ElPensador.io.- Sólo en julio, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recogió 57 denuncias por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, según la actualización que entregó su titular, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional -conocidas como FAES- en algunos barrios del país”, dijo Bachelet, indicando que la cifra corresponde a los casos recibidos el Caracas por la ONG Monitor de Víctimas.
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Estos casos, dijo Bachelet, “muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”. Asimismo, dijo que no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales.
“Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, advirtió la Alta Comisionada.
La presencia nociva de las FAES también es citada en la represión a pueblos indígenas, entre ellos los Pemón, varios de cuyos integrantes han sido asesinados por bajas de esos comandos.
Bachelet dijo que según información oficial del Ministerio Público en Venezuela, desde agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos, pero no se entregó información sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas.
“En el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas anti-gubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas”, dijo.
La Alta Comisionada de DDHH también criticó que la Asamblea Constituyente -el Parlamento paralelo que levantó el régimen de Maduro cuando la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional- haya levantado la inmunidad parlamentaria a más diputados del Congreso legítimo elevando el número total a 25 legisladores afectados, incluido su presidente, Juan Guaidó. “Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto”, dijo Bachelet.
Asimismo, manifestó su rechazo “a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.
Más aún, dijo que las acciones recientes del régimen de Maduro son preocupantes, en especial las que dicen relación con la aprobación de una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. “Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático”. También lamentó también los recientes ataques del régimen en contra de la autonomía universitaria.
Junto a esto, informó que la oficina de DDHH “documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada”.
Uno de los casos citados por Bachelet para dar cuenta de esta grave situación es el del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, y cuya autopsia “reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura”.
Pese a ello, pudo dar cuenta de algunos avances parciales por parte del régimen: “De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina. Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales”.
