Por René Fernández Montt y Jaime Moreira Rojas.- Estamos ante una crisis sin precedentes, de la que podemos salir medianamente bien parados si los actores relevantes toman sus decisiones considerando la vida como un valor fundamental por sobre los criterios económicos. Ya lo decía Albert Einstein: “En los momentos de crisis sólo la creatividad es más importante que el conocimiento”. Esta frase nos insta a considerar nuevos mecanismos para solucionar los desafíos que nos impone esta contingencia, en otras palabras, no debemos limitarnos sólo a los instrumentos que hemos empleado anteriormente para enfrentar esta crisis, trátese tanto desde el punto de vista económico como del sanitario.
En este sentido, tenemos un paquete de medidas económicas propuestas por el Gobierno que van en el sentido correcto, fundadas en el criterio de responsabilidad en el gasto, aunque a nuestro juicio insuficientes, puesto que promueven escasas medidas para quienes trabajan por cuenta propia, segmento que acoge a personas que trabajan como independientes, teniendo por ejemplo a miles de taxistas tradicionales o de plataformas como Uber o Cabify, asesoras del hogar sin contrato, vendedores en ferias libres, vendedores ambulantes, también muchos gásfíter, albañiles, gran parte de los trabajadores part time, garzones que reciben pagos sólo por propinas, temporeros, académicos “taxis”, entre otras víctimas de la precarización laboral que podríamos enumerar eternamente. Nuestro sistema nunca los incluyó (se intenta incluirlos a través de la boleta de honorarios y el porcentaje creciente que irá hacia “seguridad social”, pero muchos no cuentan siquiera con aquello). Callejeros, sin cotizaciones, con escaso acceso a la salud, en fin, esto es ya historia vieja y conocida. De hecho, nuestro Mercedes no los conduce porque, además de tanto requisito para alcanzar una pensión de sobrevivencia, se requiere constancia en las imposiciones, siendo esto muy complejo en un sistema laboral como el chileno, donde en palabras de una de las más antiguas voces que se alzara en contra del sistema previsional actual, Manuel Riesco, “En Chile, somos todos temporeros”.
Los trabajadores que realizan tareas informales por las que reciben ingresos bordean el 30% de la fuerza laboral si queremos creer cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero está cercano al 40% si preferimos la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos trabajadores, al verse sumamente desprotegidos, sin ingresos, vulnerables ante la enfermedad, con exigencia de quedarse en sus casas… ¿les queda alguna alternativa? Desgraciadamente, muchos de ellos son quienes han sido postergados por años, pero que lamentablemente al ser parte de la periferia, no son vistos por la autoridad. El Centralismo no sólo ocurre cuando Santiago deja de escuchar otras ciudades -como es el caso de sordera ante el clamor de Arica por medidas firmes a favor de la salud de sus vecinos-, sino que también se vislumbra cuando se hace oídos sordos a lo que necesitan las comunas periféricas como Puente Alto o Conchalí.
Dicho lo anterior, no tenemos intención de abordar el debate de fondo de salud que esta pandemia exige, pues consideramos que ha sido expuesto en general por los medios de comunicación de buena manera, quienes han informado sobre las diversas medidas que deben abordarse y han advertido respecto a un potencial colapso de nuestro sistema de salud. Nos convoca destacar cómo esta pandemia puede provocar efectos colaterales sobre los presentes y futuros pensionados, a raíz de la caída de los mercados bursátiles en los últimos días. Para el primer caso, pensiones que no alcanzan y obligan a nuestros adultos mayores a ofrecer su trabajo para complementar ingresos, mientras que, en el segundo caso, sus fondos de pensiones caen producto de las variaciones en el precio de los distintos instrumentos financieros que respaldan los aportes que cada mes se realizan en las AFP.
Orígenes del sistema
Sin embargo, antes de seguir avanzando en ese tema, primero que todo, y a modo de resumen hay que comentar brevemente la historia de nuestro sistema previsional. Desde 1980, gracias (léase con ironía) al Decreto Ley 3.500, se cambió el sistema de previsión en Chile. Con anterioridad, existía un sistema de reparto basado en las cajas de pensión. La modificación descrita se debe a un paso de Estado benefactor a otro de estilo subsidiario, generando cambios conceptuales y estructurales que permitieron llevar a cabo un funcionamiento totalmente distinto en lo previsional, sin quedar claramente definida en la Constitución Chilena de 1980 la Seguridad Social.
Luego de ello, algunas pensiones bajas por aquí, otras personas que debieron postergar la edad de su jubilación por allá, pero como la cantidad de ellos no era tan relevante, se pudo seguir avanzando sin mirar atrás. Así las cosas, y resumiendo la historia para no latear, se llega al momento de la creación de los multifondos, permitiéndose a los cotizantes el libre movimiento entre ellos. Esa medida fue una herramienta fundamental para quienes supieron de ella en el año 2008, cuando el Fondo A perdió un 46,95% de lo acumulado. Entonces, podemos recordar a gran parte de los economistas “de televisión” señalar que no era recomendable cambiarse de fondo. En ese momento se presentó la paradoja financiera de las crisis, “a menor riesgo, mayor rentabilidad” y a la luz del paso del tiempo, claramente es posible comentar que lo recomendable era cambiarse al Fondo E.
Quienes lo hicieron y volvieron al Fondo A en el momento de la recuperación, pueden haber dejado de perder, algo menos del 50%, y ganar la rentabilidad del Fondo E en dicho período. Es decir, su saldo de cotizaciones poseería a esa fecha un 50% sobre lo que poseerían de no haberse cambiado. Una amplia diferencia que podría ser parcial debido a que no es trivial cambiarse en el momento preciso primero al Fondo E y luego de regreso al Fondo A. De hecho, por aquél tiempo, en México se cuestionaban el no haber permitido aún la movilidad libre entre fondos, recordemos que su sistema es muy similar al nuestro. (“Racionalidad de los Cotizantes en el Sistema de AFP”, Informe de Coyuntura Financiera N°6, Universidad de Santiago de Chile).
En fin, de la situación anteriormente descrita se generaron diversos emprendimientos aún no regulados del tipo de “Felices y Forrados” (F y F). Es claro que ellos han generado una mejora sustantiva en la cantidad de información en los mercados. Sin embargo, sus recomendaciones tampoco son 100% infalibles y es necesario advertirlo. Más aún, estudios de la Superintendencia de Pensiones demuestran que el 77% de quienes se cambiaron de fondo de AFP en el año de estudio muestran una peor rentabilidad en el período, que quienes permanecieron. Ahora bien, ello no es atribuible a F y F en un 100%, sino que probablemente existen rezagos, debido a que la información circula de clientes a no clientes. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de F y F en el mismo período, se puede ver cómo los clientes tampoco han sido tan beneficiados en relación a quienes no las reciben.
Contextualizando, tenemos que luego de cuatro décadas las AFP no han logrado posesionarse en el rol para el cual fueron creadas. Han sido muy lucrativas para sus dueños, sin embargo, no para los cotizantes, considerando además que gran parte de los pensionados aún están bajo el alero del Estado. Lo anterior hace muy curioso que este modelo de previsión sea exportado al mundo, sin ser probado en su real magnitud y siendo comprobadas sus falencias. El objetivo principal de este sistema nunca fue la seguridad social, sino que sólo descongestionar la carga financiera que los pensionados eran para el Estado, además de incentivar el mercado financiero. Así, visto desde esa perspectiva, estamos frente a un modelo exitoso temporalmente, pues la imprescindible implementación de la Pensión Básica Solidaria fue un paso adelante en lo que a seguridad social respecta, pero nuevamente aumenta la carga del Estado, situación que se supone el sistema de pensiones aliviaría, pero no lo logró.
El problema mencionado anteriormente no tiene mejores perspectivas a largo plazo para los futuros pensionados. Según el informe final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones, entre 2025 y 2035 la mitad de las personas recibirá una pensión equivalente al 21,9% de sus remuneraciones. Este porcentaje ridículo para quienes hayan cotizado entre 25 y 32 años. Es decir, si consideramos la Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2018 del INE donde se indica que la mitad de los trabajadores en Chile recibe $400.000 o menos, podemos concluir que, si ocupamos este salario como monto máximo a alcanzar por la mitad de la fuerza laboral, entonces en el mejor de los escenarios estos podrían tener una pensión de unos $87.600. En palabras simples, se puede pronosticar el futuro del sistema de pensiones a largo plazo, que es muy parecido a lo que ocurre en el corto plazo, por lo que se pueden anticipar mayores problemas de legitimidad social. Más complejo se vuelve el panorama aún si se considera que, para esos años, nuestra pirámide poblacional contará con un mayor número personas mayores, un problema de proporciones si el Estado no afronta esta realidad desde ahora, ya que la cantidad de personas afectas al problema ya no será poco significativa como si lo fue en sus inicios. Peor aún, según este mismo informe, para el año 2034, el 62% de las pensiones financiadas con los aportes individuales de cada pensionado estarán bajo la línea de la pobreza. Es decir, el “Mercedes” generará una mayor cantidad de chilenos pobres, por lo que la demanda de bienes públicos será mayor, generando un estrés al sistema político y al actuar del Estado. Ahora, incluyendo el Aporte Previsional Solidario (APS), el problema sólo se atenúa, puesto que el 99% de las pensiones estarán ubicadas bajo el sueldo mínimo.
Una solución que ha estado en la opinión pública, sobre todo durante la anterior campaña presidencial, es aumentar la edad de jubilación para aumentar los fondos de pensiones, bajo la idea de “aumentar la bencina del Mercedes Benz”, pero difícilmente esta iniciativa podrá corregir los resultados del sistema de pensiones actual, tanto para los que se encuentran en la etapa media de su vida laboral como los actuales pensionados.
Ahora bien, ante la duda de la opinión pública actual en torno a la conveniencia de cambiarse de fondos, sólo es posible señalar a los futuros pensionados que las recomendaciones de cambio de fondo son significativas si se realizan en momentos propicios, como por ejemplo cuando está por estallar la crisis. El comportamiento deseable es si cree que va a ocurrir algo negativo, puede cambiarse a un fondo más estable o menos riesgoso como el D y E, pero sólo si cree que no viene en camino una mejora en la economía en el corto plazo, porque de ser así, no conviene el cambio de fondo. Acto seguido, cuando se cambie y pasado un tiempo vea que la crisis se disipa y viene una recuperación económica, volver al fondo A, el más riesgoso, para que sea posible “disfrutar” del alza de la economía y sus efectos sobre las fluctuaciones en los mercados en el fondo de pensiones.
¿Se acuerdan del estallido social?
Volviendo a la realidad contingente, la que nos recuerda que tenemos una pandemia en curso, donde se les advierte a todos que se queden en sus casas en la medida de lo posible, pero no podemos olvidar la realidad de los ya pensionados. ¿Se acuerdan del Estallido Social? Una de las principales demandas del movimiento era mejorar las pensiones. Recordemos también que el gobierno envió un proyecto de ley que mejoraba las pensiones, pero ¿cuánto?
Según la reciente aprobada Ley N°21.190, las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) mejorarán un 50% de forma progresiva hacia el 2021. El aumento porcentual es significativo, pero ¿en términos netos? Según el Instituto de Previsión Social (IPS), depende del tramo etario que consultemos. Para pensionados cuya edad se encuentre entre los 65 y 74 años la PBS es de $137.751, mientras que para quienes tienen entre 75 y 79 años, la cifra alcanza los $143.261. Ahora, si usted tiene 80 o más años, tiene derecho a percibir $165.302. Ante esto, al ver el aumento de un 50% se podría pensar que este debiese resolver parte del problema, pero, si consideramos el monto publicado por el Observatorio de Desarrollo Social respecto a la línea de la pobreza y línea de la pobreza extrema, las cifras equivalentes a estos conceptos son $167.973 y $111.982 respectivamente. Por tanto, al comparar las cifras, podrá ver que el reajuste sólo alcanza para que lleguen a la línea de la pobreza, preocupante si consideramos que hoy los adultos mayores no predominan en la distribución etaria de la población, por lo que la realidad de ellos hoy será la realidad de muchos en un futuro si el sistema se mantiene tal como lo conocemos.
Por tanto, una crisis como la actual nos enseña que debemos enfrentarla con medidas efectivas, pero que deben ser bien implementadas, evitando el riesgo de que no resulten por preocupaciones económicas de quienes no tienen opción más que salir a la calle para poder parar la olla del día. Por tanto, no sólo debemos preocuparnos de los pensionados hoy en términos de salud -al ser el grupo vulnerable en esta pandemia-, sino también en términos económicos en el presente y los que serán jubilados en el futuro, para garantizar un sistema que permita a todos tener un ingreso que les permita dar financiamiento a sus necesidades.
Además de la solución privada, es decir, la medida que cada cotizante puede seguir, es posible proponer otras medidas desde la autoridad como un subsidio económico que le permita a las personas que trabajan en la informalidad y pensionados en situación antes expuesta, para que puedan realizar la cuarentena sin preocuparse por cubrir sus necesidades -dentro de ello existen propuestas en sentido de eximir el pago de cuentas de servicios básicos por un período de tiempo y/o dotar de mayores recursos a las Municipalidades para que distribuyan bienes de primera necesidad-, haciendo con esto un proceso más eficaz para combatir el contagio del Covid-19 y aplanar la tan mentada curva.
Por otra parte, es importante ajustar el sistema de pensiones para asegurar que las pérdidas no sean sólo ancladas a sus afiliados, sino que también las AFP sean responsables por ellas a través de sus propias utilidades, de tal forma que estas instituciones sean más eficientes al momento de gestionar los fondos de sus afiliados, sabiendo que cualquier error traerá su consiguiente castigo.
Nuestra propuesta debe ser estudiada en detalle previo a ser implementada, puesto que, por otro lado, genera un incentivo perverso en las AFPs a no arriesgarse, disminuyendo así las ganancias de los multifondos en períodos de bonanza. Consideramos que debe existir una correlación directa entre rentabilidades de los multifondos y utilidades de las AFPs.
Además, es importante la existencia de un sistema solidario, es decir, dar el necesario paso para transformar un sistema puro de capitalización individual en uno mixto, donde aquellos que tengan mejores oportunidades puedan compensar a aquellos que no han tenido las mismas instancias de desarrollo laboral y que, obvio, no han sido remunerados con un mejor nivel de salario. Lo anterior es de una equidad mínima, puesto que gran parte de las personas recibirán un nivel de pensión que no les garantice un nivel de ingresos acorde a los riesgos que enfrenta una persona mayor de edad, por lo que este mecanismo debiera contribuir a una mayor pensión que permita aumentar las posibilidades y autonomía financieras futuras de nuestros pensionados.
René Fernández Montt esProfesor del Centro de Estudios Organizacionales de la Universidad de Santiago. Ex Director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Economista del Partido Liberal.
Jaime Moreira Rojas es Economista del Partido Liberal.