Por Sergio Salinas Cañas.- Como sostiene el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), mientras que la mayoría de los conflictos surgidos en el transcurso del siglo XX tuvieron lugar entre Estados y su raíz en diferencias ideológicas o en el afán de conquista territorial, desde 1989 casi todos aquellos considerados de importancia han tenido lugar dentro de los Estados, alimentados por exigencias de autodeterminación o por la búsqueda de un adecuado reconocimiento de la identidad de una determinada comunidad.
Chile no ha sido la excepción, como quedó establecido en la encuesta Bicentenario 2017, en la cual uno de los conflictos que más preocupa a los chilenos es el llamado “mapuche”. Este conflicto en la Macro Zona Sur que actualmente se encuentra en la cima de la agenda mediática, lo podemos definir como un “conflicto profundamente arraigado”. Estos conflictos se originan principalmente al interior de los Estados y combinan dos poderosos elementos: un importante componente de identidad basado en las diferencias de raza, religión, cultura o idioma o cualquier otro rasgo de identificación de un grupo comunidad, y un desequilibrio percibido en la distribución de los recursos económicos, políticos y sociales. A lo que puede sumarse una cosmovisión o religión distinta.
Los conflictos étnicos –como ha señalado el experto mexicano Rodolfo Stavenhagen en su clásico texto “Conflictos étnicos y Estado nacional. Conclusiones de un análisis comparativo”- no sólo se componen de atributos objetivos, sino también de creencias y sentimientos subjetivos, intensos respecto a esos atributos, lo que contribuye a “cristalizarlos” de alguna manera, o en ocasiones hasta crearlos y construirlos cuando en la realidad no están presente.
Este nuevo tipo de conflictos, donde la ideología ha quedado relegada frente a lo identitario, representan un cambio significativo en la exteriorización de los conflictos, pero la respuesta frente a ellos no ha ido acompañada por nuevos métodos de gestión de este tipo de conflictos intraestatales.
El manejo pacífico de conflictos internos requiere planteamientos nuevos, acorde a los contextos que vivimos, dejando estereotipos y prejuicios encarnados en nuestra cultura. Además, se debe reconocer, valientemente a mi juicio, que enfrentar este tipo de conflictos profundamente arraigados requiere también crear estructuras políticas internas perdurables, representativas y con legitimidad ciudadana, no basta los escaños reservados para esto, que modifiquen las formas que quedaron obsoletas para manejar conflictos con actores externos. Como sostienen la mayoría de los organismos internacionales y prestigiosos centros de investigación para la paz, los planteamientos tradicionales fracasan con demasiada frecuencia al abordar las necesidades y los intereses que se encuentran en la base de estos enfrentamientos, lo que se traduce en intentos por imponer soluciones inadecuadas de manera provisional e inapropiada. En este sentido, no es descabellado pensar en solicitar ayuda a observadores o mediadores internacionales, como lo planteó el senador Huenchumilla, sino somos capaces de entenderlo, manejar o transformarlo nosotros mismos.
La pregunta central de esta columna gira en torno a cómo se puede alcanzar un acuerdo que proporcione un resultado pacífico y perdurable destinado a resolver un conflicto violento. Nuestra respuesta es: mediante la estructuración, tanto del proceso de negociación como de los resultados acordados, de tal forma que permita incrementar al máximo las perspectivas de que la democracia arraigue en el período posconflicto y con ello la paz y el desarrollo de una sociedad.
Y en esto tenemos mucho que aprender, ya que América Latina no sólo ha entregado conflictos armados sino también procesos de negociaciones de paz exitosos en varios países y en distintos momentos de la historia. El colombiano es un caso paradigmático de los conflictos internos profundamente arraigados; la irresolución de las verdaderas causas que generaban los sucesivos conflictos provocó ciclos recurrentes de violencia en u historia. En este caso, tal como lo señalan los manuales de prevención de conflictos de las Naciones Unidas, existían cuatro problemas estructurales que interactuaban y se alimentaban mutuamente de forma que, en caso de lucha focalizada en alguno de ellos, se retroalimentan unos a otros. Estos elementos eran (son): la desigualdad social, la ausencia del Estado, la inseguridad humana y el narcotráfico. Cualquier solución que pretenda una paz duradera debe tener, por tanto, un enfoque integral.
