Por Hugo Cox.- Cuando me instalo a escribir esta columna ya se están por cumplir treinta días desde que se inició una movilización social que no tiene precedentes en nuestra historia, movilización única en su génesis y su desarrollo por su masividad y por lo transversal, al abarcar todas las temáticas del malestar de la sociedad.
También es única porque normalmente en nuestra historia todas las movilizaciones fueron reprimidas con grandes masacres, situación que aún no ocurre con la magnitud de otras épocas, pero cada día que transcurre, las manifestaciones continúan con fuerza y la represión se acentúa, con cientos de jóvenes mutilados, y muchas personas sufriendo por la inhalación de gases tóxicos.
El gobierno recién manifiesta su intención de dar paso a la creación de una nueva Constitución, lo cual es un gran avance de la ciudadanía movilizada. La discusión centra ahora en el mecanismo, instrumento que es vital para que esta nueva Carta Magna tenga la legitimidad y respaldo que da la ciudadanía (donde reside la soberanía).
En esta discusión será compleja que ya las élites dominantes probablemente se restarán de este proceso, retardándolo o tratando de que todo cambie para que nada cambie, ya que cambiar la Constitución significa la caída del modelo neoliberal.
No se debe olvidar que cuando los derechos sociales, económicos y culturales están condicionados por las relaciones de mercado se coarta la participación social. En Chile, el modelo dio paso a una posibilidad real de crecimiento solo mientras el precio del cobre se mantuvo alto, pero sin alterar la distribución del ingreso. El conflicto que genera la desigual distribución del ingreso es el debilitamiento y agotamiento de las relaciones políticas entre la sociedad y el Estado.
Las democracias son esencialmente dinámicas y sensibles a los cambios que ocurren en el seno de la sociedad y, en el caso de Chile, esta democracia está sostenida fundamentalmente por una élite política y económica neoconservadora, que se ha opuesto tenazmente a cualquier atisbo de cambio y es incapaz por lo tanto de implementar una cultura política basada en la justicia social, plural e integradora.
El gobierno actual y la coalición que le da el soporte político tiene una fuerte vinculación con el modelo neoliberal (no tanto en lo económico, sino como sistema de vida) ya que son quienes lo impusieron y desarrollaron en Chile amparados en la dictadura. Por ello, no están en condiciones de implementar los cambios políticos que se necesitan, pues ellos lo ven como una capitulación.
En síntesis: se demanda un nuevo orden social, una nueva a convivencia, un nuevo pacto social que se manifiesta en una nueva Constitución que permita ensanchar los caminos de la democracia y que genere una mejor democracia, que recupere el tejido social e institucional, que garantice los derechos sociales y ciudadanos y que, finalmente, lleve a afianzar una nueva democracia, pero como práctica social y política y de una convivencia sana.
En el Chile actual no hay una correspondencia entre los dos procesos simultáneos que se dan en toda sociedad que son cambio social y democratización. Esa correspondencia es lo que pide la ciudadanía, pide correr las fronteras de lo posible.
