Por Fernando de la Cuadra.- Desde que se produjo el atentado en la noche del día 13 de noviembre, la tesis del “lobo solitario” ha sido defendida por Bolsonaro y la mayoría de sus seguidores, pero a medida que se conocen más antecedentes del autor de esta acción aparentemente descabellada, queda cada vez más claro que esta tesis es absolutamente insustentable.
El atentado y todo el contexto que revela dicha acción se inserta dentro de un plan terrorista que busca iniciar un nuevo ciclo de desestabilización del gobierno y la intención de desatar una escalada golpista de resultados imprevisibles, considerando que los sectores de la extrema derecha continúan organizados y conspirando contra las instituciones democráticas del país, especialmente contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y todo el sistema judicial.
El autor del ataque con explosivos era Francisco Wanderley Luiz, un conocido empresario de una pequeña ciudad del Estado de Santa Catarina, al sur de Brasil y también un ex candidato a concejal por el Partido Liberal (PL), el mismo de Jair Bolsonaro. Si bien al momento de su acción suicida se encontraba solo, hasta ahora se ha podido comprobar que él frecuentaba las redes de la extrema derecha y mantenía contacto con algunos parlamentarios de la oposición bolsonarista.
Quienes lo conocieron afirman que Francisco se fue radicalizando desde el triunfo de Bolsonaro en 2018 y desde entonces pasó a tener un discurso cada vez más violento en sus redes sociales contra lo que consideraba las fuerzas demoníacas del comunismo. Desde el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, sus amenazas y su repertorio extremista contra las instituciones pasó a ocupar un lugar central en su vida.
Antes del día del atentado, él ya había visitado el edificio del Supremo Tribunal Federal para reconocer el lugar donde lo efectuaría. Su principal objetivo era el ministro Alexandre de Moraes y “cualquiera que estuviese cerca”, según se lo había declarado a su ex esposa en varias oportunidades. Ella relató a la Policía Federal que desde hace un año Francisco se encontraba obsesionado con la idea de matar al ministro Alexandre.
Por ello, comenzó a viajar con frecuencia a Brasilia y terminó arrendando un pequeño departamento en Ceilândia, una localidad a aproximadamente 30 kilómetros de la Praca dos Tres Poderes, donde se produjo el ataque. Hace cuatro meses que vivía en Ceilândia y desde entonces mantuvo contacto con otros sujetos de la extrema derecha que poco a poco van apareciendo en esta conspiración terrorista en la medida que avanzan las investigaciones por esta acción.
Junto con los explosivos que lanzó contra el edificio del STF y el que finalmente detonó bajo su cabeza, este sujeto había hecho detonar otros explosivos dentro de su auto y, posteriormente, la Policía encontró un trailer llenó de explosivos al lado de su vehículo. Finalmente, cuando los investigadores fueron a su residencia, un robot de la Sección de la Policía Federal especializada en bombas voló por los aires al abrir un cajón especialmente preparado como trampa para matar a quién procediera a tratar de descubrir que había dentro.
Lo anterior permite concluir que, a pesar de que Francisco actuó solo, él no estaba aislado en este acto de terrorismo, sino que formaba parte de una vasta red de apoyo de la extrema derecha la cual en su delirio sedicioso continúa pensando y aspirando que, al crear una situación de inestabilidad política y social, las Fuerzas Armadas podrán intervenir para restaurar el orden y la estabilidad en Brasil.
En ese sentido, este acto es parte de una estrategia que se viene diseñando desde el momento mismo en que Lula da Silva venció las elecciones en octubre de 2022 y que tiene por finalidad acabar violentamente con el gobierno legítimamente electo a través del voto popular.
En última instancia, el individuo que terminó suicidándose cerca de la estatua de la Justicia frente al edificio de STF es parte de un clima ideológico que fue ciertamente alimentado por un ambiente virtual impregnado por el odio y el delirio colectivo que forja personas dispuestas a sacrificar su vida en pos de un objetivo bizarro y de fanatismo irracional.
Todo parece indicar que este atentado forma parte de una estrategia que busca generar las condiciones de temor e inseguridad por parte de la ciudadanía para que los deseos de muchos sectores conservadores y de extrema derecha que existen en el país, presionen, por una parte, a las instituciones, especialmente al Congreso Nacional para que depongan al Presidente Lula por medio de un impeachment como sucedió en 2013 contra la Presidenta Dilma Rousseff.
Desde una perspectiva más audaz –si se puede decir de esta manera- sectores más radicales buscan directamente la participación de las Fuerzas Armadas en un Golpe de Estado que derroque al actual gobierno para imponer un nuevo proceso de dictadura civil-militar disfrazada con una cara de “restauración del orden y la convivencia armónica entre los brasileños”. Como sabemos, este es el mismo argumento que se han erigido en el pasado para imponer dictaduras sangrientas y opresoras en nuestra región latinoamericana y en el resto del mundo.
