Por Librepensadores por la Fraternidad.- Son solo horas después de la marcha del 25 de octubre, en la que millones de personas se congregaron en las distintas ciudades del país y donde las imágenes que nos quedan dando vueltas son las de una Alameda de Santiago atiborrada de ciudadanos. Más de un millón caminando con la intención de manifestar claramente que no están presentes sólo por sus propios problemas, sino también por los problemas de los demás. En fin, personas deseosas de que se les considere ciudadanos, que les sean respetados sus derechos, sin renegar de sus deberes, y que fueron capaces de organizarse para dar cuenta de sus molestias y afirmar sus sueños.
Y los sueños que se vienen tienen que comenzar con un nuevo marco jurídico que dé cabida a los afanes de justicia social por tantos años esquilmados y disfrazados de una solidaridad en la que siempre ha estado ausente el Estado. Es dentro de este marco jurídico en donde se deberán gestar los cambios profundos y necesarios que el pueblo clama.
Escuchamos por mucho tiempo que quien hablara de nueva constitución se le demonizaba o se le ofendía. “Esos no son los problemas reales de la gente”… «A la gente no le interesa una nueva constitución, quieren otras cosas». Lógica, ahora, totalmente desgastada y poco realista. Es por ello que urge contar con una carta fundamental nueva y democrática, en cuya elaboración todos podamos participar y establecer nuevas reglas como fundamento esencial en los cambios requeridos.
Una nueva constitución es lo que refrenda y fortalece el pacto social y en la que deberá fundarse el Chile que debe aparecer luego de estos días de octubre. La constitución como carta fundamental es la hoja de ruta que se da un país para establecer sus bases políticas y sociales, es el real acuerdo o pacto social que todos, como sociedad, debemos acordar y compartir.
El historiador Gabriel Salazar ha expresado en diversas oportunidades que nuestra historia política como nación ha estado carente de una cierta legitimidad ya que sus cartas fundamentales han sido acordadas por la oligarquía dominante entre 1833 y 1980. Hoy nos encontramos con una preciosa oportunidad de hacer un giro para proponer una constitución acordada y compartida por todos los chilenos.
No es un secreto para nadie la base de deslegitimidad de la constitución que nos rige. Debemos pasar de una constitución subsidiaria a una solidaria, aquella que permita la participación del Estado no sólo en aquellas áreas donde la iniciativa privada no se produzca, sino también donde el Estado actúe como garante del bien común de sus ciudadanos. Una constitución que proteja y promueva su real bienestar.
El experimento neoliberal a ultranza que ha asumido Chile en las últimas décadas debe cambiar constitucionalmente. Esto será la única manera de reconocernos como ciudadanos para seguir pensando el Chile que viene. Y esto es solo el comienzo.