Sr. Director:
Como cada año, el 1 de mayo pasado conmemoramos tanto tragedias laborales como logros y avances en materia de dignidad y derechos de los trabajadores. Respecto de las condiciones materiales de trabajo, hemos sabido desarrollar normas de seguridad física, condiciones de salubridad ambiental, prevención de accidentes y siniestros, y cobijo ante incapacitaciones. A la luz de la pandemia de COVID-19, resulta perentorio el trabajo coordinado entre los ministerios de Salud, Trabajo, Transportes y Educación para actualizar a la brevedad el estándar científico de las normas sanitarias sobre salubridad en los espacios de trabajo, locomoción, educación, alimentación y centros asistenciales, con su consiguiente fiscalización. Gracias a nuestras normativas, podemos confiar en obtener agua potable para beber con seguridad y tranquilidad, debiéndose cerrar aquella instalación que no cuente con ella o servicios higiénicos al propagarse el COVID principalmente mediante aerosoles —símil al humo de cigarrillo—. Necesitamos y debemos normar la provisión de aire fresco renovado o filtrado, medido, bien mezclado y en caudal suficiente según aforo y actividad, con renovaciones totales de al menos seis veces por hora.
Así como certificamos antiparras o zapatos de seguridad, capacitamos y mandatamos su uso, necesitamos y debemos normar las características de filtrado de los respiradores (K)N95, promover su uso correctamente sellado —y sin barba—, exigiendo su uso en espacios cerrados —o abiertos con proximidad— tal como el cinturón de seguridad en automóviles o extintores en edificios. Las secuelas de Covid Largo ocurren —o terminarán ocurriendo— incluso en vacunados, sean o no asintomáticos o los mal llamados «leves»; peor todavía, ante las reinfecciones posibles al cabo de dos semanas.
El daño multiorgánico de largo plazo ya está comprometiendo mundialmente tanto la calidad y expectativa de vida de la población como la disponibilidad de fuerza laboral, aunque todavía sean pocos los países midiéndolo, como Reino Unido, donde se estima discapacidad de 400 mil trabajadores e impacto económico en torno a los 8 mil millones de libras a 2022.
¿Qué hecatombe sanitaria y económica estamos sembrando para esta década en nuestro Chile? Nos queremos, debemos y necesitamos sanos. Los brotes de contagio colectivo no son accidentes sino siniestros prevenibles y han de ser activamente precavidos obligatoriamente con la debida regulación y responsabilidad laboral, civil y penal. Tal ha de ser la nueva normalidad que permita no solo sobrevivir habiendo Covid, sino que vivir bien sin Covid; lo otro es un suicidio colectivo, una negligencia criminal y un genocidio.
Luis León Cárdenas Graide, Ingeniero Civil en Computación, Universidad de Chile