Por Ian Badiola.- Cada vez se hace más frecuente que en procesos judiciales que concitan interés público la posición de las partes trascienda a los medios de comunicación, incluso antes de que sea expuesta formalmente en la sala de audiencia.
Los actores en controversia aprovecharán la atención de la prensa para difundir versiones funcionales a sus intereses y estrategias, introduciendo elementos probatorios para intentar inclinar a su favor a la opinión pública y crear un ambiente favorable en la antesala de etapas clave del procedimiento que se sustancia ante el órgano jurisdiccional competente.
Podrá debatirse si resulta o no adecuado, pero lo cierto es que son prácticas arraigadas, en que se conjugan los intereses de los litigantes y la prensa, pues cada testimonio, diligencia o comparecencia en el proceso tiene el potencial de convertirse en una noticia en permanente desarrollo y susceptible de actualizarse en tiempo real. Aun más, la transmisión televisiva de audiencias judiciales ha puesto el desarrollo del proceso a disposición de un público mucho más amplio.
En este juicio paralelo o juicio mediático, los ciudadanos toman el papel del juez y se forman sus propias valoraciones desde la primerísima señal de una eventual imputación, sin necesariamente comprender la naturaleza del conflicto, las normas del procedimiento, las garantías existentes para los intervinientes o el principio de presunción de inocencia.
En un escenario de estas características, en donde el proceso que se lleva ante los tribunales encuentra su correlato ante el tribunal de la opinión pública, con dinámicas completamente distintas, la amenaza a la reputación de quien enfrenta un proceso judicial representa un riesgo real y concreto, que suele quedar fuera del campo de expertise de la estrategia legal.
“No litigamos a través de los medios de comunicación” es una frase recurrente cuando se ventila un proceso ante la opinión pública y existe resistencia a operar con las reglas del juego que supone la exposición a los medios de comunicación masivos. Ante esta incertidumbre, muchas veces los afectados por un conflicto judicial o derechamente una imputación en una etapa preliminar optan por una actitud defensiva que los conduce a refugiarse en el silencio, esperando que pase el vendaval.
Pero si bien efectivamente los litigios se desarrollan y resuelven ante la justicia, mediante procedimientos formales, no es menos cierto que resulta de la mayor relevancia gestionar estratégicamente las comunicaciones en un contexto de alta demanda de información y expectativa periodística.
Imágenes y símbolos que quedan en la retina —que pueden ser decisivas para la percepción de las audiencias— se forman en los pasillos de la corte o en las declaraciones al paso, es decir, en ambientes menos susceptibles de controlarse desde la óptica de la estrategia legal. Entonces, la confianza ganada en años puede verse fracturada en pocos minutos. Y el silencio puede convertirse en un remedio peor que la enfermedad.
Es por ello que una gestión activa de las comunicaciones se torna en un elemento de relevancia que puede complementar y fortalecer la estrategia legal, en una integración coherente y estratégica, que integra variables que están fuera de la sede jurisdiccional y que inciden directamente en el cuidado de los activos de reputación, confianza y credibilidad de las partes afectadas.
Ian Badiola es periodista y Master en Planificación y Gestión Estratégica. Columna publicada en Audentia.
