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Anticorrupción como garantía de derechos sociales en la Constitución

Por Rebeca Zamora Picciani.- En medio de la pandemia, aunque temporalmente suspendido, continuamos con nuestro proceso constituyente. La paridad primero y actualmente la lucha por el mayor reconocimiento de derechos sociales se toman la discusión. De hecho, la pandemia ha dejado entrever con aun mayor claridad, las severas desigualdades de nuestro país. Quienes ya eran ricos antes de la pandemia, son ahora más ricos. Lo mismo ocurre con quienes eran pobres, ahora son aún más pobres.

Lo anterior, como, asimismo, una serie de demandas por mayor participación, regionalización, protección del medio ambiente, el cuidado de la salud, protección a los animales, reconocimiento de pueblos originarios y de todo tipo de familias, por nombrar solo algunos, formarán parte del largo abanico de materias que se discutirán al redactar la nueva Carta Magna. Y es por esta misma razón que hay un alto riesgo de dejar fuera del debate anticorrupción y cómo hacer que el Estado garantice nuestro derecho a vivir en una sociedad ética, libre de ella, o, en otras palabras, el derecho a la “integridad social”.

En realidad, es prioridad pensar en una Constitución que establezca como pilar del Estado un compromiso con el combate a lo que ha generado en nuestra sociedad la mayor inequidad. Esa misma que bajo la nomenclatura de “abuso” se dejó caer un 18 de octubre. “No son 30 pesos, son 30 años” es el reclamo que refleja la sensación en las personas, de que, en estos treinta años, lejos de velar por el bien común, ha existido un abuso sistematizado de quienes tienen el poder y el control para mejorar nuestra sociedad, abusando de sus poderes.

Por otro lado, las fiscalizaciones de la Contraloría sobre compras urgentes, los lugares que nunca se ocuparon, la compra de insumos a partes relacionadas (por solo mencionar algunos ejemplos), evidencian que ni la pandemia puede detener la corrupción y, por el contrario, ésta se alimenta de aquella. Así también lo muestra el último índice de Transparencia Internacional en que el organismo indica que pandemia agudiza la corrupción en el mundo y su incremento entorpece la respuesta ante el avance del Covid-19. Así en aquellos países que sus ciudadanos perciben como más corruptos han sido también los que peor han respondido ante el Covid-19. Para la ONG, “las reacciones débiles y caóticas ante la pandemia dejaron mayor margen a las prácticas ilegales”.

La Constitución entonces, pensada sobre este pilar, sin duda asegura mayor protección a nuestros derechos sociales ¿De qué serviría el derecho a la educación, si unos pocos pueden pagar para asegurar el ingreso de sus hijos a una institución (en desmedro de otros)? ¿Qué sentido tiene consagrar el derecho a la vivienda si alguien tiene el poder para -fuera de la ley- construir guetos verticales nada dignos para quienes los habitan? ¿Para qué establecer el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación si alguien puede pagar por años a funcionarios que deban realizar alguna fiscalización? ¿Para qué queremos igualdad ante la ley si nuestra justicia no es ciega y la calidad de la defensa, las condiciones de cumplimiento de una medida cautelar o la obtención de atenuantes pecuniarias dependen del nivel de ingresos de la persona? ¿No contribuye eso a la sensación de impunidad? ¿Para qué reconocer la privacidad o asegurar la libertad de prensa si alguien puede hacerte escuchas telefónicas obtenidas con información no veraz?  ¿De qué libertad de trabajo vamos a hablar si no nos comprometemos severamente a luchar contra la trata de personas y tráfico de inmigrantes, entendiendo que estas personas son víctimas? ¿Cómo recuperar recursos si alguien puede pagarle a un legislador para que legisle en uno u otro sentido, asegurando su propiedad? ¿Acaso eso no ocurre en Chile?

En definitiva, podemos acceder a reconocer los cientos de peticiones de derechos y necesidades, pero ninguna de ellas puede realmente ayudarnos a solucionar problemas de fondo si no hay integridad. Rápidamente, debemos subsanar las deficiencias que tenemos en el combate contra la corrupción, en primer lugar, entendiendo la importancia de la educación en el combate. Es necesario que las personas aprendamos a obrar correctamente desde nuestros primeros pasos. Es por este tipo de políticas que el principio anticorrupción, el derecho a la integridad y la obligación de probidad deben imperar en la futura Carta Magna. Si no lo hacemos, que nadie diga que “no lo vimos venir” cuando el abuso se encargue de matar la esperanza depositada en la nueva Constitución.

Rebeca Zamora es abogada experta en Compliance y Anticorrupción además de académica de Derecho Penal.

 

 

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