Miguel Mendoza revisa los principales casos de corrupción recientes que revelan cómo la crisis institucional y la desconfianza pública están debilitando la democracia y el Estado de Derecho.
Por Miguel Mendoza Jorquera.- Chile ya no está “descubriendo” la corrupción: está asumiendo, a golpes y con atraso, lo que durante años prefirió negar bajo el barniz de una excepcionalidad imaginaria. Nos vendieron la idea de una “isla de probidad”: un país serio, ordenado, casi nórdico… pero con acento. Hoy esa postal se quema sola, expediente tras expediente, como si la realidad hubiera decidido cobrar con intereses la soberbia del relato.
Lo indecente no es que existan corruptos —eso sería ingenuidad biológica—. Lo obsceno es la metástasis: la forma en que aprendimos a convivir con la mugre, barriendo bajo la alfombra hasta que la alfombra dejó de tapar y empezó a levantar el piso. No fue un accidente: fue un estilo. No fue un desliz: fue cultura. Una cultura que funcionó demasiado tiempo porque era cómoda: permitía seguir con la vida normal mientras el Estado se iba convirtiendo en un botín parcelado.
Antes de que aparezca el coro de defensas corporativas, dejemos algo claro: no todos los servidores públicos son delincuentes. Hay miles de funcionarios en hospitales periféricos, consultorios que no dan abasto, escuelas rurales, tribunales atiborrados, servicios sin presupuesto y equipos agotados, que sostienen este país con turnos inhumanos y sueldos que apenas alcanzan el fin de mes. Esa gente es la reserva moral que todavía evita que la República se derrumbe por completo.
Y precisamente por respeto a ellos, la rabia no puede ser tibia. Porque mientras el funcionario honesto cuida el último peso del presupuesto, otros convirtieron el cargo en licencia de corso: para cobrar, blindar, extorsionar, traficar o mover influencias. El problema ya no es “corrupción” como palabra abstracta. El problema es el modelo: el Estado usado como herramienta de negocio privado. La democracia reducida a su forma más primitiva: el botín.
Casos emblemáticos
- Caso Audios–Factop: radiografía de un sistema con operadores y favores. El regreso de Luis Hermosilla a prisión preventiva por lavado y sobornos reiterados recordó que la corrupción no siempre se viste de billete: a veces se viste de agenda, contactos y silencios administrados.
- Caídas judiciales: las destituciones de Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Diego Simpertigue y Antonio Ulloa evidencian que la justicia puede pasar de pilar a institución bajo sospecha.
- Caso Muñeca Bielorrusa: Codelco, empresa estratégica, golpeada por un perjuicio de $17.000 millones.
- Caso Convenios y ProCultura: el relato social convertido en disfraz del malversador, con el gobernador Claudio Orrego enfrentando solicitudes de desafuero.
- Barrio Meiggs: 12 Carabineros formalizados por extorsión, cobrando “protección” a locatarios.
- PDI: dos últimos directores generales —Héctor Espinosa y Sergio Muñoz— imputados por delitos graves.
- Fuerzas Armadas: casos de narcotráfico y tráfico de armas en el Ejército y la FACh.
- Operación Apocalipsis: 47 gendarmes formalizados por corrupción en cárceles, con un botín de más de $6.300 millones.
- Caso Manuel Monsalve: acusación por delitos sexuales contra una subalterna, reflejo brutal de la asimetría del poder.
El costo social
La ciudadanía paga esta fiesta:
- Cuando espera meses por una interconsulta.
- Cuando siente que el delincuente tiene mejores redes que el ciudadano común.
- Cuando el Estado exige probidad, pero tolera privilegios en sus cúpulas.
- Cuando la confianza social se evapora y denunciar parece inútil.
Chile padece una pulsión suicida: reducir el escándalo a un “problema comunicacional”. Cambiar rostros, no reglas. Anunciar “mano dura”, pero dejar intacta la maquinaria que permite el abuso.
La pregunta ya no es si nos fuimos al carajo: la evidencia es abrumadora. La pregunta política y moral es otra: ¿hasta cuándo vamos a seguir validando este saqueo con silencio, resignación y normalización?
Porque el país no resiste una alfombra más. O limpiamos a fondo —con reglas, controles, sanciones reales y transparencia radical— o aceptamos que la República ya no es república: es una hacienda de contactos, favores y privilegios, donde el ciudadano paga la cuenta y otros se reparten el botín.
Miguel Mendoza Jorquera, Tecnólogo Médico – MBA
