores a las contratadas y reclamos que se vuelven prácticamente imposibles. Cuando la misma experiencia se repite en distintos países, ya no estamos frente a un accidente comercial. Estamos frente a un modelo de estafa.
En mi caso, cuando reclamé, la respuesta fue que las entradas podrían llegar hasta tres horas antes del evento. Tres horas antes, pese a que el pago fue recibido casi seis meses antes. También se me dijo descaradamente que esto era “normal” y que “así funciona la industria”.
No, amigos. Eso no es normal. Y si alguien pretende convencernos de que lo es, entonces esa industria necesita ser seriamente revisada.
Una entrada no es una promesa abstracta. Es el derecho a asistir a un evento específico, en una fecha específica y, muchas veces, en una ubicación determinada. Quien compra una entrada no compra incertidumbre, no compra ansiedad, no compra una eventual devolución ni una “garantía” de reemplazo a última hora. Compra acceso seguro.
En mi caso, el comprobante indicaba dos entradas electrónicas para sección Platino, pero ni siquiera identificaba fila ni asientos. Por increíble que parezca, yo no terminaba de convencerme. La plataforma invocó una garantía interna, según la cual, si algo fallaba, podrían entregar entradas “comparables” o reembolsar el dinero. Pero esa garantía no corrige el abuso de fondo: recibir el dinero con meses de anticipación y dejar al consumidor esperando hasta el borde mismo del evento, como si la ansiedad también formara parte del servicio contratado.
Por ello, este caso es una advertencia, seria y fundada. Antes de comprar entradas por internet, revisen siempre cuál es la ticketera oficial. No basta con que el sitio aparezca en Google, tenga buen diseño, cobre en pesos chilenos o prometa “compra segura”. Si habla de compraventa, intercambio o reventa, probablemente no está frente al canal oficial: está entrando al casino de la intermediación. Y en ese casino, la casa siempre cobra antes de que el consumidor sepa si realmente tiene entrada.
Las señales de alerta son claras: entrega diferida hasta pocas horas antes, ausencia de fila o asiento, vendedor no identificado, cargos adicionales, atención por bots, respuestas vagas y promesas de solución “comparable”.
En Chile existe una Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Esa ley reconoce el derecho a información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y características relevantes. También obliga a los proveedores a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales ofrecieron o convinieron la entrega del bien o la prestación del servicio. Y contiene, además, una regla elemental: sus normas deben interpretarse siempre en favor del consumidor, conforme al principio pro consumidor.
Por eso, no basta que una empresa extranjera venda desde fuera, cobre en moneda local, opere en español, ofrezca entradas para eventos realizados en Chile y luego pretenda diluir su responsabilidad detrás de su domicilio internacional, de intermediarios desconocidos o de una garantía privada. Si capta consumidores chilenos y participa habitualmente en la comercialización de servicios pagados por consumidores chilenos, el problema debe ser mirado por la autoridad chilena. Lo demás es escapismo.
Las plataformas que venden entradas para eventos realizados en el país no deberían operar en una zona gris, capturando pagos, diluyendo responsabilidades y trasladando al comprador el riesgo de la reventa. Tampoco parece aceptable que el Estado chileno se limite a mirar el pasaporte corporativo del proveedor y concluya que no puede hacer nada, cuando en los hechos esa empresa opera sobre consumidores ubicados en Chile, cobra en pesos chilenos y ofrece acceso a espectáculos realizados en territorio nacional.
Comprar una entrada no debería ser un acto de fe. Menos aun cuando la ilusión de asistir a un concierto termina convertida en una espera angustiosa, opaca e injustificable.
Al momento de escribir esta columna, a menos de 22 horas del evento, mis entradas aún no habían sido entregadas. Y eso no debería ser aceptado como normal por ningún consumidor ni por ninguna autoridad chilena.
Hoy, 22 de mayo, a las 6:18 de la mañana, recibí finalmente un correo dirigido a “Hola Claudio, ???? ???? ????” (Tal cual), con dos entradas adjuntas cuyo valor unitario impreso era de $58.500. Es decir, a vista y paciencia de todos, terminé pagando casi el doble por entradas que aparecieron recién el mismo día del concierto, después de meses de silencio útil y de una seguidilla de discusiones absurdas con bots y operadores remotos que repetían explicaciones prefabricadas, como si el problema fuera mi ansiedad y no su incumplimiento.
