Por Luis Jiménez Cepeda.- En política hay declaraciones que envejecen mal. Sólo habría que revisar aquellas realizadas en el contexto del estallido social, por las actuales autoridades de gobierno, en contra del actuar de Carabineros. Efectivamente, a partir de octubre de 2019 las opiniones fueron tomando más dureza llegando al punto de proponer la desaparición de este cuerpo de seguridad y, por cierto, su trasformación. En esos días de locura se dijo de todo. Después vino la pandemia y producto al temor de contagiarse el rol del control policial se revalorizó.
Sin embargo, algo se incubaba en medio de esos dos procesos: el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad mientras miles de personas se colaban por nuestra frontera norte, hacían que el precario equilibrio postpandemia pendiera de un hilo. La migración descontrolada y el aumento de la pobreza trajo un nuevo fenómeno: sicariato, secuestros y asaltos cada vez más violentos, comenzaron a aterrar a la población y ante la famosa pregunta: ¿Y ahora quien podrá defendernos? La respuesta se dirige nuevamente a las policías (Carabineros y PDI) e incluso los militares.
Su efectividad depende de más recursos: financieros, técnicos y de personal, pero también de nuevas atribuciones: mayores grados de represión requieren de nuevas facultades para que dicho personal no termine procesado por abusos de poder o violaciones a los derechos humanos y quienes atenten contra ellas purguen penas más altas.
En este contexto tanto la derecha como parte de la izquierda se disputan paradojalmente el apoyo. Lo tiempos cambian, tanto es así que con los cuerpos legales, discutidos con premura en el congreso, se logrará una transformación institucional no menor que por cierto no es la invocada en el contexto del estadillo social, veamos:
La Ley Naín -Retamal, que recibe los apellidos de personal fallecido en cumplimientos de servicio y que aumentará las penas por delitos cometidos en contra de dichos efectivos, exige la entrega de herramientas para su protección; y les otorga un mecanismo de “legítima defensa privilegiada”. Este último punto ampliamente debatido en el Congreso, implica que en el caso de crímenes contra Carabineros habrá una pena accesoria cuando el condenado sea extranjero. Acá se aplicará la expulsión del territorio nacional con prohibición absoluta perpetua de retorno.
Así las cosas, a tres años del estallido social, las policías se transforman y el resultado de la aplicación de estas normas sólo lo dirá el incierto futuro.
Luis Jiménez Cepeda es académico de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la UCEN