Por Mauricio Villena y Hermann González.-El actual ciclo político, con importantes elecciones ad-portas, ha generado promesas que bordean lo fantástico. Considerando todos los ofertones, la propuesta más peligrosa es la de realizar una reforma tributaria profunda en un año electoral, con una economía que todavía no se recupera totalmente de la recesión a la que nos empujó la pandemia y donde aún queda por recuperar cerca de 900 mil empleos.
La pandemia del Covid-19 sigue impactando a nuestro país y el debate relevante y urgente hoy es cómo llegar con ayudas rápidas y suficientes, a quienes más lo necesitan. De ahí no se sigue la necesidad de realizar una reforma tributaria en el corto plazo. Estas ayudas se pueden financiar con los mayores ingresos que entregará el cobre este año y a través de una combinación de deuda y transferencias de fondos al Tesoro Público.
Claramente prometer resolver las desigualdades del país y de paso financiar todos los derechos sociales, que, de seguro, incluirá la nueva constitución suena muy atractivo políticamente y de sentido común para muchos. Sin embargo, económicamente esto puede llevarnos a serias consecuencias negativas de corto y largo plazo.
Los impuestos afectan a la economía en el corto plazo a través de su impacto en la demanda agregada. Los aumentos de impuestos reducen la demanda al disminuir la renta disponible y desalientan a las empresas a contratar e invertir más. Estos efectos sobre la demanda pueden ser considerables cuando la economía se encuentra debilitada como ahora por las restricciones debido a la pandemia. Además, la incertidumbre sobre las reglas del juego que se genera con el debate constitucional y el nutrido calendario electoral que se avecina, no hace más que exacerbarse con la eventual apertura de un debate tributario.
Por otro lado, los impuestos afectan a la economía a largo plazo por el lado de la oferta agregada. Tasas impositivas marginales elevadas desalientan el trabajo, el ahorro, la inversión y la innovación, mientras que los impuestos específicos pueden afectar la correcta asignación de recursos clave para la economía del país.
Es por esto en que en tiempos de crisis como los que actualmente atraviesa el país, las recomendaciones de política son aumentar el gasto público, reducir la tasa de política monetaria y en muchos casos, reducir los impuestos, ¡no subirlos!
Llama la atención que prestigiosos economistas se sumen a este interés por subir los impuestos en este momento, cuando no es una buena política económica hacerlo. No es necesaria una consolidación fiscal ahora, dado que el gobierno cuenta con los recursos necesarios para apoyar a los grupos más afectados durante la pandemia.
En los próximos años probablemente será necesario elevar la carga tributaria para financiar de forma sostenible las crecientes demandas sociales, esto junto con una revisión profunda del gasto fiscal. Hacer una reforma tributaria requiere tener un debate bien informado, contar con toda la información disponible, evaluar los impactos de los cambios no solo en la recaudación fiscal, sino también en la productividad y en los incentivos para contratar, ahorrar, invertir y emprender. Es deseable además que eventuales cambios tributarios sean el resultado de un consenso amplio, para dar una respuesta de largo plazo y generar condiciones de certeza. Para lograr dicho consenso es necesario que las pasiones electorales y motivaciones de corto plazo hayan pasado y los intereses de largo plazo del país sean los que primen y guíen a nuestros políticos.
Mauricio Villena es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales y Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC
