ElPensador.io.- Una red de empresas y personas se ha tejido en torno al millonario negocio de la mantención de arbolado comunal en Ñuñoa. En el centro, el empresario Gerard Bozzo de la Fuente y su contador, Carlos Castillo, cuya presencia en todas las empresas relacionadas ponen en tela de juicio los traspasos de contratos que ha autorizado ese municipio entre firmas que tienen vinculación entre ellas.
El caso salió a la luz a raíz de una querella del Servicio de Impuestos Internos contra una de las empresas de arbolado que manejaba Bozzo, y en la que su ex gerente general, así como otros testigos del caso, dieron a conocer la forma en que se operaba para mantener contratos municipales de entre $60 millones y $100 millones mensuales, aunque las empresas estuvieran bloqueadas o querelladas por no pago de IVA.
La trama da cuenta de que ya en 2015 se autorizó el traspaso de un contrato de mantención de arbolado desde la empresa DPA S.A. -adjudicataria original, pero que se encontraba bloqueada por el SII y luego querellada por cerca de $800 millones no pagados al fisco- a otra de propiedad de Bozzo que compró a la primera, denominada Gestión Activa o Servicios Metropolitanos. Luego en 2018, cuando Gestión Activa fue bloqueada por el organismo recaudador, por las mismas razones, se autorizó nuevamente el traspaso del contrato a una nueva compradora de la compañía en problemas, denominada Chile Prados, que actualmente ostenta el servicio en la comuna.
Ambos traspasos no solo eran contrarios a la Ley de Compras Públicas, sino también a las Bases de Licitación del Servicio, situación que está siendo investigada por la Contraloría General de la República.
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El empresario Bozzo, en una carta enviada al alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, fechada el 11 de febrero pasado y numerada en el ingreso como 787, afirmó que no tenía ninguna relación con DPA o con Chile Prados. Documentación a la que tuvo acceso ElPensador.io indican lo contrario y será adjuntada a la presentación hecha ante la Contraloría.
La relación
En un acta de directorio de DPA S.A. con fecha 12 de agosto de 2013 aparece como miembro un sobrino de Gerard Bozzo de la Fuente, Juaquín Bravo de la Fuente, quien es una de las personas que ha declarado en la querella del SII (declaración en la que afirmaba haber entregado dineros de manera irregular a un funcionario municipal a nombre de Bozzo). En esa acta -cuando ya tenían el contrato con Ñuñoa) se designa como gerente general de esa empresa al contador Carlos Rosamel Castillo Retamal.
Castillo era, y se mantuvo, como el contador de las diferentes empresas de Bozzo, incluyendo la constructora Branex, que tuvo contratos del Ministerio de Obras Públicas, como consta en los balances y otros documentos entregados al SII.
Pero ese no es el único nexo. En un mandato notarial del directorio de DPA S.A. fechado el 26 de noviembre de 2009, Gerard Bozzo recibió un mandato especial de la empresa para su gestión, dejándolo -en la práctica- con facultades similares a las de un gerentes general: “El Directorio… ha acordado otorgar mandato amplio a don Gerard Eduardo Bozzo De La Fuente… para que, actuando, en nombre de la sociedad… la represente, pudiendo celebrar los actos, convenciones y contratos del giro ordinario de la sociedad con las más amplias facultades…”, y se enumeran entre estas, la compra y venta de bienes, pagarés, bonos (es decir, asumir deuda), vehículos; la firma de contratos de todo tipo, especialmente ante entidades públicas; asumir deudas bancarias a nombre de la sociedad; cobrar o tomar boletas de garantía o factoring; etc.
En acta de Directorio del 8 de julio de 2015, el contador Carlos Castillo -ahora gerente general de DPA- anuncia que ha encontrado una posible compradora para las acciones de la empresa. La adquisición de esas acciones se hizo el 10 de agosto de 2015, por un monto de $12 millones a una persona natural de nacionalidad argentina, María Elena Guadalupe Ramírez. En acta del 11 de agosto, un día después de ese acto, Carlos Castillo deja la gerencia general de DPA, pero se mantiene como el contador de la empresa. Ello en momentos en que el SII ya estaba investigando un fraude tributario en esa empresa.
Sin embargo, DPA paralelamente había sido vendida, como empresa, a la empresa Gestión Activa (de propiedad de Bozzo) con fecha 5 de agosto de 2015… cinco días antes de la venta de las acciones y cambio de administración de DPA. Es decir, la empresa DPA, donde Bozzo tenía mandato amplio, y donde su contador era aún el gerente general, fue vendida a Gestión Activa, de propiedad de Bozzo. El 11 de septiembre se pidió a la Municipalidad de Ñuñoa que se traspasara el contrato de arbolado urbano desde DPA a Gestión Activa. En solo cuatro días lo autorizó el director de Medio Ambiente, y una semana más el director Jurídico. El decreto alcaldicio de autorización apareció el 28 de septiembre.
Lo mismo entre Gestión Activa y Chile Prados
En el caso del traspaso de 2018 la situación fue la misma. Gestión Activa estaba en problemas y con bloqueos del SII desde agosto de 2016, de acuerdo con antecedentes obtenidos por ElPensador.io. En esa fecha ya se estimada en el servicio que la empresa presentaba “posibles comportamientos tributarios irregulares”. El contador de Gestión Activa seguía siendo Carlos Rosamel Castillo.
A mediados de 2018 la situación se hizo insostenible. Entonces apareció Chile Prados SpA, creada solo nueves meses antes y con un capital de solo $1.000.000, por Ignacio Zúñiga Barría, que trabajaba con Bozzo en sus otros negocios al menos desde 2015 y tiene un vínculo de amistad (posiblemente familiar) con él. Este diario ha obtenido una serie de correos que demuestran esta relación laboral estrecha entre Bozzo y Zúñiga.
Chile Prados adquirió Gestión Activa con fecha 22 de noviembre de 2018. El 28 de noviembre se solicitó al municipio el traspaso del contrato. La autorización municipal apareció el 14 de diciembre de 2018.
Tal como se ha publicado con anterioridad, este traspaso no solo era improcedente debido a que estaba prohibido por el artículo 14 de la Ley de Compras Públicas además de diversos dictámenes de Contraloría, sino además porque las licitación en el área de arbolado urbano requería permisos fitosanitarios que Chile Prados no tenía ni acreditó al momento de ser autorizada, de acuerdo con el Decreto N°737 que publicó las Bases de la licitación de arbolado urbano. El único requisito que se exigió al momento del traspaso fue que Chile Prados (una empresa con capital de 1 millón de pesos) asumiera la Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del contrato que antes tenía Gestión Activa, ascendiente a unos $30 millones.
En la actualidad, al menos este último traspaso está siendo investigado por la Contraloría General de la República, que ofició el pasado 18 de febrero al alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, para que informe sobre los antecedentes del mismo.