Por Juan Medina Torres.- Según el Consejo de Defensa del Estado, 180 de las 346 municipalidades del país enfrentan investigaciones por delitos asociados a corrupción.
Cada una de las 180 municipalidades investigadas registra un promedio de cinco delitos, todos ligados a corrupción, y las figuras penales que más se repiten son: apropiación indebida, fraude, estafa, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
En la Región Metropolitana, las municipalidades con más causas que se investigan son La Florida, con 9 procesos; y Ñuñoa, Santiago y Maipú, con 8 casos judicializados cada una.
De acuerdo a las cifras que maneja el Consejo de Defensa del Estado, la corrupción en las municipalidades ha aumentado dramáticamente. Mientras en 2010 se presentaron 166 causas penales, en noviembre del año pasado la cifra se elevó a 1.119 causas penales.
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Lo anterior da cuenta de la urgente necesidad de aumentar los niveles de probidad y transparencia en la gestión de municipalidades, así como de corporaciones y fundaciones que tienen participación municipal.
Legislar contra la corrupción en las municipalidades
Al respecto, dos iniciativas legislativas que se tramitan en el parlamento buscan establecer exigencias de transparencia y obligación de rendición de cuentas a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro. En específico, todas aquellas que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de municipalidades, gobiernos regionales o poderes del Estado.
Ello, con el fin de que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades.
Además, se plantea incorporar normas para la prevención de la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.
De lo expuesto se deduce que los actos de corrupción detectados en las municipalidades son un claro ejemplo de clientelismo que debilita la clase política y provoca una desafección de parte de la ciudadanía con los gobiernos comunales, lo cual atenta a la democracia y al estado de derecho y donde el derecho de participación pierde sentido.
Ney Lopes de Souza, diputado Federal de Brasil y Presidente del Parlamento Latinoamericano entre 2002 y 2006, señala:
“Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Los sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación democrática”.