Por Agnieszka Bozanic y Nicole Mazzuccheli.- Chile ha optado por un modelo de cuarentenas estratégicas y selectivas basadas en los datos epidemiológicos de contagios. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señala que “el destino es que toda la población mundial se infecte a menos que exista una vacuna…”, añadiendo su rechazo a la idea de una cuarentena obligatoria.
Luego, el líder de la Cámara de Comercio de Santiago afirma: “No podemos matar toda actividad económica por salvar vidas”.
Sobre este punto emerge una serie de opiniones. Mientras algunos advierten que los motivos para el rechazo de esta medida son de tinte económico, el oficialismo defiende que la cuarentena obligatoria no es “sostenible”. No obstante, frente a los diversos argumentos esgrimidos, no cabe discusión para considerar que, una vez más, las personas mayores serán las más ampliamente afectadas.
La evidencia médica ha demostrado que el grupo de mayor riesgo es el de las personas mayores y las personas con patologías concomitantes, es decir, más de la mitad de los chilenos. Ya ha quedado demostrado lo letal que puede ser para este grupo etario. De los fallecidos hasta el 14 abril en Chile, el 93% correspondían al grupo de 60 años o más, en donde el grupo de 80 o más años es el más lastimado (60-69 años: 13,04%; 70-79 años: 32,61%; 80-89 años: 34,78%; 90 años o más: 8,7%). Y aunque las personas mayores pueden permanecer confinados en sus hogares, muchos de ellos se exponen a contagios por familiares con los que cohabitan, o incluso se ven obligados a realizar trámites presenciales (como el cobro de su jubilación), exponiéndose irremediablemente a un posible contagio.
Esta situación de crisis sanitaria evidencia el empobrecimiento que por años acarrea la salud pública en Chile, a costa del fortalecimiento del sistema privado. También expone cómo los intereses políticos y económicos de los tomadores de decisiones a nivel gubernamental condicionan el abordaje efectivo e integral frente a esta crisis.
Es por esto que, desde una perspectiva gerontológica, se puede considerar que el priorizar la economía en el manejo de esta pandemia, bordea lo ilegal e inmoral en lo relativo a las garantías ofrecidas a las personas mayores.
En el año 2015, Chile firma la Convención Interamericana sobre los DDHH de las personas mayores, siendo ésta ratificada el año 2017. Esta convención enfatiza la obligatoriedad que asumen los Estados miembros en materia de protección de derechos a las personas mayores. Uno de sus principios promueve el garantizar el acceso sanitario oportuno, añadiendo además un artículo en particular que expone la prioridad de atención y asistencia que debe recibir este grupo, en situaciones de catástrofe y emergencia, como cuando las personas mayores se ubican dentro de los grupos de mayor riesgo sanitario, como es en el caso del COVID19. Por otro lado, el artículo 5° del mismo documento señala que nadie debe ser discriminado por motivos de edad y el artículo 6° habla del derecho a la vida y a la dignidad, e invita a los Estados miembros a cuidar de la salud de las personas mayores en todos sus aspectos, brindando además apoyo integral en el caso de los enfermos terminales. ¿No resulta acaso una contradicción, respecto a la atención sanitaria, por motivos de edad, cuando observamos los argumentos esgrimidos por los países que se han visto más golpeados con esta pandemia?
Discursos edadistas
Respecto al cariz inmoral de las medidas adoptadas desde la institucionalidad, se puede ver como éstas se encuentran atravesadas por prácticas y discursos “edadistas”, entendidos como formas de discriminación por motivos de edad. Éstos se basan en estereotipos, prejuicios y mitos de carácter negativo sobre la vejez y el envejecimiento. Este tipo de discriminación es sutil y escasamente reconocida, encontrándose naturalizada en nuestra sociedad a través de los discursos que circulan por los medios de comunicación, pero también desde los discursos oficiales que ofrecen una mirada universal y exitista acerca de las personas mayores, negando con ellos las múltiples formas de envejecer y los diferentes contextos en que las personas envejecen. Estos discursos influyen directamente en la autopercepción de las personas mayores, acarreando desde consecuencias físicas, psicológicas, sociales hasta económicas. Con esto en vista, no es absurdo pensar que, en el actual contexto de crisis sanitaria por el COVID19, se ha naturalizado la idea de que las personas mayores son las más vulnerables.
Frente a la certera escasez de recursos sanitarios -hospitalarios y asistenciales de abordaje integral con la que Chile enfrenta la pandemia- ¿no cobra sentido el preguntarse acaso si la vida de una persona más joven se volverá más valiosa que la de una persona mayor, validando con ello las medidas proporcionadas de asistencia y soporte vital, y enalteciendo heroicamente aquellos gestos de mayores que optan por morir, otorgando su “cupo” a otro que lo merecería más que él? Las personas mayores se encuentran invisibilizadas en los discursos y la toma de decisiones que las afectan. Como si en una suerte de amnesia, el gobierno negara los principios propuestos en la convención y, con ello, las garantías con las que se comprometió resguardar sus derechos humanos.
¿Cómo es posible que el grupo de mayor riesgo ante la amenaza del coronavirus, sea precisamente el que menos tribuna y visibilidad pública ha tenido? Correspondería oír de las y los protagonistas de esta pandemia propuestas para el manejo de crisis, las dificultades que enfrentan diariamente en al acceso oportuno a los servicios, así como también las oportunidades que nos ofrece esta crisis sanitaria, para promover cuidados dignos hacia el final de la vida.
¿Hasta qué punto el mantenimiento y estabilidad del sistema económico se vuelve más importante que la protección de la vida de las y los mayores? Quienes piden que se otorgue prioridad a las necesidades de la economía sobre las medidas para limitar la propagación del coronavirus, en efecto, exigen que las vidas de las y los mayores se subordinen a los intereses del resto. La impresionante pérdida de vidas que diariamente presenciamos en Chile y el mundo, ¿no estaría dando cuenta acaso de una política mundial que deja a los mayores como carne de cañón frente al desastre pandémico? Se propone una visión de la persona mayor como un objeto desechable carente de DDHH. Comensales innecesarios o inútiles como dicen algunos grandes empresarios.
La grandeza de las civilizaciones radica en no dejar a nadie atrás. Ninguna vida tiene más valor que otra. Ya lo decía Margaret Mead cuando señaló que “ayudar a otro a superar una dificultad es el inicio de la civilización”. Hoy podemos elegir seguir discriminando a las y los mayores, o bien, transitar hacia una visión positiva y de reconocimiento en la vejez. Si elegimos la segunda opción, no solo estamos beneficiando la calidad de vida de las personas mayores de ahora, sino estamos pavimentando nuestro propio futuro.
Agnieszka Bozanic L. es Psicogerontóloga de la Universidad de Barcelona, Doctora (c) en Medicina de la Universidad de Barcelona y Presidenta de la Fundación GeroActivismo.
Nicole Mazzucchelli O. es Trabajadora Social, Doctora (c) en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Académica PUCV-UVM