Curiosamente, la eficiencia llegó después de los reclamos, las alertas y la exposición pública del caso. Celebro, por cierto, que la plataforma haya descubierto de madrugada la forma de hacer aquello por lo que cobró en diciembre el doble. Pero que las entradas finalmente llegaran no limpia el modelo: solo confirma su obscenidad. El consumidor paga mucho antes, espera hasta el borde del abismo, soporta bots, evasivas y promesas de emergencia, y al final debe agradecer que le entreguen —tarde, caro y mal— lo que siempre debió recibir en forma clara, íntegra y oportuna.
En diciembre de 2025 compré dos entradas para el concierto de Natalia Lafourcade en Santiago, programado para el 22 de mayo, a las 20:00 horas, en el Movistar Arena. Sí: casi seis meses antes del evento. Entonces pagué $210.557 por dos entradas electrónicas en sección Platino, acicateado por la noticia de que ya entonces quedaban pocas entradas.
A menos de 24 horas del concierto, todavía no recibía mis entradas.
La empresa responsable es Viagogo, una plataforma internacional de compraventa o reventa de tickets. Su sitio opera en español, cobra en pesos chilenos y ofrece entradas para eventos en Chile. Todo parece normal, confiable, casi oficial. Esa es la trampa perfecta: no parecer una estafa, sino parecer una ticketera.
Pero ahí está precisamente el problema: el consumidor puede creer que está comprando una entrada cierta, cuando en realidad entra a un mercado secundario donde la entrega depende de un tercero desconocido: un revendedor, un intermediario o un especulador.
Hoy, a menos de 24 horas antes del concierto, recibí un mensaje difícil de creer: “¡Hoy es el día! Tus entradas deberían llegar pronto, puesto que algunas se ponen en venta el mismo día del evento”. Pero yo no compré entradas para recibirlas ese día. Las compré casi seis meses antes. Esa frase resume el problema completo: la plataforma normaliza la incertidumbre que ella misma produce y de la cual obtiene ganancias ilícitas, como lo sugiere el patrón internacional de denuncias, investigaciones, sanciones y miles de reclamos de consumidores que describen experiencias casi calcadas.
Viagogo no es una empresa desconocida para los reguladores. En Australia, la autoridad de competencia y consumo llevó a Viagogo ante la justicia por representaciones falsas o engañosas, y la Corte Federal le impuso una multa de 7 millones de dólares australianos por infracciones a la ley del consumidor. En Reino Unido, la Competition and Markets Authority ha investigado a Viagogo y otras plataformas por prácticas de precios en línea potencialmente engañosas, incluyendo cargos agregados durante el proceso de compra y técnicas de presión comercial.
El patrón no es nuevo ni está limitado a Chile. En España, una consumidora afectada por Viagogo terminó organizando una cruzada contra la plataforma, articulando una comunidad con más de 12.000 testimonios y denuncias de España y Latinoamérica, según reportó el medio español 20 Minutos. En Argentina, un portal de reclamos de consumidores (defensadelconsumidor.com.ar) registra 452 denuncias asociadas a Viagogo. Los relatos se repiten con una regularidad inquietante: cargos superiores al precio aceptado, entradas no recibidas, tickets entregados a última hora, ubicaciones inferiores a las contratadas y reclamos que se vuelven prácticamente imposibles. Cuando la misma experiencia se repite en distintos países, ya no estamos frente a un accidente comercial. Estamos frente a un modelo de estafa.
En mi caso, cuando reclamé, la respuesta fue que las entradas podrían llegar hasta tres horas antes del evento. Tres horas antes, pese a que el pago fue recibido casi seis meses antes. También se me dijo descaradamente que esto era “normal” y que “así funciona la industria”.
No, amigos. Eso no es normal. Y si alguien pretende convencernos de que lo es, entonces esa industria necesita ser seriamente revisada.
