La capacitación debe contribuir a la modernización del Estado

Señor Director:

Diversas definiciones sobre capacitación apuntan que capacitar en la administración pública debe ser un proceso continuo que contribuya al desarrollo de los funcionarios, dotándolos de capacidades para detectar los cambios que está experimentado nuestra sociedad,  los cuales imponen nuevos desafíos laborales, y puedan definir estrategias para enfrentar estos cambios acordes con los objetivos institucionales. En definitiva, la capacitación debe entenderse como el desarrollo de las personas y la organización.

Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente casi un 30% de la dotación del personal del gobierno central lo integran personas a contrata, que ingresan a la administración pública sin ningún mecanismo de selección, contra un 29% de personal de planta, a los cuales el Estatuto Administrativo les impone requisitos para el ingreso a la Administración Pública, se observa que los programas de capacitación de los servicios públicos están lejos de los propósitos y objetivos que deben inspirar una moderna política de capacitación en la administración del Estado, pues muchos de ellos no consideran las prioridades institucionales.

Un pequeño análisis nos permite visualizar la falta de registros de información sobre los programas de capacitación que cada servicio implementa, lo que impide una posterior evaluación. Por ejemplo, si un servicio realizó un curso determinado en el año, una etapa del proceso evaluativo sería saber cuánto aprendió el funcionario/a, cuándo aplicó los conocimientos adquiridos, cuándo no pudo aplicar los conocimientos adquiridos, y por qué no los pudo aplicar. Dicha evaluación debería ser hecha por una organización externa. Ello contribuiría a mejorar la calidad de  las propuestas de los organismos técnicos de capacitación para atender los requerimientos solicitados.

Otra instancia para mejorar las acciones de capacitación en el sector público sería la creación de una Academia de Capacitación al estilo de la Academia Judicial, para orientar efectivamente  la transferencia de conocimiento al aumento de la productividad o a la reducción de brechas estratégicas. Así, la capacitación cumpliría sus verdaderos objetivos de modernización de la Administración Pública.

Juan Medina Torres