La reforma al INDH propuesta amenaza la independencia y la capacidad de acción del Instituto, esenciales para proteger los derechos de las personas frente al propio Estado.
Por Paula Badilla.- Una familia esperó más de diez años para recibir una vivienda social. Cuando finalmente la obtuvo, descubrió que no podía habitarla adecuadamente. Su hijo utiliza silla de ruedas y el único baño estaba en el segundo piso. El Serviu conocía su situación. Fue necesario que la sede regional de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recurriera a los tribunales para que se ordenaran las adecuaciones necesarias.
Este caso nos recuerda algo fundamental: reconocer los derechos humanos en las leyes no basta. Necesitamos instituciones independientes, capaces de exigir al propio Estado que cumpla sus obligaciones. Por eso necesitamos al INDH.
Sin embargo, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el 19 de octubre amenaza precisamente esa capacidad de protección. Elimina la facultad del Instituto de presentar querellas por graves violaciones de derechos humanos; deja de garantizar la existencia de sus sedes regionales, mientras proyecta reducir a la mitad su dotación; y concentra la designación de cuatro de sus cinco consejeros en los poderes políticos que debe fiscalizar. Peor aún, el presidente propondrá la totalidad del primer Consejo, que tendrá a su cargo definir aspectos esenciales de la nueva institucionalidad.
Resulta especialmente preocupante que el proyecto contradiga recomendaciones de la propia Comisión Asesora Presidencial, que propuso ampliar las facultades judiciales del INDH, asegurar su presencia regional y fortalecer su independencia.
Por supuesto que las instituciones deben evaluarse, fiscalizarse y reformarse. Pero fortalecer al INDH no puede significar privarlo de las herramientas que le permiten proteger a las personas.
Cabe preguntarse qué habría ocurrido con esa familia de Coquimbo sin una sede regional capaz de acudir a tribunales. La independencia del INDH y su capacidad de actuar no son privilegios institucionales: son garantías para quienes necesitan defender sus derechos, incluso frente al propio Estado.
Paula Badilla es Coordinadora del Centro de Estudios en Política Internacional, U. Central
