Por José Ignacio Núñez.- Luego del 4 de septiembre dos cosas son difíciles de controvertir: que la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva carta fundamental; y que persiste la intención de reemplazar la vigente. Es evidente que quienes creemos en la necesidad de una Constitución surgida en democracia no podemos claudicar y que de los errores se debe aprender.
Un elemento que ha surgido, junto con la idea de los “bordes” del proceso, asunto que ya hemos criticado en diversos medios, es que la nueva Carta Política debe ser redactada por expertos y expertas. Y empleo el término Carta Política no por ausencia de equivalentes, sino para recalcar una cuestión: las constituciones contienen opciones políticas, esto es, decisiones acerca del reparto del poder en una sociedad políticamente organizada.
Las democracias implican representación de ideales o intereses necesarios de ser cualitativa y cuantitativamente expresados. Por eso, la idea del sorteo de integrantes de una futura convención, si bien luce atractiva, tambalea sin demasiada dificultad, pues abandona al azar el futuro de cuestiones que no pueden depender de una ruleta, como la equidad de género, los derechos sociales o una redistribución del poder que no amarre a la cuna el destino de las personas. Ningún cambio social se ha conseguido dirimiendo en juego de casino.
Empero, también se ha defendido que las democracias implican que las normas basales sean definidas por expertos y expertas. Idea que, en diversas encuestas y foros se ha planteado, pero que deja varios agujeros negros difíciles de sortear. Entre otros las siguientes.
Primero, ¿quién atribuye la calidad de experta una persona? ¿Una comisión de expertos en expertos? Si eso se instalase, se llamaría Oligarquía y no democracia. Segundo, ¿cuántas personas expertas y en que materias serían necesarias? ¿Ingenieras, médicos, economistas, abogados, lingüistas u otros? Tercero, esa “expertise” –hablando con palabras de expertos– ¿habilita por sí misma a redactar constituciones? A la fecha, no existe diploma que certifique el sentido común ni la capacidad de elaborar normas. Cuarto, ¿de verdad creemos que las personas expertas son ajenas a posiciones políticas? Sin que ello sea cuestionable, la convención de 2021-2022 nos mostró a insignes académicos y académicas blandeando las más excéntricas banderas.
En fin, es notorio que los órganos que efectúan deliberaciones democráticas importantes –como redactar un proyecto de Constitución– deben contar con asistencia de especialistas, pero la presencia de especialistas no puede sustituir a la democracia.
El Dr. José Ignacio Núñez Leiva es académico de la Facultad de Derecho en la Universidad Central