Por Diego Ramírez Sánchez y Sergio Salinas Cañas.- En Brasil, el 24 de diciembre fue detenido un empresario bolsonarista por un atentado frustrado en Brasilia. George Washington Oliveira Sousa, que participaba en una acampada frente al cuartel del ejército brasileño en la capital exigiendo un golpe de Estado, buscaba detonar una bomba en un camión de combustible cerca del aeropuerto para que se decretara un estado de sitio. Además de la explosión del camión, el hombre dijo que el grupo pretendía hacer explotar instalaciones de la central eléctrica de la capital federal: “Una mujer desconocida sugirió a los manifestantes que se instalara una bomba en la subestación de energía en Taguatinga para provocar la falta de electricidad y dar inicio al caos que llevaría a que se decretara el estado de sitio”, sostuvo.
El 8 de enero, agitadores pro-Bolsonaro invadieron y saquearon el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio de gobierno del país, con la intención, según muchos de ellos, de incitar a los líderes militares a derrocar a Lula, quien había asumido el cargo una semana antes. El ataque caótico, que conmocionó al país y que dio la vuelta al mundo, tuvo un parecido inquietante con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021: cientos de manifestantes de derecha, alegando que una elección estuvo amañada, entraron a los pasillos del poder.
El conflicto político en Brasil es heredero de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) liderados por el Presidente Lula da Silva entre 2003 y 2011, y continuados por la Presidenta Dilma Rousseff hasta su destitución por el Poder Legislativo en 2016, en medio de un proceso de importantes protestas sociales desde 2015, y de un escándalo de corrupción en torno al manejo de la empresa estatal petrolera Petrobras. El PT fue muy golpeado por la investigación judicial por corrupción (junto a un gran espectro de la política del país), y aunque se anuló la sentencia en contra del ex Presidente Lula, en un sector de la población ligada a la derecha las acusaciones de corrupción hacia el PT quedaron instaladas como una verdad irrefutable. Es importante notar que el sucesor de Dilma Rousseff, Michel Temer, fue su vicepresidente, y que durante el proceso de destitución se filtró un discurso de su autoría en el que se daba por hecho su destitución y proponía un gobierno de salvación nacional, siendo en 2017 también acusado de corrupción.
Es en este contexto de amplio descrédito de los partidos políticos tradicionales que en 2018 Jair Bolsonaro logró ser electo Presidente por el Partido Social Liberal, un partido de extrema derecha que hasta entonces había estado en los márgenes de la política formal.
La Presidencia de Jair Bolsonaro estuvo marcada por las polémicas, tanto en torno a sus respuestas a la pandemia de Covid-19 como a sus posiciones socialmente conservadoras hacia el aborto, la llamada “ideología de género” y el traslado de su embajada en Israel a Jerusalén.
La anulación de los cargos en contra del ex Presidente Lula le permitió a este recobrar sus derechos políticos, con lo que pudo competir en contra del Presidente Bolsonaro en las presidenciales de 2022, derrotándolo en segunda vuelta en un proceso electoral marcado por las acusaciones de fraude por parte del bolsonarismo, y la demora del Presidente en ejercicio en reconocer su derrota. Con todo, los sectores ligados a la ultraderecha consiguieron los mejores resultados de su historia, tanto en ambas cámaras del Poder Legislativo como a nivel de gobernaciones estatales. El nuevo Gobierno del PT será en minoría parlamentaria, ya que, si bien logró recuperar escaños, nunca ha logrado una mayoría electoral en las cámaras del Congreso brasileño, y esta vez no fue la excepción, estando ambas dominadas por los partidos de derecha.
Esta situación no es extraña en el pasado reciente de las distintas izquierdas, y ya la sufrió el presidente Obama en Estados Unidos desde 2010, el presidente Boric en Chile, Castillo en Perú y el mismo Lula entre otros. La derecha ha logrado una importante resiliencia electoral a nivel territorial aunque no logre ganar las elecciones presidenciales.
Luego de la derrota presidencial, el bolsonarismo ha actuado con diversas líneas de acción, no necesariamente coordinadas ni vistas como complementarias, es decir, se aprecia un vacío estratégico y táctico global en su sector.