Un caso absolutamente distinto a las tradicionales negociaciones de paz se vivió en el país vasco y que constituye un interesante modelo a analizar. El proceso de paz en la comunidad autónoma vasca culminó pese a que no responde al formato clásico, basado en las negociaciones o el diálogo entre un Estado y un grupo armado. Su carácter novedoso está dado, también, por la no participación del gobierno central español y los partidos nacionales y el protagonismo que han tenido otros actores involucrados: el gobierno vasco, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y facilitadores internacionales.
El primer hecho clave se dio en la Conferencia de San Sebastián (Palacio de Aiete de la ciudad de San Sebastián) el 17 de octubre de 2011, que culminó con la denominada “Declaración de Aiete”, en la que se pedía a ETA el cese de la violencia y el inicio de conversaciones por parte de los gobiernos de España y Francia para abordar las consecuencias del conflicto. Nuevamente, acudieron personalidades de la política y la pacificación, tales como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan Powell, demostrando el protagonismo que han tenido los actores internacionales. Posteriormente se sumaría Naciones Unidas.
La Declaración de Aiete señala que “sabemos también de nuestra propia experiencia que cuando hay una verdadera oportunidad para alcanzar la paz debe ser aprovechada. La creciente exigencia de la ciudadanía de este país y sus representantes políticos para superar el conflicto mediante el diálogo, la democracia y la completa no violencia ha creado esta oportunidad. En base a esto, pensamos que es posible terminar hoy con más de 50 años de violencia y alcanzar una paz justa y duradera”.
Esta conferencia fue organizada por Lokarri, movimiento social de carácter pacifista, y por el mediador internacional, Brian Currin, lo que dejó de manifiesto nuevamente el protagonismo que han tenido otros actores involucrados. Para demostrar la gran convocatoria que tuvo este encuentro en la comunidad autónoma vasca, se puede señalar algunos de los participantes más importantes: entre los partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, Eusko Alkartasuna y la Izquierda abertzale, entendiendo por tal a los simpatizantes del partido político ilegalizado Batasuna. En cuanto a las instituciones participantes se puede mencionar el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa. También participaron la Confebask-Euskal Enpresarien Konfederakuntza (Confederación de Empresarios Vascos) y confederaciones y sindicatos de trabajadores.
Luego de la Conferencia de San Sebastián, el otro hito en este inédito proceso de paz, que trabajó por el desarme de ETA, fue la conformación de la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Este grupo estuvo conformado por seis personas que tiene experiencia internacional en procesos de paz y seguridad, como han sido los conflictos en Irlanda del Norte, Sudáfrica, Sri Lanka, Kosovo, Tanzania, Irak y Nepal, cuya labor en el país vasco no ha contado con el aval del gobierno español, aunque sí con el reconocimiento de las instituciones y los partidos vascos. Este grupo se constituyó en septiembre de 2011, un mes antes de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada.
El punto complicado era el desarme, fue, como señaló en esa oportunidad el académico catalán Vicenç Fisas, cómo incorporar al Estado español, a este proceso unilateral de desarme de ETA. Fisas sostuvo que en los casos que grupos que abandonan la lucha armada sin una negociación formal previa, “nunca se ha dado el caso de que un Estado, con todas sus instituciones, no hayan favorecido el desarme final de un grupo armado que ha sembrado el terror en su territorio, y que ha decidido no utilizar nunca jamás las armas”.
Como hemos visto, en las sociedades complejas que existen la actualidad se necesita más que nunca diálogo sostenible y estratégico que fortalezcan una cultura del encuentro, del aprecio por la diversidad, la innovación, la inclusión y la transparencia en nuestras comunidades y la sociedad en general en el ámbito social, cultural, artístico, científico, ciudadano, económico, político entre personas e interinstitucionales.
Además, necesitamos “terceras partes “validadas en la sociedad chilena. Entendemos por este concepto, todos aquellos actores que son y juegan el rol de facilitadores de procesos de diálogo, negociación, resolución y/o transformación de conflictos, cumpliendo diversos papeles como terceras partes o tercer lado. Entre ellos, hay institutos y centros que ofrecen garantías a las partes para el tratamiento adecuado de conflictos estancados o empatados en la búsqueda de salidas co-construidas. Es decir, necesitamos constructor de puentes nacionales o internacionales, un organismo multilateral o internacional, un programa o centro universitario, personas legitimadas, personalidades públicas, científicos, artistas, constructores del bien compartido, gente que reconoce en las partes conflictuadas, historias legítimas, razones de ser, capacidades de diálogo. Es urgente que seamos valientes y decididos.
Sergio Salinas C. es Doctor en Estudios Latinoamericanos y autor de “Conflictos y nuevos movimientos sociales”.
