Por Beatriz Areyuna.- En abril de 2016 fue promulgada la Ley 20.911 que estableció la obligación del Ministerio de Educación de proporcionar a las instituciones educativas las orientaciones y recursos pedagógicos necesarios para implementar planes de formación ciudadana, transversales al currículo escolar. Hoy, las escuelas y liceos – en educación parvularia, básica y media- deben implementar estos planes, adecuándolos a cada nivel de enseñanza. En forma complementaria, se ha puesto en marcha una nueva asignatura de Educación Ciudadana, de carácter obligatorio para 3° y 4° medio.
Dicha Ley fue estimulada fundamentalmente por los resultados del llamado informe Engel, y se implementó en medio de una de las más profundas crisis de representatividad y legitimidad política de la historia de Chile, a la que se sumó al deterioro progresivo del imaginario público sobre la clase política y sus instituciones. Esta crisis “por arriba”, ha tenido como contraparte un alza en la participación política de los actores sociales, donde los/as jóvenes y estudiantes han tenido un rol fundamental. Por ello es que la ley representó una oportunidad estratégica para democratizar las culturas escolares y desarrollar espacios para la convivencia y la participación, a través de planes que cada escuela desarrolló con autonomía.
Todos estos planes y acciones buscan la promoción de la ciudadanía activa, la valoración de la diversidad social y cultural del país, el respeto por los Derechos Humanos y la participación estudiantil en temas de interés público. Este diseño presupone que la formación ciudadana no puede descansar en una sola asignatura. Todas las disciplinas, transversalmente, deben contribuir a este objetivo. Pero esta tarea tampoco puede quedar dispersa en tierra de nadie, y se debe arraigar en una planificación sistemática y comprehensiva en todo el establecimiento.
Reconociendo el avance significativo que ha representado esta Ley, es necesario evaluar aspectos pendientes y olvidados en su implementación. El diálogo con el mundo docente revela serias dificultades para adaptar la formación ciudadana a las características particulares de cada región y cada sector social del país. La pertinencia curricular y pedagógica de los planes de formación ciudadana se ve desafiada por las enormes desigualdades sociales y económicas que se hacen sentir en el momento de proponer e implementar acciones que sean significativas en los espacios escolares más disímiles.
Para abordar este desafío la misma Ley mandató al Ministerio de Educación a apoyar los procesos de formación docente. Esta acción se ha evidenciado como deficitaria o casi ausente durante el actual gobierno. A la ausencia de promoción de la formación ciudadana como eje estratégico de la educación democrática, se suman una serie de políticas de corte autoritario, como “aula segura” o las acciones de censura a materiales escolares y persecución de maestro/as bajo la acusación de politizar el aula, lo cual representa un retroceso a los tiempos en que las escuelas fueron utilizadas como aparatos de depuración ideológica por la dictadura.
Otro aspecto preocupante es que instituciones sin competencia en materia educacional y pedagógica intervengan en esta materia, de forma no cualificada. En particular, resulta extraño a los objetivos de la Ley que la Armada haya iniciado un “Programa de Formación Ciudadana” para escolares de 8° Básico a 4° Medio, con el aval de la Subsecretaria de Defensa y del propio MINEDUC. Esta intervención de las fuerzas armadas en materia educacional no es coherente con los ejes actitudinales del currículum escolar, e instala a una institución no deliberante en un espacio donde es la civilidad, en particular la institucionalidad educativa, la que debe definir los contenidos y programas que se implementen en este campo.
La formación ciudadana es necesaria para enfrentar problemáticas urgentes, como la comprensión del actual proceso constituyente, la legitimidad social ante la distribución equitativa de vacunas contra la pandemia, y la creciente digitalización de la vida social y productiva; aportando bajo criterios prudenciales que ayuden a que niños y niñas sean capaces de distinguir entre fuentes verificables de información y opiniones no contrastadas científicamente. Ello implica que las escuelas actualicen su mirada sobre las ciudadanías mínimas o restringidas, y fomenten una ciudadanía activa y expansiva como ejercicio básico sobre la responsabilidad en la promoción de los Derechos Humanos.
En definitiva, necesitamos una escuela genere competencias para la promoción activa de los derechos humanos, especialmente de niños niñas y adolescentes, fomente la cultura de la paz y la no violencia, pondere el valor social de los impuestos y la justicia tributaria, releve la laicidad del Estado como un principio imprescindible para la vida en común, y fortalezca la educación para la sostenibilidad ambiental. Son estos ejes los que se deberían haber considerado como centrales para la gestión educacional del Gobierno, pero que lamentablemente, en estos últimos tres años han sido absolutamente periféricos a la agenda ministerial.
Beatriz Areyuna es Dra. en Educación y decana de la Facultad de Pedagogía UAHC
