El abogado Carlos Alvear, que se postula a Defensor de la Niñez, afirmó que las listas de espera para la atención de niños y niñas vulnerados es una condición grave, y que la institucionalidad de SENAME está cooptada por los gremios.
Por Alvaro Medina J.- Carlos Alvear es un abogado con una larga carrera de defensa de los derechos de los niños. En cada paso de ese recorrido ha ido sembrando tanto cruzadas como adversarios y enemigos. Lo hizo, por ejemplo, en Aysén, donde destapó suicidios dudosos de adolescentes, ligados a una red de corrupción. Lo hizo en el Sename, donde encabezó la formación de una Unidad del Comisionado de Infancia y Adolescencia. La institucionalidad de defensa de los niños, dice, está cooptada, y alerta por el riesgo que significa el poder de los gremios.
En la actualidad, es uno de los nombres que ha sobrevivido a las diferentes rondas de votación que en el Senado se han producido en el debate por la nominación para el cargo de Defensor de la Niñez. Carlos Alvear conversó con ElPensador.io.
¿Las instituciones del Estado, han sido diligentes en lo referido a los derechos de los niños?
Llevamos más de cinco meses de un proceso de concurso público para elegir el cargo de Defensor o Defensora de la niñez. Me habría gustado que se hubiese debatido más sobre cuáles son los desafíos que hoy tenemos; está pendiente la instalación de la Ley de Garantías; tenemos reglamentos que definir; instalar las oficinas locales de la niñez; tenemos listas de espera. Había cálculos de algunas organizaciones que señalaban que para junio de 2023 posiblemente tendríamos listas de espera por cerca de 40 mil niños, niñas y adolescentes esperando por ser atendidos porque fueron derivados por un tribunal de justicia por que han sido víctimas de una vulneración como victima de maltrato infantil, negligencia parental, abuso sexual.
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¿Te parece que las listas de espera en este caso son graves?
Si, por supuesto. Como abogado especializado uno sabe que si eres el abogado del niño, de ese niño, niña o adolescente vulnerado, maltratado, en términos generales necesitas dos cosas, enviarlo a un programa de reparación y, además, hacer una pericia para acreditar el daño asociado. Las listas de espera implican que ese niño abusado o maltratado debe esperar a que se abra un cupo en un programa de reparación o según sus necesidades, y mientras tanto, ¿qué hace el adulto responsable? Espera. Si el niño o niña tiene suerte, va a tener una familia a su lado prestándole cariño y contención, pero si no es así, y si tiene a su adulto a cargo que no le cree su experiencia, que la niega, que no le da la importancia que tiene, puedes imaginar que la misma experiencia en ambos lados es vulneradora. Pero en algunos puede ser doblemente vulneradora, porque si además incorporas que esos niños o niñas deben esperar ocho meses cada uno para una atención, porque no hay cupos, es algo que nos debe preocupar y hacer ver el sentido de urgencia que tenemos en esta materia. Si a eso sumamos que estamos ante una crisis humanitaria en cuanto a migración, con una cifra cercana al 1.600.000 mil migrantes, algunos hablan de casi dos millones, estamos hablando de cerca de un 8% de la población, tenemos gente que ha ingresado sin ningún tipo de control, y ya tenemos en la Región Metropolitana un caso de redes de comercio y explotación sexual infantil en cuatro puntos de Santiago con niñas venezolanas de cerca de 12 años siendo explotadas por proxenetas. Algo que veíamos en una película como Taxi Driver, hoy es una realidad en las calles de las ciudades de Chile. Tenemos niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de una forma de esclavitud y eso nos debe indignar y movilizar como sociedad chilena.
Hemos visto de manera creciente la presencia de niños y adolescentes (porque la calificación de “menores de edad” es muy ambigua) que forman parte de bandas criminales, particularmente asociadas al narcotráfico. ¿Qué percepción tienes de esa situación?
