Las recientes declaraciones de un militar argentino reabren una inquietante pregunta sobre el respeto a los tratados que fijaron los límites y la soberanía del Estrecho de Magallanes.
Por Samuel Fernández.- Las declaraciones desafortunadas del Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina nos preocuparon, con razón. Acertadamente, la protesta chilena motivó el expreso reconocimiento de nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, sus aguas y sus dos riberas, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Límites de 1881.
El posterior Tratado de Paz y Amistad de 1984 asegura que «en nada altera lo establecido en el Tratado de Límites de 1881», añadiendo: «Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes» (artículo 10). Esta disposición es concordante con la obligación chilena establecida en 1881, anticipada ya en 1873, antecedente poco conocido.
Este oficial no podía desconocer estas disposiciones, por lo que cabe preguntarse qué las motivó. ¿Un simple traspié? ¿O una intencionalidad provocadora deliberada, orientada a generar un futuro desacuerdo con Chile?
Ha habido otras declaraciones similares de autoridades militares y navales, así como episodios como la instalación de paneles solares en territorio fronterizo, que debieron ser retirados al traspasar nuestra frontera, contigua al Cabo Espíritu Santo, en la boca oriental del Estrecho.
Si se reiteran opiniones o episodios que planteen algún tipo de tuición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y sus aguas, aunque sean rechazados por Chile, podrían obedecer a una conducta que corresponde observar con atención y frente a la cual resulta necesario reaccionar oportunamente. No sería ya un mero error, sino una conducta demostrativa de otro propósito, que podría convertirse en precedente para diferendos innecesarios.
Son importantes temas limítrofes que no suelen ser suficientemente conocidos y, menos aún, enseñados de manera adecuada. Esa carencia debiera corregirse. El conocimiento de nuestra historia, de los tratados internacionales que sustentan nuestras fronteras y de los derechos que de ellos emanan no puede quedar restringido a especialistas. Forma parte de una cultura cívica que debiera ser conocida por todos los chilenos.
Samuel Fernández Illanes, es ex embajador y consejero CEPI, U. Central
