El columnista Ernesto Yáñez valora el aumento del presupuesto para combatir incendios forestales, pero señala que sólo se enfocan en las emergencias y no en la prevención ni en la educación a las personas. «Las cifras dadas a conocer en el plan del Gobierno sólo son una respuesta a una de las etapas de la lucha contra el fuego, pero nada dicen con respecto a los montos que deben destinarse a la planificación, prevención, educación, preparación y recuperación de las zonas afectadas», dice.
Por Ernesto Yáñez.- En un 47% aumentó el Gobierno el presupuesto del sector público para combatir los incendios forestales durante esta temporada 2023-2024, en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de la temperatura pronosticada para este verano en nuestro país.
Hay que recordar que los daños provocados por los incendios forestales durante la temporada 2022-2023 provocaron un impacto social y económico considerable, registrándose 431 mil hectáreas afectadas, además de 26 personas muertas y cerca de 8 mil personas que perdieron sus viviendas o medios de vida.
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En la industria silvoagropecuaria resultaron afectados 11.656 productores agrícolas y 33.909 animales murieron. El Ministerio de Obras Públicas cifró en 45 los servicios de agua potable rural (APR) dañados. Lo acontecido obligó al gobierno a declarar estado de excepción en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía activando toda la capacidad de respuesta prevista en el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), del Ministerio de Agricultura y de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
La pérdida de vida y bienes materiales registrados durante la temporada pasada fueron elementos importantes a considerar en la decisión del Gobierno para aumentar el presupuesto para los meses estivales que vienen, lo cual permitirá mantener una dotación de 70 aeronaves y financiar una dotación de más de 3 mil 300 brigadistas que se encuentran distribuidos entre las regiones de Atacama a Magallanes, integrando 311 brigadas convencionales, nocturnas, helitransportadas, interfaz urbano-rural, cisternas y mecanizadas.
Pero, además del aporte del Gobierno, se deben considerar los recursos del sector privado, todo lo cual suma más de trecientos millones de dólares, según lo expresado por el Ministro de Agricultura, destinados a la lucha contra el fuego.
Las cifras dadas a conocer en el plan del Gobierno sólo son una respuesta a una de las etapas de la lucha contra el fuego, pero nada dicen con respecto a los montos que deben destinarse a la planificación, prevención, educación, preparación y recuperación de las zonas afectadas, tal como lo aconsejan los investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Informe de Fronteras, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala que el número de incendios forestales extremos aumentará hasta un 14% en 2030 y al 2050, un aumento del 30%, que nos exige un cambio de mentalidad en todos nosotros como sociedad y un cambio en las políticas forestales.
Diversos investigadores afirman que las autoridades y los responsables políticos deben trabajar en conjunto con las comunidades locales y en esto las Municipalidades de las comunas más vulnerables al fuego tienen un rol importante en las diversas etapas del proceso, especialmente el relacionado con la educación de sus comunidades.
