Por Fernando Marcelo de la Cuadra – El próximo 1 de enero se cumple el primer año desde que asumió el presidente Lula da Silva. En este periodo el gobernante brasileño pudo cumplir con algunas de sus propuestas de campaña, pero para ello tuvo que renunciar a la construcción de un gobierno efectivamente progresista en el ámbito económico, político, social, cultural y ambiental.
El llamado “presidencialismo de coalición” le ha implicado a Lula sufrir algunas derrotas que resultan de la cada vez más amplia plataforma de apoyo entre los partidos que componen su actual administración. Con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional y la sacrosanta gobernabilidad, el mandatario fue incorporando hasta a los más tradicionales partidos de la derecha brasileña, como Unión Brasil, Partido Social Democrático (PSD), Partido Progresista (PP), Republicanos o Partido Laborista Brasileño (PTB).
Inconsistente con el electorado y la base social que le dio sustento en octubre de 2022, el gobierno de Lula tuvo que renunciar a las expectativas que existían en torno a su programa original para iniciar -desde antes de asumir su mandato- una rueda interminable de negociaciones con los sectores de derecha que amenazan permanentemente con boicotear su gestión de no obtener los beneficios que creen “merecer” por parte del Ejecutivo (ver Los principales escollos del gobierno Lula).
Electo a partir de la construcción de una concertación con partidos de izquierda y centro izquierda, los correligionarios del presidente representan solamente a un cuarto de los asientos en el Congreso, es decir, el gobierno posee una correlación de fuerzas bastante desfavorable para impulsar su agenda programática en el campo político.
Solo para ayudar a la memoria, es bueno recordar que, en el segundo turno de las elecciones del 30 de octubre de 2022, el candidato Lula da Silva triunfó solamente con el 50.9 por ciento de los votos válidos que representaron poco más de 60 millones de sufragios, ganando por una margen muy estrecha con relación a su contendor de la extrema derecha.
No deja de ser intrigante saber que 58 millones de brasileños votaron por Jair Bolsonaro, que ha sido el presidente con peor desempeño desde la redemocratización en 1985.
No solo su administración dejó un legado de casi 700 mil muertes a causa de la pésima gestión de la pandemia del Covid19, como también su mandato será reconocido en la historia brasileña como aquel que provocó la mayor destrucción de los sistemas de protección social, el exterminio de los pueblos originarios, la devastación ambiental, el apoyo incondicional a las milicias o el ataque violento a las minorías y la diversidad sexual.
A pesar de su triunfo – con un desempeño que frustró las expectativas en torno a su candidatura- las alianzas que consiguió construir el pacto democrático no han sido suficientes para proporcionar a Lula las articulaciones necesarias para implementar su programa con tranquilidad y fluidez. Eso se debe en gran medida al hecho de que, en las elecciones de gobernadores, senadores y diputados, la derecha y la extrema derecha obtuvieron una significativa representación a lo largo y ancho del país.
Varios ministros de Bolsonaro consiguieron escaños en la Cámara y el Senado y los cuatro estados más importantes de la República (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul) poseen gobernadores cercanos o militantes de la extrema derecha.
Eso sin contar con las presiones que sufre constantemente de parte de unas Fuerzas Armadas con vocación golpista, de los empresarios retrógrados, de los sectores del agronegocio, de los conglomerados extractivistas, de los especuladores financieros, de las iglesias pentecostales o de las milicias que controlan parte del territorio de las grandes capitales.
En este escenario de presiones y chantajes, el Parlamento acaba de aprobar el presupuesto del próximo año el que incluye la escandalosa cifra de 53 billones de reales (como 11 billones de dólares) para obras propuestas y elegidas por sus diputados y senadores.
Esta descomunal cifra de enmiendas parlamentarias es similar a aquella que el gobierno debería invertir en todos los proyectos diseñados para el próximo año. Dichos recursos son la moneda de cambio que poseen los congresistas para reproducirse en sus reductos electorales, ignorando casi siempre las prioridades del gobierno.
Este último desdoblamiento sobre la pérdida de control con respecto a la planificación presupuestaria se inscribe en aquello que puede ser considerada como una nueva modalidad de “parlamentarismo disfrazado”, la cual le resta aún más capacidad decisoria al ejecutivo, restricciones que ya se presentan en el marco del presidencialismo de coalición al que aludimos anteriormente.
Resumiendo, desde que fue ungido como primer mandatario, Lula ha debido gobernar en un tipo de régimen híbrido o transformista que se mueve entre un tipo de presidencialismo incompleto y un parlamentarismo enmascarado, siempre amenazado por el Presidente de la Cámara, Arthur Lira, que exige mayores poderes a cambio del apoyo de los partidos del Centrao, operando casi como un primer ministro que administra las tareas de un Estado que no tiene nada de republicano.
