ElPensador.io.- El tribunal laboral de Talca conminó a la Universidad Católica del Maule a terminar con la práctica ilegal de reemplazar trabajadores que se encuentren en huelga legal. La disposición emanó el pasado 3 de octubre desde el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca al constatarse que no cumplía ni siquiera con las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo.
En efecto, en el fallo se señala que al menos en tres ocasiones los inspectores laborales constataron que la UCM había reemplazado trabajadores, corrigiendo la situación al momento de ser sorprendidos. Pero la práctica se mantuvo en el Centro de Extensión de la casa de estudios, ante lo cual el tribunal determinó el cese “de inmediato cualquier actividad (incluyendo actividades de difusión vinculadas a ella) que de cualquier forma implique la utilización de reemplazantes de los trabajadores que ejercen su derecho a huelga y que realizaban funciones directa o indirectamente” en esas dependencias universitarias.
La UCM es una entidad con personalidad jurídica fundada y administrada por la Iglesia Católica, y su Gran Canciller es la autoridad eclesiástica de Talca. Por ello, hoy ese cargo lo ejerce el administrador apostólico de esa diócesis, monseñor Galo Fernández.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica del Maule informó que esta medida sigue a casi 2 años de suspensión de la negociación colectiva “por el ejercicio de acciones legales de la empresa buscando privar a nuestro sindicato de negociar colectivamente”.
Pese al fallo, sin embargo, el sindicato denunció que la Universidad Católica del Maule volvió a abrir el Centro de Extensión y a usar personal de reemplazo, ante lo cual advierten que la institución de educación se expone a multas y sanciones de parte de las autoridades laborales.
Acusaciones anteriores
Esta no es la primera vez que la institución de educación eclesiástica es acusada de prácticas antisindicales. En 2017 ya fueron denunciados por intentar evitar la negociación colectiva escudándose en el artículo 304 del Código del Trabajo, que exime de ese mecanismo a las entidades cuyos ingresos provengan en más de un 50% desde el Estado. Ese año, gracias a la Ley de Gratuidad Universitaria, pasaron ese porcentaje y la institución intentó evitar de inmediato el actuar sindical.
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