Por Bernardo Javalquinto.- La narrativa del “Estado benefactor” o “Estado dadivoso” braza el discurso político y mediático. Frases como “el Estado te da una beca”, “el gobierno construye hospitales” o “la administración otorga subsidios” pueblan anuncios oficiales y debates públicos. Esa retórica crea la ilusión de una entidad autónoma y generosa que provee bienes y servicios sin costo para la ciudadanía.
El mito del Estado como ente autónomo
La personificación del Estado como poseedor de recursos propios favorece a la clase política. Cuando un parlamentario afirma “nosotros damos”, asume un rol de padrino y sitúa al ciudadano como receptor pasivo. Esa dinámica tergiversa el pacto de confianza original. Como advertía John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1689), el gobierno existe para proteger derechos naturales y su autoridad para recaudar impuestos se basa en el consentimiento de los gobernados. El dinero que el Estado gestiona no es suyo: pertenece a la comunidad y solo lo administra en fideicomiso.
Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido (1979-1990), lo expresó sin ambages: “They’re spending the taxpayers’ money. There is no such thing as public money. There is only taxpayers’ money”. El Estado no genera riqueza: la redistribuye. Cada inversión pública se financia con los impuestos de ciudadanos, empresas y, en ocasiones, deuda que pagarán futuras generaciones.
La responsabilidad profesional frente al clientelismo
Si internalizamos que los recursos son de la ciudadanía, las instituciones públicas dejan de “dar” y pasan a “devolver” el valor en forma de servicios públicos de calidad. Siguiendo el ideal de Max Weber sobre la administración burocrática (1922), la función del funcionario es servir al interés general con imparcialidad, jerarquía clara y competencia técnica.
El discurso del “Estado dadivoso” socava este principio weberiano y allana el camino al clientelismo. Una pensión no es un regalo, sino el derecho adquirido de un cotizante; una carretera no es una donación, sino una infraestructura pagada por la comunidad. Cuando se pierde esta perspectiva, se distorsiona la rendición de cuentas y el ciudadano se convierte en súbdito agradecido por migajas.
Hacia una ciudadanía fiscalmente consciente
Desmontar el mito del “Estado benefactor” es el primer paso para exigir transparencia y profesionalismo en la gestión de fondos públicos. Los impuestos no son una expoliación, sino la suscripción obligatoria para convivir en sociedad. Gobiernos y funcionarios son administradores de recursos ajenos, no benefactores.
Un cambio semántico clave: no es “el Estado da”, sino “nosotros, como comunidad, proveemos educación, salud y seguridad a través de nuestros impuestos y exigimos eficiencia y honradez”. Esta perspectiva fortalece una cultura de transparencia, servicio genuino y control ciudadano, pilares irrenunciables de cualquier democracia saludable.
Dr. Bernardo Javalquinto Lagos, Prof. Adjunto UVM, BSc Economics, MBA, PhD
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