Por Hugo Cox.- En un artículo publicado en ElPensador.io planteaba que la crisis sanitaria había puesto en evidencia las grandes desigualdades existentes en el país, desigualdades que va mucho más alla de los ingresos. Es una inequidad, producto de la acumulación de muchas desventajas que están fuera del control de las personas, como por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, las condiciones del barrio en que viven, todos estos elemento de baja calidad, que han agravado la situación.
El actual gobierno asume con un proyecto político que tiene como norte elevar la economía, para que exista un crecimiento que permita mayor empleo y mejores ingresos, pero no habla de políticas públicas que tiendan a dar respuesta a la desigualdad y la inequidad.
Con el estallido social de octubre de 2019 se pone de manifiesto que el gobierno no tenía respuesta a los problemas que esta coyuntura, pone al descubierto, que si bien para muchos no era ajeno, para otros sectores esto era totalmente desconocido sobre todo en las esferas de poder (ver declaración del ex ministro Mañalich). A partir de ese instante la carta de navegación del gobierno queda en entredicho, pero la epidemia complejiza aún más el escenario, en que el Ejecutivo sigue sin dar respuesta oportunas, y además con un problema mayor que es la baja credibilidad de la que goza el presidente y sus ministros (las encuestas de opinión son una evidencia de ello).
Desde el estallido social en adelante el gobierno ha tenido tres derrotas estratégicas que lo dejan en una situación e mayor complejidad y sin capacidad de salir de esa situación. La primera derrota es la reforma de las 40 horas que le costó la salida al ministro del Trabajo, hoy de embajador en Argentina; la segunda derrota de mayor envergadura y que pone en cuestión el actual modelo, es el llamado a plebiscito para definir una nueva constitución que debería ser el marco jurídico que refleje a la nueva realidad del país; y la tercera derrota es la aprobación en la cámara de diputados -y lo más seguro que lo hará también el Senado- del retiro del 10% de los fondos depositados en las AFP.
Estas tres derrotas han dejado al actual gobierno en una creciente debilidad, sin capacidad de gestión política, en lenguaje ajedrecístico está en un virtual jaque mate, los cursos de acción que tiene son pocos ante la virtual aprobación del retiro de fondos. El gobierno puede vetar la ley, ya que es improbable que pueda recurrir al Tribunal Constitucional, ya que esta es una reforma constitucional. El vetar la ley significa que lo más probable que la gente salga a las calles con las consecuencias que eso pueda significar, ya que esta acción iría contra una mayoría que es incontestable.
Por otra parte surge un quiebre entre sectores de la coalición de gobierno y el presidente, dejando al descubierto que hoy el Mandatario no tiene capacidad de liderar una coalición, no puede ordenar a sus parlamentarios y menos ejercer liderazgo presidencial. Surge una fuerte desafección entre sus filas, dejando ver fuertes fisuras ya que no hay convicción de una radicalidad más neoliberal que se quería implementar en lo social, generando una crisis ideológica.
En síntesis: El problema está instalado en La Moneda y, específicamente, en su equipo político, cuya sordera aisló al gobierno en forma casi definitiva.
En las actuales condiciones no son interlocutores válidos para ningún sector del país, ya sean empresarios, gremios, partidos políticos; nos encontramos en una encrucijada que requiere de mucha gestión política que este gobierno ha demostrado que no tiene, por lo tanto es necesario buscar una salida y que la propia Constitución determina un camino.
El tiempo juega en contra, ya que se necesita buscar caminos que puedan administrar las ayudas que habrá que sostener por un largo tiempo, producto de la cesantía y aumento de la pobreza, habrá que discutir la nueva matriz productiva para colocar en marcha la economía, bajo otro norte, en concreto una nueva constitución va a permitir discutir el nuevo país.
Para este tamaño esfuerzo se requiere capacidad mayor de gestión política y políticas publicas más universales.
