El histórico juicio a Bolsonaro por intento de golpe de Estado pone a prueba la solidez de la democracia brasileña y su capacidad de sancionar la impunidad, explica Fernando de la Cuadra.
Por Fernando de la Cuadra.- De manera inédita, un ex presidente de Brasil se sienta en el banquillo de los acusados, acusado de graves delitos contra la Constitución: intento de golpe de Estado y conspiración para abolir el Estado democrático de Derecho. El ahora reo Jair Bolsonaro es señalado por la Procuraduría General de la República como líder de una organización criminal armada que buscó subvertir los resultados electorales de 2022 y mantenerse en el poder pese a su derrota. Junto a Bolsonaro, otros siete acusados aguardan absolución o condena ante la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal.
Este proceso adquiere especial relevancia en un país cuya historia está marcada por prácticas autocráticas desde la colonización y una sociedad de cuño esclavista que relegó sistemáticamente la participación de los sectores populares bajo un régimen autoritario.
La intentona golpista, gestada desde los primeros meses de la presidencia de Bolsonaro, se vio fortalecida por campamentos frente a cuarteles y la violenta invasión de la Plaza de los Tres Poderes, donde se exigió la intervención armada de las Fuerzas Armadas. Esa escalada demostró una democracia al borde de la violencia y puso en evidencia la urgencia de garantizar mecanismos de protección institucional.
El juicio contra los responsables de planear ese golpe es clave para superar la impunidad y fortalecer la democracia: la mayoría de los acusados pertenece al alto escalón de la jerarquía militar y ocupó cargos relevantes en el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro.
Resulta inquietante que un oficial expulsado por actos ilícitos, convertido en político incendiario y líder de la extrema derecha, haya encarnado la antítesis de los proyectos de inclusión social y de ampliación de derechos impulsados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.
Paradojalmente, las políticas sociales del ciclo progresista del Partido de los Trabajadores generaron un movimiento reaccionario que fusionó ultraliberalismo con un conservadurismo radical, apoyado por sectores del pentecostalismo, militares y policías y empresarios del extractivismo dispuestos a lucrar sin límites.
Frente a este retroceso, las condenas a los miembros de los cinco núcleos que operaron la trama golpista deben enviar un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes conspiren contra la República. Un fallo tibio abriría un peligroso precedente para futuras asonadas.
En un país con un largo historial de asondas golpistas, dictaduras e intervenciones militares, la sanción ejemplar de esta última amenaza adquiere un valor pedagógico: reafirma que la democracia exige responsabilidad compartida y mecanismos de punición ante actos antidemocráticos.
El juicio y las penas que de él deriven representan una oportunidad para que Brasil demuestre su robustez y resiliencia democrática y cierre la puerta a nuevas aventuras sediciosas, dejando claro que el golpe de Estado no es una práctica política tolerable.
