ElPensador.io.- Un recurso de protección en favor de cerca de 2 mil 500 enfermos cuyos tratamientos se han interrumpido interpondrá la Fundación Daya, tras denunciar que el Instituto de Salud Pública retrasó la autorización para fabricar Cannabiol, el primer fitofármaco en base a cannabis, un paliativo frente a males que causan dolores graves.
La autorización fue solicitada por Knop Laboratorios en abril pasado, previendo que la última partida de 3.600 unidades se terminaría en agosto. Pero el ISP, desde entonces, no ha emitido la aprobación.
“Vamos a empezar la próxima semana con el proceso de los recursos de protección ante la justicia para apoyar a estos pacientes. Aquí se está vulnerando el derecho a la salud de quienes han encontrado en el uso del Cannabiol una importante mejoría en su calidad de vida, sin que se hayan presentado efectos adversos significativos. El camino judicial deberá ser el mismo que el propuesto el año pasado, cuando 500 personas se vieron afectadas por la misma situación, con el fin de evitar que esto siga afectando a los pacientes en tratamiento. Esta situación también vulnera el derecho al acceso igualitario a la salud de los que estaban por iniciar sus tratamientos con Cannabiol. Nos reunimos con el ISP el 11 de septiembre, quedaron en darnos una respuesta en cinco días y seguimos esperando. Pero ojalá alcancemos un acuerdo antes de llegar a una disputa legal”, señaló Ana María Gazmuri, presidenta de la Fundación.
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El caso de Lamberto Cisternas
El anuncio lo hizo en el marco del seminario internacional sobre cannabis medicinal. Uno de los casos presentados en ese encuentro, fue el del vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas. “Tengo la experiencia de mi señora, quien sufre de lupus y de enfermedades autoinmunes desde hace muchos años. Ella ha buscado alivio a través de la medicina tradicional y también con tratamiento de flores, reiki, inmunoterapia y cannabis. Ha experimentado los efectos paliativos del dolor y el ordenamiento del sueño, que son tan importantes en la vida diaria”, dijo Cisternas.
El magistrado agregó que “como Ministro de la Corte Suprema he participado en diversas cuestiones relacionadas con la Ley 20.000, que no solo se debe centrar en lo prohibitivo, pues lo central es privilegiar la salud, lo que muchas veces no entienden los agentes encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Es de esperar que la legislación se abra y permita que las personas, dentro de un adecuado marco regulatorio, puedan tomar los caminos que les parezca mejor para su salud”.
