
Por Miguel Mendoza Jorquera.- El Gobierno salió con bombos y platillos a celebrar una baja de hasta 100 pesos en el precio de las bencinas, como si se tratara de un triunfo histórico de gestión.
Que bajen, bienvenido sea, sobre todo después del «bencinazo» de más de 300 pesos que los consumidores han soportado desde marzo.
Pero, antes de sacar las banderas y el cotillón, alguien debería exigirle al ministro de Hacienda una explicación de aritmética básica: si el precio del petróleo crudo se desplomó en el mercado internacional, ¿por qué el bolsillo de los ciudadanos apenas percibe una fracción de ese alivio?
El lunes, Jorge Quiroz intentó respaldar el relato oficial con un argumento técnico: sostuvo que el precio final no depende exclusivamente del crudo, sino también del margen de refinación, el cual —afirmó— permanece elevado debido a las tensiones que enfrentan las refinerías a nivel mundial. Técnicamente, esa explicación incorpora un elemento real del mercado energético.
Sin embargo, deja fuera otro aspecto igualmente relevante para comprender la formación de precios en Chile: el papel que desempeña ENAP en la comercialización de combustibles y la forma en que opera el mecanismo regulatorio vigente.
La discusión sobre el Precio de Paridad de Importación (PPI)
Para comprender el debate es necesario revisar cómo se determina el precio de referencia de los combustibles. ENAP no fija sus precios únicamente sobre la base de sus costos efectivos de refinación en las plantas de Aconcagua (Concón) y Biobío (Talcahuano).
El cálculo considera el denominado Precio de Paridad de Importación (PPI), mecanismo contemplado dentro de la aplicación del MEPCO (Ley N.º 20.765), que estima cuánto costaría importar combustibles refinados desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, incorporando costos de transporte, seguros, internación y otros ajustes técnicos.
Este mecanismo se encuentra descrito por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Asimismo, en marzo el Gobierno modificó mediante decreto la metodología de cálculo del PPI, ampliando el período de promediación de dos a cuatro semanas.
Tanto el Ministerio de Hacienda como el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) explicaron entonces que el cambio buscaba suavizar las fluctuaciones del mecanismo y reducir el costo fiscal asociado al subsidio.
Los números detrás del debate
Los estados financieros del primer trimestre de 2026 muestran un desempeño significativamente superior al del año anterior, lo que ha alimentado el debate respecto de los márgenes obtenidos por ENAP.
Quienes defienden el sistema sostienen que Chile continúa siendo un importador neto de derivados del petróleo y, por tanto, está expuesto a las condiciones internacionales del mercado. Sin embargo, también es cierto que ENAP posee una capacidad de refinación cercana a 220.000 barriles diarios, abasteciendo una parte significativa del consumo nacional, lo que mantiene abierto el debate sobre cuánto espacio existe para amortiguar las fluctuaciones internacionales.
La pregunta de fondo
Pocos discuten que el mercado internacional del petróleo influye en los precios finales de los combustibles. La discusión se centra, más bien, en cuál debería ser el papel de una empresa estatal frente a escenarios de altos márgenes de refinación.
Si dichos márgenes aumentan de manera significativa y ENAP obtiene utilidades extraordinarias, surge una pregunta legítima desde el punto de vista de la política pública: ¿deberían esos mayores ingresos destinarse prioritariamente a fortalecer los resultados financieros de la empresa o podrían utilizarse, al menos parcialmente, para amortiguar el impacto sobre familias, transportistas y pequeñas empresas?
Esa es la interrogante que permanece abierta en el debate público… Más allá de las explicaciones técnicas sobre el comportamiento del mercado internacional, persiste la discusión respecto del margen de decisión que tiene el Estado, como propietario de ENAP, para definir el equilibrio entre sostenibilidad financiera, recaudación y protección del poder adquisitivo de los consumidores.
Cuando el debate se concentra exclusivamente en factores externos, corre el riesgo de dejar en segundo plano una pregunta igualmente relevante: qué grado de responsabilidad corresponde asumir a la política pública en la evolución del precio de los combustibles en Chile y cuánto margen existe para utilizar las herramientas disponibles en beneficio de los ciudadanos.
Miguel Mendoza Jorquera – MBA.
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