Una red que involucró a la plana mayor del Partido Popular fue sentenciada esta semana con condenas de hasta 50 años de cárcel dio el motivo para una moción de censura que logró la mayoría en el Congreso.
Equipo Internacional.- El caso Gürtel fue la lápida del ahora ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Al frente del Partido Popular y del ejecutivo desde 2011, había mantenido a su colectividad al frente de las preferencias populares, incluso después de los últimos comicios de 2016 en que tuvo dificultades para conformar gobierno.
Pero fue un caso de corrupción cuyo modelo permea la política en muchos países el que lo sacó del gobierno al prosperar una moción de censura liderada por el presidente de los socialistas, Pedro Sánchez, y apoyada por diversas agrupaciones políticas con representación parlamentaria, desde la formación de izquierda Podemos, hasta el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que puso la guinda a la torta y dio la mayoría a la opción de terminar con el gobierno de Rajoy.
El caso Gürtel tuvo su sentencia final el pasado miércoles, y en ella se describe una trama entre el Partido Popular y negocios dirigidos por Francisco Correa, a partir de la cual “se tejió… una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político”, dice el diario La Vanguardia. “Pero además, según la Sala, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular de Rajoy, fue sentenciado a 33 años de prisión, su esposa a 15, y Correa a 51 años. Junto a ellos, hubo condenas contra 29 acusados en distintos niveles. La moción de censura, se basaba, por tanto, en la corrupción del partido gobernante, pero también en la falta de confianza en un líder al que le costaba mantener la confianza estando la corrupción tan cerca de su oficina.
“La sentencia –dice La Vanguardia- relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.