Mundialmente la ultraderecha pareciera estar en un momento de estancamiento dentro de un proceso que le ha entregado varias victorias en los últimos años. A los gobiernos de Orbán en Hungría, de Meloni en Italia, y de Modi y Erdogan en India y Turquía respectivamente, se ha sumado el gobierno de derecha más extremista y anti-palestino en la historia de Israel. A pesar de esto no se han visto avances generalizados si se considera el resto de Europa Occidental, Estados Unidos, en donde el “Trumpismo” continúa con mucho poder dentro del GOP (Partido Republicano), pero en donde estuvo muy lejos de poder derrotar masivamente a los demócratas en las midterms, y Latinoamérica, en donde la derecha ha cedido protagonismo a izquierdas de diversas graduaciones. Además, la crisis económica, marcada por la pandemia mundial y la guerra en Ucrania, genera presión sobre todas las economías del mundo, siendo Brasil un país que no es inmune a la crisis económica mundial.
Esta debilidad internacional de la ultraderecha, así como la presión que la crisis económica genera en el sistema político general, podrían ser catalizadores del conflicto.
El 21 de enero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, dos semanas después de la intentona golpista perpetrada por bolsonaristas radicales en Brasilia, informó el ministro de Defensa, José Múcio. “Las relaciones, principalmente con el Ejército, sufrieron una fractura en el nivel de confianza. Por eso, pensamos que era necesario estancar eso pronto para poder superar este episodio”, declaró Múcio ante los periodistas en Brasilia.
La dinámica del conflicto político en Brasil ha estado marcada por su complejidad. En este sentido ha habido una cierta escalada por parte de los sectores bolsonaristas más radicalizados, pero a los que el Gobierno ha podido aislar de los más moderados e institucionalizados justamente a raíz de las acciones de masas de los primeros, apostando por una desescalada de las acciones masivas callejeras.
La actitud de Jair Bolsonaro, debido a su carácter zigzagueante, no ha podido ser una guía clara para sus adherentes en el país, ni ha permitido que radicales y moderados complementen sus acciones. Se considera que la dinámica continuará del mismo modo por el momento, con una continuidad en la radicalización de los sectores más extremos del bolsonarismo, al menos hasta que avancen las investigaciones judiciales (que han incluido masivos encarcelamientos a quienes han estado involucrados en los sucesos de Brasilia), la actitud del ex Presidente Bolsonaro se decante por algún curso de acción claro, los gobernadores y legisladores bolsonaristas se decidan por una estrategia clara y las FF.AA. se desmarquen (o no), de las actitudes violentistas.
Es probable que el Gobierno continúe utilizando los elementos legales de los que dispone para reprimir las acciones que se interpreten como golpistas, buscando aislar a los más radicales y judicializando la persecución, evitando movilizaciones de las bases de apoyo del gobierno, evitando así choques callejeros masivos y tensionando la relación entre el bolsonarismo violentista y las fuerzas de seguridad y/o militares que las deban reprimir. Ante esto es posible que la frustración y/o la incertidumbre del camino a seguir haga que sectores de ultraderecha se radicalicen aún más y generen algún tipo de acción más extremista.
De esta manera se observa que antes y después de las elecciones brasileñas, el bolsonarismo no ha logrado presentar un frente unido, ni tampoco ha podido complementar las acciones de sus distintas expresiones, moderadas y radicales. Esto se ha visto agravado por el rol jugado por el mismo ex presidente Bolsonaro, que no ha ejercido una dirección clara sobre sus seguidores, los que, al parecer, han ahondado sus diferencias. El Gobierno ha reaccionado muy rápidamente, judicializando la persecución a las acciones de masas violentas del bolsonarismo radical, evitado los choques callejeros y removido a los mandos aislados que se han visto involucrados sin dilación. Esta por ver la reacción del bolsonarismo ante este complejo escenario, pero ante las diversas presiones es posible que algún grupo minoritario se radicalice aún más, mientras la mayoría se desmovilice, negocie o espere mayor claridad.