Paradojalmente, este ataque directo a las instituciones democráticas ha permitido la reacción inmediata de los diversos órganos de la República y de muchos cuadros políticos, autoridades y representantes de un amplio espectro de la sociedad civil, los sindicatos, el mundo académico, parte de la prensa y el público en general, que ven esta acción con profunda desconfianza y la rechazan de plano.
Existe una especie de cordón sanitario democrático que se activó casi que automáticamente ante el riesgo inminente de una escalada extremista y autoritaria. Por ejemplo, todo el debate respecto a otorgarle una amnistía a los vándalos que invadieron y depredaron los edificios de los Tres Poderes el 8 de enero del año pasado, se ha inclinado en este momento en contra de los posibles beneficiados de tal medida.
Ello porque, luego del triunfo de la derecha y ultraderecha en las últimas elecciones municipales y aún más animados por la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos, estos sectores se han visto insuflados en sus demandas para obtener una amnistía no sólo de los condenados por sus actos durante el frustrado Golpe de Estado de enero de 2023, sino de todos aquellos que siguen siendo investigados por su participación, conspiración y financiamiento en estos gravísimos hechos.
En contra de estos pedidos de perdón incondicional, el actual Presidente del STF, Luís Roberto Barroso, ha señalado con loable vehemencia y claridad que “algunas personas fueron de la indignación a la pena, buscando naturalizar un absurdo. No ven que están dando un incentivo para que el mismo tipo de comportamiento ocurra otras veces. Quieren perdonar antes sin siquiera condenar”.
Por su parte, el Ministro Alexandre de Moraes, quien lleva los procesos del frustrado golpe del 8 de enero y principal blanco del atentado ha dicho con firmeza que “esto no es hecho aislado del contexto, es un fenómeno que tuvo su inicio atrás y que resultó en el 8 de enero. Solo es posible esa necesaria pacificación del país con la condenación de todos los criminales. No existe ninguna posibilidad de pacificación con la amnistía a estos sediciosos”.
Entonces, las investigaciones que recién se encuentran en su fase inicial, se pueden transformar en una verdadera “Caja de Pandora” en la que nuevos sujetos y organizaciones aparezcan vinculados a este acto terrorista. Existe la fuerte sospecha de que la mayoría de estos eventuales socios del reciente atentado también hayan participado en los campamentos instalados frente a los cuarteles del Ejército que funcionaron como centros de la conspiración de las invasiones y del frustrado Golpe de Estado del 8 de enero.
Además, la Policía Federal se encuentra en plena investigación desde el día del atentado y hasta ahora un foco de estas pesquisas se encuentran en los mensajes e informaciones contenidos en el celular de Francisco, el que se encontraba junto a su cuerpo. En este caso, los policiales buscan determinar las posibles conexiones del atacante, si hubo personas relacionas con el acto, quién pudo haber financiado el material explosivo y si existe algún grupo radical organizado vinculado al atentado o apoyando con la logística del mismo.
Precisamente porque las indagaciones del atentado seguramente continuarán ofreciendo más detalles escabrosos en los próximos días, considero que las huestes bolsonaristas van a salir perdiendo en el curso del proceso de investigación de los trágicos acontecimientos o por lo menos sus aspiraciones de una amnistía definitiva deberían ser una materia excluida de la pauta del Congreso Nacional en los próximos meses por los actuales presidentes de ambas Cámaras.
En fase final de su mandato, ellos no se van a arriesgar a abrir las compuertas de un debate sobre la acción de grupos considerados terroristas por una parcela cada vez más mayoritaria de los ciudadanos y electores.
En suma, las presiones a favor de la amnistía de los involucrados en la asonada golpista deberían reducir su nivel de intensidad a juzgar por los efectos negativos que ha producido este atentado y por las vinculaciones del mismo ejecutor/suicida con todo el proceso de destitución al gobierno y por su participación efectiva en un conjunto de actividades que representan una amenaza directa a la democracia. Ellas se vienen produciendo prácticamente desde que Bolsonaro ganó las elecciones en octubre de 2018 y se han agudizado aún más desde el triunfo de Lula en octubre de 2022.
La reacción del bolsonarismo frente al atentado
Por una parte, el bolsonarismo está preocupado por el desarrollo de las investigaciones que existen sobre Jair Bolsonaro como principal instigador del Golpe de Estado frustrado, por la descalificación del sistema electoral brasileño y por la apropiación indebida de bienes (joyas) pertenecientes al Estado brasileño.
El atentado efectivamente antecede el probable proceso legal que se debería instaurar contra el ex presidente, cuyo informe elaborado por parte de la Policía Federal se encuentra en su etapa final y con previsión de envío para la Procuraduría General de la República (PGR) y el Supremo Tribunal Federal a comienzos de diciembre.
