La violencia en las favelas de Río de Janeiro no es un hecho aislado, sino un síntoma de una falla estructural del Estado. El filósofo Lisandro Prieto analiza el fenómeno desde la filosofía política, la ética y la sociología, vinculando autores clásicos y contemporáneos con la brutalidad policial y la exclusión urbana.
Por Lisandro Prieto Femenía.- «Donde la ley se ausenta, la vida cae en la mera supervivencia; la soberanía que no protege se convierte en pura coacción”. Giorgio Agamben
La reciente masacre en las favelas de Río de Janeiro —un fenómeno crónico de violencia que ha marcado récords de letalidad en la última década— debe interpretarse no como un hecho criminal aislado, sino como un síntoma revelador de una falla política estructural. En 2024, la ciudad registró aproximadamente 758 muertes por disparos en enfrentamientos armados.
El problema central es el repliegue intencional del Estado de territorios enteros y la subsecuente colonización de esos vacíos por mafias ligadas al narcotráfico, que dispensan “orden” cuando la institucionalidad lo deniega. No se trata solo de violencia homicida, sino de la lógica mediante la cual vastas porciones de la ciudad se convierten en espacios de excepción, donde la ley ordinaria se suspende y la autoridad estatal reaparece de forma intermitente y desbocada.
Filosofía política y soberanía
Desde la tradición del contrato social, Thomas Hobbes sostiene que el pacto político se justifica por la capacidad del soberano para garantizar seguridad. Si el Leviatán claudica, el contrato se resquebraja. En El Leviatán, Hobbes afirma: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos de lo que dure el poder mediante el cual tiene la capacidad para protegerlos”.
Max Weber define al Estado moderno por el monopolio de la fuerza legítima. La presencia de grupos armados con control territorial revela una corrosión de esta condición. Pero la favela no es un vacío legal: es un tejido de necesidades insatisfechas y humillaciones cotidianas.
Giorgio Agamben aporta el concepto de estado de excepción, donde la norma se suspende y la vida queda expuesta al riesgo sin protección jurídica. En Estado de excepción, señala: “No es el dictatus de un tirano que actúa contra el derecho, sino un espacio anómico en el que la ley se suspende, permaneciendo sin embargo válida”.
Ética, biopolítica y legitimidad
La brutalidad estatal no restituye autoridad moral, sino que la aniquila. Hannah Arendt diferencia poder y violencia: “El poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente, el otro está ausente”.
Kant exige tratar a cada persona como un fin en sí misma. Diseminar cuerpos como evidencia militar es una afrenta a la dignidad humana. Michel Foucault desplaza la discusión hacia las técnicas de gobierno: la gestión securitaria de las favelas opera como biopoder, administrando poblaciones por exclusión.
Economía moral y justicia social
El narcotráfico no es solo criminalidad, sino una gubernamentalidad paralela que provee seguridad y empleo donde el Estado no lo hace. Loïc Wacquant y Philippe Bourgois han mostrado cómo la desposesión urbana crea economías morales alternativas. En In Search of Respect, Bourgois afirma: “La segregación racializada crea una ‘economía del respeto’ donde el comercio ilegal y la violencia son funcionales para la supervivencia y la dignidad”.
John Rawls y Amartya Sen ofrecen marcos normativos para la reparación: justicia como estructura institucional que beneficie a los más desfavorecidos, y capacidades como base de la ciudadanía efectiva. Martha Nussbaum refuerza esta visión: “La justicia exige garantizar un umbral mínimo de capacidades humanas básicas para elegir una vida verdaderamente humana”.
La restauración de la legitimidad requiere que el Estado transforme su presencia de amenaza en promesa de reconocimiento. Si la acción estatal se reduce a la fuerza bruta, incurre en un acto de autodestrucción política. El soberano, al manifestarse solo por coacción, aniquila la legitimidad que necesita para gobernar.
En este último sentido, Arendt nos advirtió que “la violencia no se presenta donde el poder está en peligro, pero dejada a sus propios medios termina por hacer desaparecer al poder”. Ante esto, ¿podemos concebir, entonces, la intervención militarizada como una trágica confesión de la bancarrota política, un grito ensordecedor de un Leviatán que ha roto el pacto hobbesiano, pero que al hacerlo, se desgarra a sí mismo? La restitución de la autoridad, en estos términos, nunca puede ser un ejercicio de fuerza, sino un acto de fe en la justicia.
Esta cuestión se profundiza aún más al considerar el despliegue del biopoder foucaultiano. La ausencia de inversión sostenida en derechos básicos, sumada a la presencia intermitente y letal de la fuerza represiva, no puede interpretarse como una simple insuficiencia burocrática. Al contrario, exige preguntar si este patrón de abandono y castigo no constituye, de hecho, una técnica de gobierno perversamente efectiva. La privación de asfalto, hospitales, comisarías, escuelas y servicios esenciales, como nos han recordado Sen y Nussbaum, convierte a las comunidades “marginales” en el terreno ideal para la promoción de negocios ilegales en los cuales todos los estamentos del Estado están rascando de la lata. Al tolerar el abandono y luego ametrallar sus inevitables secuelas, ¿el Estado no está administrando adrede poblaciones por exclusión, haciendo de la “nuda vida” la condición “normal” de la existencia marginal? La justicia, vista desde el prima del sentido común, debería interpelarnos: ¿la inversión masiva en seguridad represiva, sin inversión paralela en el florecimiento humano, no es una forma sofisticada de biopoder que gestiona la desigualdad como negocio, en lugar de erradicarla?
Finalmente, estimados lectores, la masacre vivenciada hace unas horas en territorio brasilero nos confronta con la ética de la reparación. La geolocalización de la favela es la del estado de excepción normalizado. Tras la ruptura flagrante del contrato social que esta violencia representa, ¿qué forma de justicia puede imponerse? Rawls nos aconseja estructurar las instituciones para el beneficio de los menos favorecidos. El Estado que ha fallado en proteger debe asumir un imperativo ético de restitución.
¿Bastan la investigación rigurosa, las sanciones y la inversión en servicios, o se requiere de un acto político de reconocimiento radical de la dignidad ultrajada a cambio de dinero sangriento? La interpelación final que les propongo se dirige a la conciencia cívica: si el Estado se niega a limitar su capacidad para convertir la excepción en norma y persiste en gobernar para para algunos acomodados, ¿quién o qué puede obligarle a rearticular su presencia como una promesa de justicia para todos por igual?
Referencias Bibliográficas (APA 7)
- Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editora.
- Arendt, H. (1970). On Violence. Harcourt.
- Bourgois, P. (2003). In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. Siglo XXI / FCE.
- Hobbes, T. (1651/2018). Leviatán.
- Kant, I. (1785/1998). Fundamentación de la metafísica de las costumbres.
- Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Walzer, M. (1977). Just and Unjust Wars. Basic Books.
- Wacquant, L. (2008). Urban Outcasts. Polity Press.
