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¿Quién será el juez de la libertad de expresión?

Por José María Vallejo.- El debate actual sobre el proyecto que busca penalizar las expresiones que nieguen o atenten contra determinadas verdades oficiales relativas a las violaciones de derechos humanos en dictadura significa implica un cuestionamiento a la libertad de expresión en democracia y merece ser discutido en función de ese valor, más que en torno a lo puramente referido a los años que nuestro país estuvo bajo el dominio militar.

El proyecto, liderado por la diputada y abogada comunista Carmen Hertz, se refiere a la penalización de la negación de las violaciones establecidas en los informes oficiales emanados de la Comisión Rettig o la Valech. Así, a juicio de la parlamentaria, no se trata de castigar el pensamiento de otros, sino de proteger la honra de quienes se pueden sentir ofendidos en caso que alguien manifieste que dichas situaciones no ocurrieron. De lo que se trata, dice la diputada, es de proteger la “dignidad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad o de genocidio”.

Según Hertz, “tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana señalan que el límite ineludible para la libertad de expresión es la honra y la dignidad de las personas… Por eso existen los delitos de calumnias e injurias, son límites de la libertada de expresión”.

Precisamente, ahí está el punto débil. Ya existiendo legislación que lleva a la penalización de las expresiones que mancillen la honra o la dignidad, ¿qué justifica que se impongan nuevas? A juicio de la impulsora del proyecto, la amenaza que representa la llamada “post-verdad” y la posibilidad de que se ponga en riesgo la paz social. ¿Cómo se pone en riesgo la paz social? De acuerdo con su razonamiento, el negar estas verdades significa no solo un atentado a la dignidad sino también una incitación al odio de quienes fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Pues bien, estando de acuerdo en lo impropio que es negar que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, y que esto constituye una indignidad para sus víctimas, no podemos estar de acuerdo con penalizaciones específicas y adicionales a la expresión de quienes lo pueden creer a pesar de las evidencias.

Hay muchos casos de verdades políticas, sociales y científicas que son negadas a diario y que pueden ser ofensivas para otros: la negación de que la tierra es redonda, la afirmación de que la pobreza es causa de la flojera de los pobres (¿y acaso esto no hiere la dignidad?), o la negación de los derechos de las mujeres en caso, por ejemplo, de violación cuando se señala que fue culpa de su ropa provocativa.

Para cualquiera de estos casos, hoy ya existe una legislación a la que pueden acudir quienes se sientan ofendidos.

En definitiva, se puede ejercer la libertad de expresión, pero quien se expresa debe tener presentes las consecuencias de sus expresiones. Pero teniendo en cuenta de que no hay un ranking de dignidades, no existe una honra más alta o digna de proteger que otra.

El establecer una prohibición específica abre la puerta a dos cosas: por una parte, a la consideración de que existiría una honra más importante que otras (y por eso habría una penalización específica y, seguramente, más alta) ante expresiones negacionistas. Y por otra parte, abre la puerta a la penalización más específica, y en definitiva, una limitación de la libertad de expresión en otros casos.

Y ante estas dos cuestiones, ¿quién se erguirá como juez para determinar que una honra es más importante que otra? ¿Y bajo qué criterio? ¿Y quién será el juez para decidir qué vale la pena decir y qué no para no incitar al odio? Abierta esta puerta, muchas expresiones que pueden ser consideradas ofensivas pueden ser penalizadas: si alguien dice algo considerado ¿machista, homofóbico, antiliberal, retrógrado, conservador, poco moderno? Puede poner usted cualquier apelativo que considere que lo ofende. Cuando un Estado penaliza las expresiones que ofenden a las verdades oficiales o a las posturas sociales mayoritarias, está a un paso de lo totalitario.

Dígase esto con todas sus letras: la libertad de expresión no es tal si no se aplica a incluso a quienes nos desagradan (no es expresión mía sino de Noam Chomsky). Y el que los ofensores tengan presente la forma en que mancillan la dignidad de otras personas y las consecuencias de sus ofensas depende de la eficacia de la propia sociedad para educar en las verdades sociales y en el respeto a otros.

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