Por Carlos Salazar.- En el papel, la Constitución es la norma jurídica más importante dentro de una democracia. La que establece el poder de sus instituciones y limita el alcance de estos estamentos, reconociendo derechos fundamentales e incorporando principios que rigen el Estado de Derecho. Es decir, es un símbolo del pacto social que construye las bases políticas de nuestra sociedad. Sin embargo, en la práctica, nuestro país aún es regido por una carta fundamental nacida en dictadura, un período violento y autoritario que persiste a través de su constitución.
Luego de 36 años de uso, la Constitución de 1980 ha sufrido algunas modificaciones en sus capítulos más controversiales, pero sigue generando roces con las libertades y derechos que asegura proteger. En su redacción existe una concepción orgánica que estructura la serie de poderes y autoridades del Congreso, tribunales, etcétera; y otra dogmática, que está compuesta por la serie de indicaciones que protegen los derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as chilenos/as, como los relativos a la educación, a la salud o a vivir en un ambiente libre de contaminación, que los años han puesto en entredicho.
En suma, 26 numerales con 26 derechos fundamentales y reglas básicas -bases de la institucionalidad- que exigen la reformulación total de una nueva constitución, según el plebiscito del mes de octubre y que, de manera inédita, convoca a la sociedad a discutir el futuro de un país expectante desde la formación de sus ciudadanos, la inclusión y la multiculturalidad, por ejemplo.
Para el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, atender a nivel de Estado un país multicultural con urgencia, es uno de los temas ineludibles de este proceso. “El proceso constituyente debería ser un momento clave en este debate para girar desde un Estado centralista y decimonónico a un Estado Plurinacional, moderno e inclusivo. Esto no sólo interesa a los pueblos indígenas. Puede ser la puerta de entrada en la consolidación de un Estado descentralizado y democrático, que se reinvente desde sus bases”, señala el académico.
En cuanto a otro derecho fundamental como la educación pública y de calidad, la decana de la Facultad de Pedagogía de esta misma universidad, Beatriz Areyuna, sostiene que estamos ante la posibilidad de delinear el marco para tener esta discusión en la que los actores educativos son unos de los principales protagonistas. Agrega que, a la hora de escribir una nueva Constitución, estos derechos “no deben quedar sólo en una declaración de intenciones sino incluir mecanismos concretos para la definición explicita acerca del rol del Estado en la educación pública reconociendo principios de inclusión y diversidad, que se asegure el financiamiento de una educación de calidad y pública además de un trato justo con el profesorado”, plantea Areyuna.
La filósofa Cecilia Sánchez también cree que la garantía de una educación de calidad es un aspecto relevante para la ciudadanía a ser considerados en la discusión. “El gobierno actual habla sobre una libertad de enseñanza y lo pone en términos mentirosos porque, realmente, la educación es manifestada como si fuese exclusivamente un problema de las familias cuando en realidad es un tema país que ha generado factores tremendamente disgregadores”, asevera.
Sobre las artes y su vinculación con la educación y una nueva Constitución, el realizador cinematográfico, Miguel Ángel Vidaurre propone delinear la alfabetización de nuevas audiencias como insumo para enriquecer la creación cultural futura en toda disciplina. “Quizás a nivel de planteamientos educativos la Constitución debería considerar esto. Siento que es algo clave y sea cual sea la definición que se tiene de cultura, claramente hace falta fortalecer ese proceso sistemático de alfabetización social. La alfabetización visual, cultural y artística, es un tema con el cual tenemos una deuda desde hace 40 años y nos hemos quedado muy desfasados en ese sentido”, cree el académico sobre un fomento artístico de tipo cultural estatal.
Coincide con él, el ex músico de la banda Fulano, también docente universitario, Jaime Vásquez, en cuanto a que el arte es una actividad de iluminación más que de recreación. “Por ello debe estar inserto en la discusión de cara a una nueva Constitución. Hay un concepto muy preciso, que es ‘la legitimación del otro como un legítimo otro’. Pensar en la sociedad y que somos parte de ella nos exige reencontrarnos con el otro y para ello la música o el arte en general, nos ayuda a observar la realidad de otra manera y transparentarla”, remarca.
Sobre la institucionalidad ambiental y el cómo este proceso constitucional, que se inaugura con el plebiscito, puede fortalecer el acceso a un medio ambiente limpio, geógrafos como Daniela Escalona y Yohann Videla, sostienen que la página en blanco puede apuntar a mejorar el rol estatal como mero administrador de recursos naturales para el sector privado. Mientras la especialista en conflictos ambientales, desarrollo y medio ambiente, sostiene que la tensión, disputa y competencia de bienes como el agua, la minería y el uso de los suelos entre actores privados y comunidades locales debe resolverse de manera institucional, el experto en glaciares agrega que el mecanismo para que la protección del ecosistema sea una cuestión institucional, también se debe apunta a una educación sobre patrimonio ambiental y un acceso público garantizado a estos espacios.
