Por Miguel Mendoza Jorquera.- La discusión sobre Michelle Bachelet y la Secretaría General de la ONU se ha llenado de un misticismo cómodo: “primera mujer”, “rostro del multilateralismo”, “justicia histórica”. Pero la ONU no es un diploma honorífico ni un retiro premium para figuras políticas con biografía internacional. Es el cargo de mayor responsabilidad ética del planeta. Y es precisamente ahí donde el historial de Bachelet no solo flaquea: se vuelve un problema de credibilidad.
Porque la credibilidad —para ese cargo— se mide con una pregunta brutal: ¿a quién te atreves a incomodar cuando no te conviene incomodar?
El problema no es su currículum; es su brújula moral descalibrada. El cargo de Secretario General exige lo que podríamos llamar ecuanimidad operativa: la capacidad de criticar con la misma dureza al “populista latinoamericano” de turno que al gigante con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Y es aquí donde aparece el pecado original de su candidatura.
Reunirse con un dictador no es “diplomacia neutra”; es validación simbólica. En 2009, en lugar de marcar un límite moral claro con Cuba, Bachelet eligió la foto con Fidel Castro. No fue un gesto inocuo: fue una señal. Para una aspirante a “conciencia del mundo”, esa escena no envejece como diplomacia: envejece como tolerancia selectiva.
Aquí está el contraste perfecto: con Nayib Bukele, Bachelet sí fue frontal. Cuestionó su “guerra” contra las pandillas, afirmó que se han violado derechos humanos y apuntó al debido proceso y a condiciones carcelarias “infrahumanas”.
Y ojo: esa denuncia puede ser correcta.
El problema no es que critique a Bukele.
El problema es que ahí el costo geopolítico es bajo.
El Salvador no tiene veto. Bukele no puede bloquearte nada en el Consejo de Seguridad. No puede castigarte como sí puede hacerlo una potencia.
Entonces, esa contundencia —válida— termina funcionando como prueba indirecta de lo que falta donde realmente importa: la misma fuerza cuando el acusado es un gigante.
El caso más elocuente es China. El Informe Xinjiang —la evaluación de la Oficina de DD.HH. sobre violaciones graves contra uigures— fue publicado el 31 de agosto de 2022, minutos antes de que terminara su mandato como Alta Comisionada. Ese dato cronológico es demoledor porque instala una lectura inevitable: cuando tocaba incomodar a Beijing de verdad, la verdad salió con reloj en mano.
En derechos humanos, la demora no se interpreta como papeleo: se interpreta como cálculo. Y una candidatura a la Secretaría General no puede cargar con la sospecha de “prudencia funcional” frente a una potencia con veto.
En Venezuela sí hubo un informe contundente bajo su oficina en julio de 2019, describiendo violaciones graves y urgencias inmediatas.
Pero el problema —el que te mata la credibilidad en un cargo global— no es si existe un documento. Es el efecto político: la lógica de engagement que, en dictaduras, se usa para ganar tiempo y lavar imagen. Human Rights Watch advirtió justamente ese riesgo: que la cooperación no se transformara en excusa para retrasar rendición de cuentas por graves abusos.
El gesto de “una sola China” no fue un tecnicismo: fue una señal geopolítica. Si un gobierno firma, en la práctica, el borrado político de Taiwán, está diciendo que la moral se negocia cuando el socio es grande. Eso hizo Michelle Bachelet como jefa de Estado en 2008. Lo hizo porque cedió ante el peso comercial y estratégico.
¿Por qué en la ONU —donde el veto manda aún más— actuaría distinto?
Quien llega con antecedentes de acomodación ya no es “candidata de consenso”: es candidata de comodidad para los que mandan.
El anuncio de Gabriel Boric huele más a operación doméstica que a jugada global: instalar un símbolo para ordenar un relato interno —continuidad, nostalgia, identidad— antes de que se cierre el telón. Y el respaldo de México y Brasil sirve para el titular, pero no decide el tablero real.
Porque el Consejo de Seguridad no se compra con romanticismo. Se decide entre potencias. Y las potencias no buscan santos: buscan piezas. Buscan a alguien que no las incomode demasiado.
Por eso esta candidatura cae en una paradoja tóxica: se vende como liderazgo ético, pero se percibe como candidatura diseñada para sobrevivir al veto. Y si el objetivo es sobrevivir al veto, ya perdiste lo esencial: la autoridad ética.
En los últimos años, bajo la administración de António Guterres, la ONU quedó con una imagen pública dura: mucha declaración, poca consecuencia. Conflictos que se eternizan, resoluciones bloqueadas y la sensación de que el veto manda más que la Carta de 1945 y la Declaración Universal de 1948.
En ese clima, el próximo Secretario General no necesita neutralidad tibia: necesita espina dorsal.
Y por eso la pregunta final es simple: si la contundencia se ve tan clara contra un líder sin veto, pero se vuelve tardía o técnica cuando el acusado es un gigante con veto, ¿qué estamos eligiendo realmente?
Conclusión: Bachelet es una mala carta para la ONU
Después de una ONU debilitada por el veto, el mundo no necesita más “equilibrio” entendido como prudencia. Necesita ecuanimidad operativa: incomodar al pequeño y al grande con la misma fuerza.
Bachelet llega con un lastre que no se resuelve con currículo: La Habana como símbolo; Bukele como contraste útil pero barato; Xinjiang como reloj moral; Venezuela como riesgo de engagement que termina dándole aire al poder; y una candidatura empujada como amarre político interno.
El resultado es simple: no es nuestra mejor carta para la ONU porque no ofrece la garantía que hoy importa: autoridad ética capaz de incomodar al veto si no es de su misma ideología política.
Miguel Mendoza Jorquera, Tecnólogo Médico – MBA.
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