Lira es una figura que se encuentra más interesada en fortalecer los privilegios personales y de sus seguidores, valiéndose para ello del usufructo del tesoro público y en contra de cualquier iniciativa que ayude a superar los problemas que enfrentan los brasileños.
Entonces, desde la conformación de su gabinete, Lula ha tenido que ir cediendo a los intereses de los partidos que fueron incorporándose a la base del gobierno, descartando a ministros –y especialmente ministras- que eran de su confianza.
El caso más emblemático fue la salida de la Ministra del Deporte, Ana Moser, una destacada deportista que era de plena confianza para el mandatario. Ella que tuvo que dejar el cargo para entregárselo a un cuestionado André Fufuca, miembro del Partido Progresista, un conglomerado de derecha que ni siquiera apoya al gobierno en las votaciones más relevantes y en que la mayoría de sus integrantes siguen fuertemente ligados a las huestes bolsonaristas.
Este partido, junto con Republicanos y Unión Brasil van negociando ministerios con el gobierno Lula, mientras siguen manteniendo puentes con el bolsonarismo. La estrategia consiste en dejar las puertas abiertas con ambos campos políticos para evaluar con cuál de ellos vincularse, según las configuraciones que se presentan en el Congreso y de acuerdo con el termómetro electoral.
O sea, dado el conjunto de limitaciones políticas y económicas que le ha ido imponiendo un Congreso fisiologista, corrupto y oportunista, el presidente Lula se encuentra prácticamente incapacitado incluso para realizar un gobierno reformista con un perfil moderado de transformaciones, como lo fueron sus dos administraciones anteriores entre 2003 y 2010.
Aun siendo parte de un ciclo socialdemócrata imperfecto, estos gobiernos por lo menos consiguieron – a través del asistencialismo y de transferencias directas del Estado a los grupos más carentes- sacar a miles de familias del mapa de la pobreza. En estos momentos, el hambre de millones de brasileños heredada de la gestión de Bolsonaro, persiste todavía como un monumental e ineludible desafío a ser superado.
La permanencia de una ideología ultra conservadora y de la extrema derecha política no se discute como dato de realidad, ella posee fundamentos firmes en la propia historia brasileña, con su herencia esclavista, racista y clasista, sus raíces religiosas atávicas, su cultura country y su elite colonizada.
Dicha impronta reaccionaria se apoya durante siglos –con escasas excepciones- en una fuerza militar que siempre está amenazando los avances democráticos de la sociedad, con un empresariado atrasado que vela solamente por sus intereses y subordinado a las directrices de las corporaciones transnacionales.
En ese contexto, el gobierno Lula no ha conseguido ni siquiera mejorar el Programa Bolsa Familia ni aumentar el salario mínimo a niveles que permitan recuperar la capacidad de compra perdida por las familias brasileñas durante la administración de Bolsonaro.
Otros programas emblemáticos de las anteriores administraciones del Partido de los Trabajadores (Programa de Aceleración del Crecimiento, Sistema Único de Salud, Minha Casa-Minha Vida, Farmacia Popular), se arrastra lánguidamente y sobreviven gracias al esfuerzo de los profesionales comprometidos con la mejoría de vida de la población más vulnerable.
En el ámbito de la participación popular, la tarea se encuentra aún pendiente y no existe una política efectiva de formación política para los ciudadanos. Por su parte, las organizaciones y movimientos sociales se han restado a la realización de manifestaciones durante el presente año bajo el argumento de que es necesario apoyar incondicionalmente al gobierno que debe maniobrar entre adversarios declarados y agresivos.
Parece que existe una abdicación absoluta sobre la necesidad de complementar las políticas públicas con la participación popular, precisamente desde un gobierno que dice promover la inclusión social con los procesos pedagógicos que aseguren la organización y movilización de la población en torno a sus derechos postergados.
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En síntesis, nos encontramos ante un gobierno de manos atadas que es amenazado y extorsionado por un legislativo y por diversas fuerzas retrógradas que se han dedicado a desmontar la carta de navegación progresista que se presentaba en la campaña electoral.
Sin convocar el apoyo de los sindicatos, las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, será muy difícil para el actual gobierno alterar la actual correlación de fuerzas desfavorable y salir de las trampas que le tienden cotidianamente sus enemigos. En esa gran encrucijada se encuentra el actual mandatario, Lula da Silva, y su proyecto de reformas, si pretende mejorar positivamente la vida de los habitantes de un país que no debería renunciar a la esperanza.
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