“Creo que en la nueva Constitución debe existir un decreto que diga cómo proteger estos territorios y recursos además de instrumentos legales efectivos que permitan monitorearlos. La sociedad chilena debería tener una postura de este tipo en la asamblea constituyente, tanto desde una perspectiva climática como de preservación futura”, sostiene Videla.
Modificaciones y asuntos pendientes
Hasta hoy, la Constitución de Pinochet ha sufrido más de 40 cambios y cerca de 200 modificaciones. Las más relevantes fueron las del año 1989 y la de 2005. Ésta última fue la más profunda ya que afectó a 12 de sus 15 capítulos e incluso modificó su autoría con la firma del presidente Ricardo Lagos. En esa edición se acabó con los senadores designados, con las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, se modificó el poder de intervención de Congreso sumándose la interpelación parlamentaria como medida de fiscalización y se puso fin al sistema binominal, entre otras modificaciones.
Entre los cambios más complejos que se realizaron a la constitución el 2005 se cuenta también el otorgamiento de poderes al Tribunal Constitucional para resolver conflictos relacionados con el texto fundamental que antes fuera atribución de la Corte Suprema. Es aquí donde muchos proyectos innovadores acaban sus días, dada esta característica
El plebiscito del 25 de octubre propone las alternativas de mantener la Constitución actual (a través del “rechazo” a una nueva constitución) o cambiarla completamente (con la opción “apruebo”). De resultar ganadora esta última, el país optaría por escribir desde cero una nueva carta magna para reemplazar la que nos rige hoy en día. Conjuntamente, el plebiscito define ese día qué mecanismo se utilizará para redactar la nueva constitución: una convención constituyente compuesta solamente de personas electas para ese efecto o una convención mixta, formada en un 50% por parlamentarios/as y un 50% por ciudadanos/as electos a través de votación popular.
Sobre este itinerario constituyente, el docente de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la UAHC, Mauricio Espinoza, cree que es momento de apuntar a un tema siempre pendiente como suele ser la probidad en la administración del Estado. “Es muy importante que la gente sepa lo importante que es la acción de votar y ser parte de la construcción del país. Creo que la comisión mixta como alternativa era una falacia. ¿Cómo es posible que sujetos a los que se les paga por ejercer una labor legislativa, sean quienes van a ejecutar ahora una labor que no les corresponde a ellos, sino que a la gente?, allí existe una lectura que no me convence”, señala.
Esta legitimidad que se adjudica el acuerdo del 15 de noviembre pasado, que determinó este proceso en un Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, es para el historiador Pedro Rosas, “la consolidación de un proceso de normalización institucional” que busca debilitar y restar atribuciones a una ciudadanía que generó cambios sustantivos ante un poder sin iniciativa. “Comienza, desde ese día, a aparecer un imaginario de desconfianza sobre la naturaleza del proceso bajo una práctica represiva constante, con un acuerdo que restringe la participación de la ciudadanía y los sectores populares que no forman parte del bloque que administra el poder del sistema”, señala.
En paralelo, la opinión del sociólogo Raúl Zarzuri, es que “el proceso de elección de constituyentes tiende a anular la representatividad de la ciudadanía para enquistar a los mismos actores políticos de siempre en un proceso social legítimo”.
Quienes estaban por el “rechazo” aseguraban que una nueva constitución no resolvería los problemas de desigualdad e injusticia social que fueron parte del discurso del reciente estallido social. Coinciden en eso también quienes creen que el “apruebo” es el marco más amplio sobre el cual se monta la distribución de atribuciones, recursos y discusiones para fundar una sociedad más justa y lograr cambios transformadores. Gran parte de las demandas sociales que durante un año han sonado en la calle, los caceroleos y redes sociales, tienen que ver con la “fatiga de material” que presenta la actual constitución y su origen cuestionable. Zarzuri, reitera que la constitución no va a acabar por sí sola con las enormes brechas sociales planteadas por la revuelta de octubre, las principales exigencias de las marchas feministas o las que nacen a partir de la pandemia, pero que sí será una raya en la arena para sentar las bases sobre las que se pueda pensar una sociedad más equitativa e igualitaria. “Lo importante son los temas que nos convocan a todos y todas. Es el caso de la salud como derecho básico y prioridad del Estado o los problemas con nuestros recursos hídricos. La nueva constitución para los chilenos y chilenas, debería ser una que permita que todas y todos tengamos una vida digna, sin inequidades como las que existen hoy”, reflexiona.