ElPensador.io.- La reciente renuncia del abogado Davor Harasic al Decanato de Derecho de la Universidad de Chile tuvo como motivo oficial una incapacidad de tomar los temas feministas en su gestión.
Sin embargo, en esta misma fecha se está viendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado de Chile que lo involucra a él y al actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, debido a un caso que data de 1995.
El caso fue acogido a tramitación en febrero pasado y el gobierno de Chile tenía hasta el 2 de junio para responder, pero –de acuerdo con los antecedentes recopilados por ElPensador.io– no lo ha hecho. Se trata de un caso presentado por Michel Chamas, ciudadano que acusó la salida ilegal de sus hijos tras su separación de una sobrina del ex titular del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena.
En ese juicio –en que Harasic oficiaba como abogado de la madre de los niños– se acreditó la presentación de documentación falsa y testimonios falsos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que el mismo jurista admitió en una declaración judicial.
El conflicto se repite en 2005 por “presentación de documentación falsa en juicio civil” al Tribunal de Garantía de Viña del Mar y que, según la acusación de Chamás, habría sido deliberadamente obstruida por el fiscal Abbott y sus subalternos como una forma de encubrir los delitos apuntados a Harasic, los que lo inhabilitarían para ocupar cargos públicos. Abbott estaba a cargo del equipo de la Fiscalía regional de Valparaíso.
El caso incluso fue tomado en diciembre de 2007 por el entonces senador Nelson Ávila, quien pidió al Consejo de Defensa del Estado que se hiciera parte de una querella contra Harasic por el delito de “falsificación de timbres del Estado”. El CDE demoró más de seis meses en responder, votando el tema en el Consejo recién el 10 de junio de 2008.
La respuesta fue que la causa “ya había terminado” y que “en la investigación de la Fiscalía local de Viña del Mar no se dan las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de este servicio para intervenir en ella”. Pero el cierre de la investigación por parte del Fiscal de Viña del Mar –subalterno de Abbott- es precisamente el caso aceptado por la CIDH como “denegación de justicia”, que no fue respondido por el Estado de Chile en el período probatorio (hasta febrero) ni en la apertura del caso (hasta el 2 de junio pasado).
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