Luego, este intento de crear una convulsión social parece ser una salida desesperada de algunas vertientes más extremistas del bolsonarismo raíz. Lo más probable es que después de su desastroso epílogo, las demandas por la amnistía de los participantes de los acontecimientos del 8 de enero y la solicitud para la anulación de la inelegibilidad de Bolsonaro van a decaer en los próximos días.
Eso, al menos, hasta que una nueva coyuntura permita hacer reflotar estas exigencias del bolsonarismo utilizando ahora una vía más política de negociación, abdicando de las soluciones más radicales. Aunque siempre existe la posibilidad de que grupos más violentos hagan uso de una táctica terrorista para conseguir sus finalidades.
Sin embargo, tanto Bolsonaro como sus seguidores se han sentido “envalentonados” con el triunfo de Trump. Inclusive el ex presidente que tiene su pasaporte retenido por los actos antidemocráticos cometidos durante su mandato, tuvo la desfachatez de reclamar a la justicia la devolución de su pasaporte después de la victoria del republicano.
Su argumento era que Trump lo invitaría al acto en que este asumiría su mandato y la justicia brasileña no le podría “negar algo tan importante a la persona más poderosa del mundo” (sic). Su tono de servilismo y sumisión fue tan absurdo que hasta algunos de sus propios correligionarios encontraron exagerado el apelo de Bolsonaro y señalaron que Brasil debería defender su soberanía, aunque igual abogaron por una solución negociada para que Bolsonaro no solo pueda concurrir a Washington, como que sea absuelto de todos los crímenes y delitos que se encuentran acumulados en la Justicia brasileña.
Por otra parte, el protagonismo que ha adquirido Elon Musk en este proceso de reinstauración del conservadurismo estadounidense, está alentando a los sectores bolsonaristas para que tanto la Casa Blanca como el Congreso norteamericano vayan creando un cerco sobre el Poder Judicial brasileño y especialmente sobre el ministro Alexandre de Moraes.
Las restricciones impuestas por este ministro a Elon Musk y a su red social X (ex Twitter) representaron una tremenda pérdida a la hora de difundir sus mentiras y sus mensajes llenos de paranoia y desinformación hacia otras plataformas electrónicas. Ahora ellos esperan recuperan el control hegemónico sobre esta y otras redes para seguir diseminando sus discursos de odio y autoritarismo dentro y fuera de Brasil como una forma de compensar el tiempo perdido durante la sanción aplicada por Alexandre de Moraes a la red X, propiedad del magnate e ideólogo extremista de derecha sudafricano.
En todo este entramado, las redes sociales han desempeñado un papel enorme en la radicalización de la derecha. Ya se encuentra suficientemente estudiado como a través de los algoritmos, organizaciones como Cambridge Analytica utilizaron los datos de millones de usuarios para catalogar algunos perfiles y profundizar con informaciones falsas o fakenews los rasgos de aquellas personas que mostraban una inclinación hacia posiciones conservadoras o directamente neofascistas.
En eso las milicias digitales de la extrema derecha han sido tremendamente exitosas y su trabajo en torno a la difusión e intensificación de discursos de violencia y odio no solamente contra la democracia, sino también contra la diversidad, la diferencia y la pluralidad de personas, ha rendido excelentes frutos en esos términos.
Hace un tiempo, expuse en un artículo titulado Genealogía y bases del neofascismo brasileño, los mecanismos utilizadas por la ultraderecha brasileña para introducir en la mente de miles de habitantes de este país los discursos de odio e intolerancia utilizando las redes sociales y destruyendo la imagen de políticos y figuras democráticas reconocidas, para superponer a esta furia demoledora aspectos de un nacionalismo fanático, adosado con sentimientos de homofobia, xenofobia, superioridad racial, misoginia, clasismo y desprecio por la cultura, el arte y la producción intelectual que terminaron por crear una masa de electores influenciados por ideas retrogradas que llevaron al poder a una persona descalificada y grotesca como Jair Bolsonaro. Lo mismo se puede decir en el caso de Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Recep Erdogan, Benjamín Netanyahu y tantas otras figuras deleznables que actualmente administran muchas naciones del planeta.
En ese contexto, el atentado se puede leer muy claramente a partir de este sentimiento de triunfo global de la extrema derecha que ha provocado en Brasil –y en el resto del planeta- la reciente victoria de Trump. Si Bolsonaro va a conseguir revertir las decisiones de la justicia o si va a obtener un indulto presidencial cuando sea condenado es un asunto que está por verificarse.
Mientras tanto, “la batalla de las ideas” se va a seguir dando en Brasil, aunque hay que reconocer que después de su indesmentible triunfo en las elecciones municipales de octubre pasado, los sectores ultra conservadores se sienten más estimulados a romper el tablero y las reglas de juego democrático para pasar imponer un régimen autocrático durante los próximos años.
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