Por Fernando Martínez.- Un sector de la derecha chilena parece haber encontrado una vía de escape de la trampa en la cual habían caído como consecuencia de la impugnación social y las opciones extremas adoptadas por algunos de sus dirigentes.
Con la idea del rechazo a los cambios institucionales, la UDI en particular camina por un callejón sin salida, donde la opción más probable es una feroz derrota en lo ideológico y una reducción significativa de su expresión política, perdiendo el control de casi todo el ámbito institucional. Esto, sin descontar los riesgos que involucra la tentación de ruptura institucional, imaginada por más de alguno del bloque conservador, en el desierto de opciones a las que conduce el rechazo al cambio institucional.
La vía de salida expuesta por Longueira promete defender su herencia política, jugándose por una muy bien organizada elección del máximo de representantes en el nuevo poder constituyente, para alcanzar el quórum que les permita asumir un rol preponderante en la composición de la carta fundamental que deberá ser aprobada por mayoría simple. En esa visión, en el futuro también, es indispensable desplazarse hacia el centro político, con un discurso menos conservador, compatible con la posibilidad de acuerdos con integrantes de la antigua Concertación.
La viabilidad de esta nueva vía tiene impedimentos que no son de fácil superación. ¿Cuál es el grado de adhesión que encontrará la opción de Longueira y Lavín al interior de su propio partido, de la derecha en su conjunto, del gobierno y de los electores al órgano constituyente? El tiempo lo dirá, pero no son escasas sus fortalezas. Están el candidato mejor posicionado del bloque, uno de los dirigentes históricos de la UDI, las indicaciones del Mercurio, la complacencia de la Prensa dominante y sin duda, el apoyo de sectores del empresariado. Le juegan en contra, la permanencia de las ideas y acciones vinculadas al “rechazo”, la debilidad del gobierno que podría ser un aliado o un peso muerto, la escasa credibilidad de los políticos en general, y la osadía de esta nueva posición que parece poco alineada con las conductas políticas anteriores. Como sea, no cabe duda que esta nueva opción constituye uno de los únicos derroteros con perspectiva para el bloque conservador, primer cuestionado por la irrupción social de octubre 2019.
Como uno de los efectos políticos inmediatos, particularmente promovido por los medios de comunicación que en el último tiempo han sobreexpuesto mediáticamente a los alcaldes de Chile Vamos, ha surgido un escenario de anticipación de las candidaturas presidenciales. Para estas supuestas circunstancias se argumenta que los alcaldes, “cercanos a los problemas de la gente común, son evaluados por su buena gestión que es lo que el país necesita”. Como guinda de la torta, el candidato opositor en esa contienda debiera ser alguien de perfil equivalente, de preferencia comunista, para poder identificar y marginalizar a los detractores más radicales del modelo vigente.
¿Y qué pasa en la oposición? Es una pregunta de difícil respuesta, pues su existencia es en este momento aparentemente irrelevante. Una primera razón de esta condición aparentemente anodina se sustenta en el hecho de que no ha sido capaz de capitalizar el enorme descontento social. Peor aún, se la identificó como segundo causante histórico de los problemas que aquejan a los ciudadanos corrientes. Así, se incluyó a la actual oposición junto al bloque conservador en un potpurrí al denominado “los políticos”. Frente a una mayoría del país que exigía el término de los efectos perversos del modelo económico y social, los grupos conservadores conscientes de previsibles derrotas electorales contundentes, lograron traspasar parte de su propia responsabilidad a los opositores, quienes no fueron capaces de resistir enérgicamente el discurso de la culpa compartida y sin distinciones. Así se plasmó la “verdad” ampliamente difundida en la población, donde la responsabilidad recae en los políticos y en todos por igual.
Poco importa que haya existido una tenaz resistencia conservadora y un estructurado dispositivo institucional obstruyendo las transformaciones necesarias. La incapacidad de la actual oposición cuando fue gobierno de imponer los cambios hoy exigidos, se convirtió en una corresponsabilidad equivalente a haberlos resistido ferozmente. Todos culpables por igual, así la responsabilidad se banaliza y no se relaciona directamente con sus causas raíces. Por supuesto la furia cayó entonces sobre todos los políticos, cuyo desprestigio y rechazo están entre los mayores. La derecha encontró una forma de no perder, que consistía en arrastrar también al adversario en la derrota. Este fue un punto para la derecha dentro de su infinita capacidad de cometer errores. Pero, los efectos de esta corresponsabilidad en general han sido aún peores. Los logros de los gobiernos de la actual oposición, algunos bastantes importantes, han sido relegados a la oscuridad, producto del rechazo generalizado a los políticos y a sus instituciones.
La segunda gran debilidad de la oposición aflora ante la magnitud y profundidad de las transformaciones que reclama la población, pues necesitan de una acción política intensa, concertada y con perspectiva de largo plazo. ¿Dónde está la organización política capaz de llevarlas a ejecución? Por el momento en el abanico del progresismo no se vislumbra ni la sombra de esa entidad. Lo que si existe es una inconfundible voluntad de producir una nueva Constitución Política cuyo diseño específico aún no se ha explorado. No debiera ser demasiado difícil consensuar la estructura básica de la carta política entre fuerzas que comparten su diseño. Sin embargo, se va a necesitar mucha más inteligencia, apertura y sentido de unidad que las que hoy existen para construir la indispensable capacidad política mínima necesaria. Será necesario dejar de lado mucho resentimiento, sectarismo y egolatría enferma, para que el movimiento social pueda encausar sus demandas básicas por vías institucionales. Lo que parece más dudoso es que el bloque político sea capaz de aplicar la mejor ingeniería electoral que permita maximizar el número de constituyentes electos, conociendo la propensión significativa del conglomerado a autoinfligirse derrotas y considerando en suplemento la necesaria coexistencia con el PC y con los independientes.
La oposición también deberá evitar, entre muchas cosas, las trampas mediáticas encausadas por los medios dominantes, por ejemplo, al anticipar el interés en la próxima elección presidencial. Este diseño típicamente conservador, busca debilitar la capacidad para generar consensos al interior del bloque opositor para el proceso plebiscitario (al oponer a la Democracia Cristiana al PC).
La oposición sólo tiene un camino que es lograr un proceso constituyente integralmente exitoso. El naufragio de la oposición tendría como inevitable corolario el fracaso de la institucionalización de las demandas del movimiento social, con consecuencias desconocidas. Porque es evidente que, si los sectores conservadores logran el control real del mecanismo constituyente, es inevitable la legitimación y restauración de los mecanismos similares a los vigentes (corregidos y amplificados). ¿Es viable el desarrollo del país con los niveles de desigualdad económica y social que existen en la actualidad? La historia muestra que las grandes desigualdades en la repartición de la riqueza a fines del siglo XVIII provocaron gigantescas convulsiones que se prolongaron durante la primera mitad siglo XIX. Una desigualdad equivalente a la de hoy, a inicios del siglo XX, precedió dos enormes conflictos militares con una enorme destrucción en vidas y riquezas.
