La denuncia no fue respondida por el Estado de Chile dando pie a que la Comisión Interamericana acogiera la causa. Se refiere a un caso por falsificación de instrumento público y de timbres de policía internacional usados en una causa de menores de 1995. Altos abogados del Consejo de Defensa del Estado y fiscales del Ministerio Publico también son nombrados en la demanda por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Por Equipo ElPensador.io.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió a tramitación una demanda contra el Estado de Chile, por denegación de justicia de parte del Ministerio Público, acusación que involucra directamente al actual titular de esa institución, Jorge Abbott.
La demanda presentada por Michel Chamás fue acogida en febrero pasado, abriéndose el caso 13.471, luego que el Estado no respondiera las notificaciones durante la etapa de admisibilidad, y le da plazo hasta el próximo 2 de junio para presentar una defensa o descargo frente a las acusaciones.
El caso de Chamás-Piedrabuena parte en 1995, tras su separación de la sobrina del entonces Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena, quien se llevó a España a los hijos de la pareja. La salida fue denunciada como ilegal por el padre de los menores y en el juicio se habría presentado documentación falsa por parte del abogado de la mujer, Davor Harasic, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que el mismo jurista admitió posteriormente en una declaración judicial.
El conflicto judicial se repite en 2005, cuando se presentó una denuncia contra Juan Piedrabuena, sobrino del entonces Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena, por “sustracción de menores y presentación de documentación falsa en juicio civil” al Tribunal de Garantía de Viña del Mar y que, según la acusación de Chamás, fue deliberadamente obstruida por el fiscal Abbott y sus subalternos –culpa directamente al ex fiscal jefe de Viña de Mar, Rolando Melo y a los fiscales Claudio Rebeco y Pablo Gómez- como una forma de encubrir los delitos apuntados a Harasic y Juan Piedrabuena.
Chamás denunció ante el Ministerio Público presentación de documentos y timbres del Estado falsos por parte de Davor Harasic ante la Corte de Apelaciones, y por Juan Piedrabuena ante los tribunales de Viña del Mar (delito que inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo público).
Las sucesivas denuncias de Chamás quedaron incoadas bajo el entonces Fiscal Regional de Valparaíso, Jorge Abbott, a quien acusa de impedir cualquier avance en la investigación (al punto que el entonces senador Nelson Ávila debió oficiar que informara las razones) y entregó el caso a fiscales adjuntos como Claudio Rebeco y Pablo Gómez, quienes sucesivamente se habrían negado a investigar, no acogiendo ninguna de las diligencias solicitadas por la parte acusadora negándose a formalizar a los acusados y solicitando el cierre de las causas.
En el caso del fiscal Gómez, Chamás denunció ante Abbot y el entonces Fiscal nacional Sabbas Chahuan que el fiscal Pablo Gómez (que actualmente investiga el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de SQM) no solamente obstruyó la investigación y se negó a perseguir el delito, sino además –se denuncia- el mismo fiscal habría presentado falso testimonio en la audiencia en que se vio una de las denuncias.
En 2008, denunció lo que considera una denegación de justicia por parte de Jorge Abbott, por haberse negado a investigar y perseguir las causas ante él denunciadas, y en 2016 presentó los antecedentes ante la CIDH, los que hasta ahora no han sido respondidos por el Estado de Chile tras ser notificado de los antecedentes que el denunciante presentó desde 2006-7.
ElPensador.io solicitó un comentario ante la oficina de prensa del Fiscal Nacional y los encargados de prensa de Davor Harasic, pero no hubo respuesta.
