Por Cristina Rodríguez.- El 1 de octubre comenzó a operar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplaza al Sename. Es la respuesta a las faltas sistemáticas y graves del Estado chileno en la protección de la infancia. Las que se vieron, entre otros, rubricadas por el informe que la Unicef emitió en 2018, que -fundado en una investigación por parte de expertos internacionales- juzga la inexcusable y grave afectación de los derechos de los niños bajo la protección del Estado.
Se agregan a estos análisis, los informes e investigaciones de la magistrada Mónica Jeldres, en 2013; de la Cámara, en 2014; y del Fiscal Emilkrof, en 2018. Todos los cuales coinciden en señalar: el sostenimiento de un paradigma tutelar respecto de la niñez que se halla privado de su reconocimiento como sujeto de derechos; pauperización de los sistemas de protección residencial, sostenidos por un modelo de subsidariedad estatal que -pese a la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño en 1991, y por ende, con rango constitucional- no garantiza los derechos de la infancia que pretende proteger; la gestión ineficaz y al menos, desacertada de un Sename que en 40 años, no logró concretar una política que colocara a niños y niñas en condiciones de mayor vulnerabilidad, la prioridad que ameritaba.
Son muchas las expectativas que se ciernen sobre este nuevo servicio. Se espera que sea relevante el trabajo con las familias de niños y niñas; y desde enfoques comprehensivos que la sitúan en un contexto que determina sus privaciones y recursos, muy propio de los enfoques de intervención, ya antiquísimos, del Trabajo Social con familia. Además, la preparación e idoneidad de los recursos técnicos y profesionales que se relacionan con los niños, los apoyos, acompañamientos y soportes de bienestar laboral que les serán premunidos en aras de sostener los cuidados que necesitan, y se agrega la instalación de mecanismos y soportes de gestión que colocan la calidad de cuidado a la niñez, en el centro de las decisiones de las instituciones que con ella intervienen.
De los errores hay que aprender. Se necesitaba con urgencia una nueva institucionalidad que considerar dispositivos territoriales con derechos sociales a su disposición; con capacidad de intervención avaladas por los tribunales de familia competentes; con una vinculación intersectorial fluida en materia de salud mental y educacional; y con una intervención caracterizada por un enfoque profundamente comunitario, interdisciplinario y preventivo.
Esperamos que “Mejor Niñez” centre sus esfuerzos en una inversión que radique sus objetivos en los territorios, en los contextos en los que se producen las tensiones, privaciones y dialógicas por una sobrevivencia que pone a la familia siempre en el lugar de la demanda. Y que se encuentren fundados en la convicción de que la mejor inversión en infancia, es aquella que va dirigida en primer lugar a sus familias. Es un desafío para el nuevo Servicio colocar su dirección estratégica y de largo plazo en este impulso.
El Sename dependía del Ministerio de Justicia y DDHHs, mientras que el nuevo servicio lo hace del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que se espera que disponga de la maniobrabilidad, arrojo político y la debida urgencia, que tal contexto le brinda. El domingo pasado, María José Castro, directora de “Mejor Niñez” dijo en una entrevista: “Sabemos que van a seguir ocurriendo cosas, porque es un proceso largo”. Los niños y niñas ya no pueden seguir esperando.
Cristina Rodríguez es trabajadora social, magíster en Educación, con especialización en Infancia y Género