ElPensador.io.- Chile está al debe en materia de derechos humanos. Esa es la conclusión de un informe de Amnistía Internacional (AI) que analizó el primer año de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, donde afirma que su administración ha adoptado medidas que «atentaron contra la igualdad, la dignidad y la justicia».
«Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos con este fin y si estos derechos están siendo vulnerados o los Estados no toman las medidas necesarias para resguardarlos, existe una obligación incumplida y, por lo tanto, una deuda», señaló el organismo, que a su vez lanzó una campaña denominada «Piñera nos debe«.
Según AI, en el momento en que Piñera no firmó el Tratado medio ambiental de Escazú y el Pacto Global de Migraciones, «Piñera ha hecho que, con esta y otras decisiones que ha tomado, su deuda con relación a los derechos humanos haya aumentado«.
Asimismo, medidas como el Programa de Regularización Extraordinaria para Migrantes que ha determinado la expulsión de ilegales fueron calificadas por Amnistía Internacional como «determinaciones que abultan la deuda de Piñera».
Caso Catrillanca
«La muerte (del comunero mapuche) Camilo Catrillanca como consecuencia del actuar del llamado «Comando Jungla» y la insistencia de aplicar la ley Antiterrorista pese a los cuestionamientos que ha tenido esta legislación, son aspectos que también acrecientan la deuda», señaló la directora ejecutiva de AI Chile, Ana Piquer.
Catrillanca murió de un disparo en la nuca mientras se desplazaba en un tractor, junto a un menor de 15 años, y las causas de su muerte se escondieron en una cadena de mentiras de Carabineros y el gobierno que terminó con la salida de altos funcionarios de la policía uniformada y el descubrimiento de una política de inteligencia antimapuche que incluyó pruebas informáticas falsas a través de la operación conocida como «Huracán».
Para Piquer, estos aspectos encienden las alarmas respecto de la estigmatización y criminalización del pueblo mapuche.
Discriminación
Según AI, otros temas en que la administración de Piñera está en deuda, son los problemas que siguen afectando a las personas de la comunidad LGTBI, «quienes siguen sufriendo ataques». En esta línea el organismo internacional recalcó que la Ley Antidiscriminación sigue sin modificarse «para hacer frente de manera integral a las diversas situaciones vejatorias que viven algunas personas«.
Agregó en su informe que también se mantiene la desprotección que viven los niños y jóvenes chilenos, quienes continúan sin tener acceso a una educación sexual integral (ESI) por parte del Estado.
También destacaron la violencia policial que ha mostrado Carabineros en los diversos procedimientos en los que le ha tocado actuar. Sobre esto, advirtió que la Justicia chilena «aun no adopta medidas para que estos casos se investiguen y juzguen de manera independiente e imparcial, ni para prevenir adecuadamente que estos hechos sucedan».
Cuestionó el rumbo que ha tomado el Gobierno en algunos aspectos como modificar el Plan Nacional de Derechos Humanos, lo cual debilitaría esa estructura, disminuyendo asuntos fundamentales para la comunidad LGTBI y para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
También para AI, el hecho de que Chile haya firmado junto a otros cuatro presidentes de la región, una declaración cuestionando el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos «es particularmente grave».
Reconocimientos
No obstante, el informe reconoció algunos avances del Gobierno de Piñera que han contribuido a disminuir la deuda (en derechos humanos) como la promulgación y publicación de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
También destacó que la Ley de Identidad de Género es un paso adelante que disminuye la deuda; sin embargo, subraya, dejar fuera a los niños trans, quienes incluso requieren de mayor protección y reconocimiento, «contribuye a que sigan sufriendo maltratos y humillaciones y, peor aún, es un escenario totalmente invisibilizado«.
Finalmente, el organismo reparó en la decisión del Gobierno de realizar a fines de año la cumbre climática COP25 señalando que dicha determinación «no es un avance», menos tras haberse bajado del Tratado de Escazú, un acuerdo internacional que facilita el acceso a la justicia ambiental.
«Por el contrario, pone sobre la administración de Piñera una mayor presión para demostrar su liderazgo en la materia mediante medidas reales «en particular sobre normas de protección para los defensores del medioambiente», enfatizó Amnistía Internacional.