Claramente tenemos un fenómeno de aumento del involucramiento de niños y jóvenes en bandas criminales. El narco es una de sus expresiones, y está ganando territorio en las poblaciones. Algunas autoridades han reaccionado y están destruyendo los mausoleos narcos, pero creo que ahí falta una respuesta más integral, una respuesta preventiva del Estado. El narco ha buscado cooptar a las familias porque son hijos, nietos o sobrinos a quienes reclutan. Esto está golpeando el tejido social… controlan los barrios, pagan cuentas de luz, dan protección y hay toda una cultura de exhibición de armas y dinero asociada a una forma de existencia donde la muerte es ensalzada con estos monumentos que han venido a resignificar la legitimidad social. Eso, acompañado de música que incita a la violencia. Es importante mantener la escolarización de los niños, particularmente los niños migrantes porque la experiencia comparada ha demostrado que si los chicos sufren exclusión escolar se vuelven presa fácil de las bandas y del crimen organizado. Esto ya sucedió en El Salvador. Ahí falta contar con programas de prevención social para apoyar a los padres en la crianza en aquellos casos que se requiera, y ahí nuevamente vuelves a lo mismo: para acceder a un programa, debes entrar a una lista de espera. Esto requiere una intervención mucho más grande.
Visto todo eso, ¿cómo queda la cuenta corriente del Estado en lo que se refiere a la protección de derechos de los niños?
El Estado está en deuda con los niños, niñas y adolescentes de Chile. Por eso es importante la implementación de la Ley de Garantías, porque ya desde la estructura administrativa de las oficinas locales de la niñez vas a poder trabajar con el núcleo familiar, apoyando. Por ejemplo, cuando debíamos tener un plan de reconstrucción post incendios, entonces se nombró una encargada presidencial; pues bueno, aún no tenemos resultado ni plan y vinieron los temporales donde familias lo han perdido todo y donde necesitas llevarlas a un espacio seco y seguro. Pero la primera tentación es usar los colegios como albergues, lo que es un error porque privamos a los niños, niñas y adolescentes de su espacio de socialización. Si a eso sumas el aumento de la violencia post pandémica, con resultados de la prueba SIMCE lamentables, tenemos que reaccionar y cuidar los espacios de la niñez.
Estamos en el proceso de implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. ¿Cómo evalúas esa institucionalidad?
Creo que el paso a la nueva institucionalidad con el nuevo Servicio de Reinserción Social juvenil está en riesgo si no nos hacemos cargo del fenómeno que representa el poder de los gremios. Este es un tema que no se ha querido abordar, y puede significar que nos salga caro. El economista y sociólogo Mancur Olson ya habló de la influencia negativa de los grupos de interés cuando capturan la agenda pública. Y aquí tenemos que las tres más grandes asociaciones gremiales del actual SENAME han presionado a la autoridad de turno para suscribir un convenio para el traspaso de funcionarios, pero sin evaluación psicológica, exigiendo apenas tres indicadores a evaluar, como la experiencia laboral, las capacitaciones y las calificaciones. Y yo me pregunto: si sabemos que uno de los grandes problemas en el sistema han sido los apremios ilegítimos y torturas realizadas por funcionarios del servicio a niños, niñas y adolescentes que están bajo cadena de custodia del Estado, ¿qué es eso? ¿por qué impedir la evaluación sicológica? No figura el test psicolaboral como criterio para seleccionar al recurso humano que formará parte de la nueva institucionalidad. ¿No te parece dudoso?
Me quiero detener aquí. Usted trabajó en el SENAME, ¿en qué período fue eso?
