Por Carlos Alvear.- El homicidio del joven malabarista Francisco Martínez, en la ciudad de Panguipulli a manos de un efectivo de Carabineros de Chile no sólo es reflejo de temeridad e imprudencia, sino que expresión de varios elementos a analizar. Un procedimiento de control de identidad preventivo que termina con un homicidio. Un procedimiento del cual abusa Carabineros por tratarse de una atribución facultativa, que da lugar a discrecionalidad, siendo usada como una herramienta de control social en contra de jóvenes, pobladores, o grupos vulnerables y minoritarios. Recordemos que los derechos fundamentales sólo pueden verse afectados de manera excepcional.
Un procedimiento que ante la supuesta negativa del joven malabarista a cooperar y negarse a ser controlado, se transforma en un conflicto que escala rápidamente, entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿Quién es el primer llamado a ejercer la prudencia y la calma? Es evidente que Carabineros. Sin embargo se deja escalar el conflicto y finalmente se opta por el uso de armas de carácter letal para disuadir, y luego cuando el malabarista avanza, se dispara a matar.
Carabineros despliega procedimientos que son muestra de una policía es militarizada, que primero conmina, y luego aniquila. Una policía con arraigo en su comunidad habría identificado fácilmente que el joven malabarista llevaba muchos meses viviendo en Panguipulli, incluso había sido destinatario de programas sociales del municipio por tratarse de una persona en situación de calle. Más aún existiendo el Protocolo para el resguardo de las personas en situación de calle, en el contexto del Estado de Excepción Constitucional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (vigente desde marzo de 2020) el cual solicita al personal policial y de las Fuerzas Armadas para que velen por el respeto a los derechos y protección de la integridad de personas vulnerables en situaciones en las que no sea posible realizar los controles de identidad con su cédula de identidad y/o RUN porque no cuentan con el documento físico o porque no podrán decir su RUN, solicitando que se las identifique por su nombre y/o apellido. Que incluso se considere la calle como su lugar de pernoctación, solicitando que no se les obligue a salir de ella.
Carabineros tenía la obligación de adoptar un protocolo que además es un acto administrativo de la administración pública. La muerte de Francisco, instala la pertinencia de reformar o reemplazar la institución de Carabineros de Chile, esa es parte de la discusión pública. Después del 18 de octubre, tenemos un problema con la falta de legitimidad que la policía tiene debido a los constantes excesos en el resguardo del orden público, participación en montajes como operación huracán, el homicidio de Camilo Catrillanca, los casos de corrupción, entre otros. Los romanos distinguían entre auctoritas y potestas. Vemos que Carabineros tiene Potestas, es decir el poder que le da el cargo para el uso de la fuerza, pero que con su actuar institucional carece de auctoritas, la cual es el respeto y admiración que debe llevar el cargo. Esa falta de legitimidad está afectando la seguridad ciudadana del país, porque hace ya tiempo se pasó de ser protector del débil, a opresor del débil. Hoy tenemos a Carabineros dedicado a vigilar y castigar.
Se hace necesario, que Carabineros de Chile, ya sea reformada o reemplazada por otra institución, sea intervenida profundamente por el poder civil en medio de esta crisis, es necesario dar señales de gobernanza. Más aún cuando estamos en un contexto de disputas territoriales entre narcotraficantes y un aumento de la violencia delictual.
Carlos Alvear es abogado. Ex Secretario General de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Instagram @carlosalvearp
