Por José María Vallejo.- Ya son cerca de siete semanas desde que se desató la crisis más evidente en la zona industrial de Quintero-Puchuncaví. Y no se han tomado medidas, y no se ha decretado zona de catástrofe, no se ha reforzado el hospital. No se ha detenido la producción de las 15 megaindustrias de la zona ni se ha evacuado a nadie a pesar de la toxicidad permanente de ese lugar.
Me retracto. Este domingo el gobierno acordó una reducción “temporal” en la producción, sin aclarar cómo se traspasa el costo de esa reducción a los valores de los productos de las empresas, como el petróleo de Enap (que después compramos en las estaciones de servicio).
Hasta ayer, tanto el Colegio Médico como la Comisión de Salud de Senado, pasando por reputados científicos, han pedido medidas más drásticas.
La tasa de mortalidad infantil más que duplica la cifra nacional y de la misma región de Valparaíso (18,60 niños por cada 1.000 versus 7,4 del país). Puchuncaví supera al promedio regional en mortalidad por cáncer, traumatismos, envenenamientos, enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades respiratorias.
Y sin embargo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, se atrevió a poner en duda la intoxicación crónica de los habitantes de Quintero-Puchuncaví. Dijo que las muestras de calidad del aire (que el Estado recién comenzó a hacer en la zona, pues estaba en manos de… ¡las mismas empresas contaminantes!) no daban cuenta de emanaciones tóxicas. Afirmó que se trataba de “olores ofensivos” que podían provocar molestias y náuseas, pero no daño en la salud.
Olores ofensivos.
La complicidad manifiesta del Estado en el envenenamiento de miles de chilenos nos da cuenta de un crimen de marca mayor. Pusieron en duda las mediciones realizadas con equipos que recién llegaron el 22 de agosto, bajo la operación de tres funcionarios de la Seremi de Salud que fueron capacitados para usar los artefactos de monitoreo. Si el gobierno envió a funcionarios no capacitados en su uso, a sabiendas, y no mandó a los operadores entrenados de Santiago, para luego validar las dudas a los datos, sería otra muestra de complicidad.
Este complot que ha mantenido una contaminación de 40 años es lo verdaderamente ofensivo, más que los olores.
En junio pasado, antes de que estallara la crisis, el Colegio Médico había advertido de los daños a la salud en la zona. La respuesta de las carteras de Salud y Medio Ambiente en el Congreso fue que se estaba trabajando en el Plan de Descontaminación que en el gobierno pasado había sido rechazado en la Contraloría por no constituir ningún aporte ni avance en materia de cuidado de la salud de las personas.
Y Quintero y Puchuncaví son apenas la punta del iceberg de una desidia general y cómplice: Temuco, Antofagasta, Santiago y sus zonas industriales… Es urgente una verdadera política medioambiental que salve vidas. Ahora.