Trabajé entre abril de 2014 y julio de 2018. Llegué después de haber ido a la Primera Comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el SENAME, ahí fui a declarar la verdad de dos hermanos que estaban con medida de protección, un caso que resultó ser discriminación por pobreza, enviados a las Aldeas SOS de Padre Las Casas en Temuco, y ahí fueron ultrajados sistemáticamente por el tío del furgón escolar, con la complicidad de otros adultos. Meses después me convocaron para instalar una oficina de defensoría para los niños de SENAME. Aún recuerdo al Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, señalándome que había que perseguir a los agresores, que esto se debía terminar, esto porque además había un compromiso con la Cámara de Diputados. Ahí fue cuando creamos la Unidad del Comisionado de la Infancia y Adolescencia, instalamos en poco tiempo una política de tolerancia cero a los maltratos, pero también era lo que la mayoría de los funcionarios querían que sucediera, aunque lo decían con un poco de temor. La presión de los gremios, de estos grupo era fuerte, es parte de una cultura corporativa. Esta situación llegó a tal nivel de paroxismo, que ya se trataba de un fenómeno de captura institucional, donde no dejaban actuar: les trataron de quitar las horas extras, algunos privilegiados llegaban el lunes y echaban a andar las horas extras como si se tratase de un taxímetro y se quedaban hasta el miércoles o jueves en los centros. Comprenderás que las horas extras se pagan a un muy buen valor. Pues bien, se estaba abusando de esa figura como si fuera ilimitada, y cuando una directora nacional decidió quitárselas, le armaron un paro y le quitaron los remedios a los niños. Era como negociar con alguien que tiene rehenes. Si estabas en contra de ellos, por momentos el clima laboral se podía convertir en un escenario adverso y tu trabajo, en un calvario.
Usted fue acusado de acoso laboral…
Si, precisamente una abogada que era parte de una de estas organizaciones gremiales instaló una mentira, que fue alentada por una nueva Dirección Nacional que había pactado con los tres gremios más poderosos, el término de la Unidad del Comisionado de la Infancia para que no se persiguiesen penalmente las responsabilidades. Teníamos formalizado a uno de los vice presidentes de AFUSE por torturas a un adolescente en un centro de internación provisorio, pero la asociación gremial del funcionario formalizado instaló una acusación por acoso laboral contra el director del Centro, el CIP CRC de Graneros, quien hizo la denuncia y exigió la constatación de lesiones de la víctima. En el caso mío, la funcionaria que me acusó, suplantó mi identidad, falsificó mi firma y tuve que presentar una querella criminal en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Esta fue una acusación que se orquestó como parte de una represalia por las querellas presentadas por torturas. Hubo al mismo tiempo una instrucción de Solange Huerta para eliminar a los niños fallecidos como sujetos de atención de los programas de representación jurídica, porque según ella estaban muertos y ya no eran personas para el Código Civil. Su argumento era civilista, señalando que ya no tenían existencia y en consecuencia ya no eran personas. La verdad es que queda la impresión que existía otro fin. En ese momento sólo representé mi objeción y entregué mis argumentos como funcionario público a través del memorándum Nº 109. Sabemos que el Servicio Nacional de Menores está capturado institucionalmente por estas agrupaciones. No se trata de todos los gremios, también hay funcionarios técnicos y profesionales que han denunciado y también han pagado costos personales por ello, pero sí, estamos hablando de los tres gremios más grandes, que son a quienes tuvimos sentados en los Juzgados de Garantía de Valparaíso, Graneros, en Santiago, formalizando o pidiendo medidas cautelares por delitos de torturas o apremios ilegítimos. Estamos hablando de dirigentes gremiales que presionaban e intimidaban. A Mónica Jeldres también se le hizo una acusación e incluso apareció un titular en un diario de circulación nacional calificándola de jueza vulneradora, y sin embargo fue exonerada de los cargos por la Corte Suprema. En los contextos de maltrato y abuso se ponen en práctica estrategias para descalificar a la victima y neutralizar a los entes protectores. Quienes estamos vinculados al mundo de la infancia sabemos las dinámicas perversas que están vinculadas muchas veces a agendas ocultas. Querer desconocerlo es tapar el sol con el dedo.
