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Opinión

El lado iliberal del gobierno: seguridad, poder y reforma constitucional

Última actualización: 23 de agosto de 2026 6:34 pm
9 minutos de lectura
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iliberal
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La reforma constitucional y el enfoque del Gobierno frente a la seguridad abren un debate sobre lo iliberal, los límites del poder, el respeto a los contrapesos institucionales y la vigencia de las libertades individuales. ¿Hasta dónde puede avanzar una política de orden y seguridad sin poner en riesgo los principios de la democracia liberal?

Por Hugo Cox.- A raíz de la reforma constitucional que ha enviado al Congreso, el primero en poner en alerta sobre el lado iliberal del Gobierno fue el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Además, en plena campaña presidencial, se abordó el tema de lo iliberal, que constituía una de las improntas de los sectores republicanos y libertarios.

Esta arista salió a la luz a partir de diversos hechos que, desde esta perspectiva, revelarían un carácter iliberal: el show hollywoodense del traslado de presos a la cárcel de Talca; la reforma constitucional; y la amistad con líderes considerados iliberales, como Viktor Orbán de Hungría y otros dirigentes de América Latina, como Javier Milei, Nayib Bukele y el recién asumido presidente de Colombia, todos ellos admiradores de Donald Trump.

¿Qué significa lo iliberal?

Lo iliberal —o la llamada democracia iliberal— designa un modelo político en el que se mantienen las elecciones democráticas como mecanismo de acceso al poder, pero se debilitan o restringen determinadas garantías del liberalismo constitucional, como la separación de poderes, los contrapesos institucionales, el debido proceso y la protección de los derechos de las minorías y de las libertades individuales.

En los proyectos y reformas constitucionales impulsados por José Antonio Kast y el Partido Republicano —tanto en la propuesta redactada por el Consejo Constitucional de 2023 como en las iniciativas de reforma contenidas en su programa de gobierno—, lo iliberal se manifiesta, desde esta perspectiva, mediante las siguientes dinámicas clave.

Manifestaciones clave en las propuestas constitucionales y legislativas

  1. Ampliación de las facultades de excepción y del poder ejecutivo

Iniciativas como la creación de nuevos estados de excepción constitucional que restringen derechos y libertades sin requerir necesariamente contrapesos parlamentarios estrictos podrían otorgar mayor discrecionalidad al Ejecutivo en materias de orden público y seguridad.

  1. Sustitución del debido proceso por el criterio de seguridad

Medidas constitucionales o de rango legal que consagren la pérdida automática de derechos civiles o laborales ante determinadas causales vinculadas con la seguridad o el orden público —como la destitución inmediata por pruebas de consumo de sustancias— o la eliminación de determinadas prestaciones para ciertos condenados podrían reducir las garantías individuales frente al poder punitivo del Estado.

El debido proceso constituye, precisamente, una de las garantías fundamentales frente al ejercicio del poder estatal.

  1. Revisión y restricción del catálogo de derechos individuales y de las minorías

En la propuesta constitucional de 2023 se privilegió una visión conservadora sobre ciertos derechos, como la protección de la vida de “quien” está por nacer, limitando, desde esta perspectiva crítica, la autonomía individual y la diversidad en beneficio de un orden moral tradicional.

La discusión constitucional de 2023 puede consultarse en el sitio oficial del Proceso Constitucional.

  1. Debilitamiento de órganos de control y contrapeso

Otra tendencia que puede identificarse en determinadas propuestas consiste en restar atribuciones a tribunales constitucionales, organismos internacionales de derechos humanos o agencias autónomas cuando sus fallos o regulaciones colisionan con la agenda de gobierno o con una determinada concepción de la eficacia de la autoridad estatal.

En una democracia constitucional, los contrapesos institucionales cumplen precisamente la función de limitar la concentración del poder.

  1. Uso del principio de mayoría para consagrar un orden cerrado

A diferencia del modelo liberal, que busca resguardar consensos mínimos e incluyentes, la construcción doctrinal republicana utiliza las mayorías normativas para plasmar un modelo específico de sociedad, haciendo más rígidos los contrapesos frente a agendas progresistas o de transformación social.

En conjunto, el sello iliberal no busca suprimir las elecciones, sino reorganizar las reglas constitucionales para priorizar la autoridad, la moral tradicional y la eficacia de la seguridad pública por encima de los límites liberales clásicos impuestos al Estado.

  1. Seguridad, delincuencia y narcotráfico: una preocupación que no es exclusiva de la derecha

El problema de la violencia, la delincuencia y el narcotráfico no es solo una preocupación de la derecha; también lo es de la izquierda y de la socialdemocracia. La diferencia está en cómo se aborda el problema.

La preocupación por el narcotráfico y la delincuencia no solo constituye un deber para la izquierda y la socialdemocracia, sino también un componente central de sus principios históricos, adaptado a los desafíos contemporáneos.

Fundamentos ideológicos y políticos

  1. Garantía de libertad e igualdad real

El crimen organizado y la delincuencia violenta restringen de forma directa el ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Sin seguridad, la libertad de desplazamiento, de reunión y la tranquilidad básica se ven anuladas, imposibilitando el desarrollo pleno de las personas.

  1. Protección de los sectores vulnerables

Las principales víctimas de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen común suelen encontrarse entre las comunidades de menores recursos. Cuando el Estado abandona determinados territorios, las bandas criminales pueden asumir roles de control social e institucional, afectando la equidad social.

  1. Defensa de las instituciones y la democracia

El narcotráfico puede cooptar la institucionalidad mediante la corrupción del aparato judicial, policial y político. Preservar la integridad de la democracia frente al poder económico ilegítimo de las redes criminales constituye una prioridad fundamental para la estabilidad del Estado social y democrático de derecho.

Enfoque de políticas públicas

A diferencia de las posturas conservadoras basadas exclusivamente en el endurecimiento punitivo o la militarización, la socialdemocracia aborda el fenómeno mediante dos pilares complementarios:

  • Prevención e inclusión: inversión pública en infraestructura barrial, acceso a la educación, programas de salud pública contra las adicciones y generación de empleo para jóvenes sin oportunidades.
  • Inteligencia y persecución financiera: rastreo del lavado de activos, fiscalización del sistema bancario, desarticulación de las estructuras criminales de alto nivel y fortalecimiento de las capacidades operativas de las policías. En este ámbito se inscribe también la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario.

En síntesis, abordar el problema de la delincuencia, la violencia y el narcotráfico es una preocupación tanto de la derecha como de la izquierda y de la socialdemocracia. La diferencia está en el método.

¿Hacia un Estado autoritario?

La reforma constitucional muestra, desde esta perspectiva crítica, el lado iliberal y autoritario de este Gobierno, que estaría orientado a retrotraer la historia hacia la época de la dictadura y que, en el ámbito económico, basa su accionar en poner en práctica el llamado modelo de Chicago, con el ministro de Hacienda a la cabeza.

En el combate contra la delincuencia, esta visión metería en el mismo saco a los delincuentes y generaría un “enemigo interno” político, avanzando, por lo tanto, hacia un Estado de carácter autoritario.

Es precisamente en este punto donde se concentra una de las principales discusiones políticas: ¿cómo enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y la violencia sin debilitar las instituciones democráticas, los derechos individuales y los contrapesos constitucionales?

La respuesta a esta pregunta resulta fundamental para determinar si una política de seguridad fortalece el Estado de derecho o, por el contrario, termina justificando una concentración creciente del poder.

En esta perspectiva, Arrau sería el encargado de llevar adelante dicha visión.

ETIQUETADO:autoritarioiliberalismo
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