Por Arturo Zúñiga.–“Gran proyecto de reforma al sistema privado de salud”. “Comisión técnica de reforma al sistema de salud”. “Reforma para un sistema universal de salud”. Llevamos más de 10 años escuchando estos titulares que pretenden resolver los problemas más graves de nuestro sistema sanitario. Sistema sanitario que hoy ha dado muestras suficientes sobre su gran capacidad logrando vacunar rápidamente a más de 2,8 millones de personas mayores contra el coronavirus. Mismo sistema que pudo responder a la gran demanda de camas críticas para pacientes más graves por COVID-19. Sistema sanitario que se coordinó con un subsistema privado de clínicas y hospitales universitarios para atender a quienes lo necesitaban sin importar si era Fonasa, Isapre o de las Fuerzas Armadas y de Orden.
A pesar de esto, todavía hay asuntos donde urgen cambios dirigidos a entregar una oportuna atención. Las listas de espera aún son, y probablemente lo sean en un número aún mayor al término de esta pandemia, el dolor más grande de nuestra salud pública.
La percepción de la ciudadanía así lo ratifica. Cuando la pregunta es a personas que se encuentran en Fonasa, la respuesta es “más especialistas” y “la atención oportuna de salud”. Entonces cabe preguntarse si podemos al mismo tiempo en que se busca un acuerdo político para una reforma al sistema de salud completo -que no soluciona directamente el problema por el cual la ciudadanía siente dolor- implementar los cambios necesarios para mejorar nuestro subsistema público de prestadores de salud, hospitales y consultorios, en cuanto a la oportunidad de la atención. ¿Podremos caminar y mascar chicle al mismo tiempo?
Recientemente se publicó la “Propuesta para la Provisión Pública de Servicios de Salud”, elaborada por un grupo de expertos dentro de los cuales se encuentran connotados directores y ex directores de hospitales públicos. La propuesta se centra en “una modificación del esquema de gestión, organización y financiamiento y del sistema de gobierno del subsector público prestador de servicios de salud con modificaciones e incentivos para estimular la gestión en red, junto con la transferencia efectiva de atribuciones para la gestión de los hospitales”.
Dentro de las modificaciones que destacan está la de separar la gestión de los servicios de salud del Minsal. Eso hay que hacerlo absolutamente, y lo digo con conocimiento de causa. Es “la” medida para profesionalizar la gestión de los hospitales y consultorios y que estos no se vean afectados por el ciclo político, privilegiando el “equilibrio financiero y buena productividad”. Asimismo, se propone establecer agencias autónomas para establecer niveles de calidad de la atención al paciente y de evaluación de tecnologías sanitarias.
Otra medida es el cambio en el financiamiento, alineando los comportamientos entre la APS y los hospitales. ¿Cuántas hospitalizaciones se podrían evitar si los consultorios y hospitales hablaran entre sí? Otorgarle, asimismo, un carácter ejecutivo al Consejo Integrado de la Red Asistencial (CIRA), reforzando el alineamiento del comportamiento que provoca el cambio en el financiamiento.
La vorágine de esta pandemia no permitió que la única propuesta en años (desde la reforma del AUGE) que tiene un foco técnico en el dolor del paciente y su familia tuviera eco en las autoridades y parlamentarios de las comisiones de salud. Es entendible. Esperemos que el proceso de vacunación y su efecto en una menor presión en los hospitales ayude a darle un espacio de discusión a estos temas.
Arturo Zuñiga J. es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián.
