Por Juan Medina Torres.- A mediados del siglo XVIII Santiago tenía, según algunos cronistas, 15 cuadras y media de este a oeste y 7 cuadras de norte a sur, sin incluir los arrabales al sur de La Cañada y al norte del río Mapocho. La ciudad comenzaba a crecer y con ello aparecieron los comerciantes ambulantes.
En 1756, el comercio establecido de Santiago solicitó al Gobierno que prohibiese el comercio ilegal y describía a los comerciantes ambulantes como “una muchedumbre de gente, domésticos, indios, mulatos, negros y demás clases”.
Los denunciantes indicaban que, junto con el tañido de la campana de la oración -o sea, al atardecer- se reunían en una de las esquinas de la Plaza de Armas, formando una especie de feria baratillo. Reconocían que este problema lo generaba la pobreza existente en Santiago y los campos que la circundaban.
El Gobernador Manuel de Amat, quien tuvo especial animadversión contra los sectores populares, dictó el 26 de enero de 1756, la prohibición solicitada. Los comerciantes ambulantes, en su mayoría artesanos, apelaron de dicha resolución, argumentando que desde hacia mucho tiempo ejercían este comercio ilegal destinado a satisfacer las necesidades de la gente del campo y vulgo y que si vendían de noche era porque “la mayor parte de los oficiales de nuestro gremio son tan pobres que no son capaces de mantener tienda pública y por esta causa están retirados del centro de la república en los extramuros de esta Ciudad”, y trabajan en sus casas de día, para ir a vender de noche sus mercaderías. Proponían ejercer su comercio en otra parte, en la Cañada o en el Puente, donde sin duda, decían, iría “el vulgo” y la gente del campo a buscar sus mercaderías.
La autoridad, a pesar de las razones esgrimidas por los comerciantes ambulantes, mantuvo su prohibición, la que reiteró el 18 de febrero de 1760. Terminado el gobierno de Manuel de Amat (1755-1761) los comerciantes ambulantes regresaron con sus ventas a la Plaza de Armas
Es bueno recordar que en 1756 no existía en la ciudad de Santiago un cuerpo policial permanente, pero había una guardia del comercio, establecida en 1615, cuya función era proteger a las tiendas de los comerciantes establecidos de los frecuentes robos y asaltos nocturnos de que eran víctimas. Posteriormente se descubrió que algunos de estos guardias se unieron a los ladrones como lo denunciaron los propios comerciantes.
El problema continuó y los comerciantes informales debieron enfrentarse a reiterados intentos de erradicación del centro de Santiago. Así lo demuestran los bandos prohibitivos emitidos por los Gobernadores que sucedieron a Manuel de Amat; Antonio de Guill y Gonzaga en 21 de febrero de 1764; Agustín de Jáuregui el 7 de junio de 1773 y 1 de marzo de 1779; el brigadier Ambrosio de Benavides en 15 de julio de 1782 y Ambrosio O’higgins en 19 de agosto de 1788, con distintos niveles de eficacia.