Una entrada no es una promesa abstracta. Es el derecho a asistir a un evento específico, en una fecha específica y, muchas veces, en una ubicación determinada. Quien compra una entrada no compra incertidumbre, no compra ansiedad, no compra una eventual devolución ni una “garantía” de reemplazo a última hora. Compra acceso seguro.
En mi caso, el comprobante indicaba dos entradas electrónicas para sección Platino, pero ni siquiera identificaba fila ni asientos. Por increíble que parezca, yo no terminaba de convencerme. La plataforma invocó una garantía interna, según la cual, si algo fallaba, podrían entregar entradas “comparables” o reembolsar el dinero. Pero esa garantía no corrige el abuso de fondo: recibir el dinero con meses de anticipación y dejar al consumidor esperando hasta el borde mismo del evento, como si la ansiedad también formara parte del servicio contratado.
Por ello, este caso es una advertencia seria y fundada. Antes de comprar entradas por internet, revisen siempre cuál es la ticketera oficial. No basta con que el sitio aparezca en Google, tenga buen diseño, cobre en pesos chilenos o prometa “compra segura”. Si habla de compraventa, intercambio o reventa, probablemente no está frente al canal oficial: está entrando al casino de la intermediación. Y en ese casino, la casa siempre cobra antes de que el consumidor sepa si realmente tiene entrada.
Las señales de alerta son claras: entrega diferida hasta pocas horas antes, ausencia de fila o asiento, vendedor no identificado, cargos adicionales, atención por bots, respuestas vagas y promesas de solución “comparable”.
En Chile existe una Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Esa ley reconoce el derecho a información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y características relevantes. También obliga a los proveedores a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales ofrecieron o convinieron la entrega del bien o la prestación del servicio. Y contiene, además, una regla elemental: sus normas deben interpretarse siempre en favor del consumidor, conforme al principio pro consumidor.
Por eso, no basta con que una empresa extranjera venda desde fuera, cobre en moneda local, opere en español, ofrezca entradas para eventos realizados en Chile y luego pretenda diluir su responsabilidad detrás de su domicilio internacional, de intermediarios desconocidos o de una garantía privada. Si capta consumidores chilenos y participa habitualmente en la comercialización de servicios pagados por consumidores chilenos, el problema debe ser mirado por la autoridad chilena. Lo demás es escapismo.
Las plataformas que venden entradas para eventos realizados en el país no deberían operar en una zona gris, capturando pagos, diluyendo responsabilidades y trasladando al comprador el riesgo de la reventa. Tampoco parece aceptable que el Estado chileno se limite a mirar el pasaporte corporativo del proveedor y concluya que no puede hacer nada, cuando, en los hechos, esa empresa opera sobre consumidores ubicados en Chile, cobra en pesos chilenos y ofrece acceso a espectáculos realizados en territorio nacional.
Comprar una entrada no debería ser un acto de fe. Menos aun cuando la ilusión de asistir a un concierto termina convertida en una espera angustiosa, opaca e injustificable.
Al momento de escribir esta columna, a menos de 22 horas del evento, mis entradas aún no habían sido entregadas. Y eso no debería ser aceptado como normal por ningún consumidor ni por ninguna autoridad chilena.
Hoy, 22 de mayo, a las 6:18 de la mañana, recibí finalmente un correo dirigido a “Hola Claudio, ???? ???? ????” (tal cual), con dos entradas adjuntas cuyo valor unitario impreso era de $58.500. Es decir, a vista y paciencia de todos, terminé pagando casi el doble por entradas que aparecieron recién el mismo día del concierto, después de meses de silencio útil y de una seguidilla de discusiones absurdas con bots y operadores remotos que repetían explicaciones prefabricadas, como si el problema fuera mi ansiedad y no su incumplimiento.
Curiosamente, la eficiencia llegó después de los reclamos, las alertas y la exposición pública del caso. Celebro, por cierto, que la plataforma haya descubierto de madrugada la forma de hacer aquello por lo que cobró en diciembre el doble. Pero que las entradas finalmente llegaran no limpia el modelo: solo confirma su obscenidad. El consumidor paga mucho antes, espera hasta el borde del abismo, soporta bots, evasivas y promesas de emergencia y, al final, debe agradecer que le entreguen —tarde, caro y mal— lo que siempre debió recibir de forma clara, íntegra y oportuna.
