Por Daniel de la Vega.- La noche del 5 de octubre de 1988, en la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo, el aspirante a oficial Carlos Cárcamo Bravo recibió la orden de su teniente instructor de alistarse para entrar en acción. “Nuestras órdenes eran tomarnos y proteger el Banco del Estado de Irarrázaval. Habíamos perdido el Plebiscito y había que actuar”, relató el uniformado en varias ocasiones a sus conocidos y amigos.
Posteriormente, Cárcamo le llevaría la contabilidad de sus negocios privados al General Director que había dado la orden a Carabineros para sumarse al autogolpe que Pinochet había ideado como Plan B si perdía el Plebiscito. Hoy, el Coronel en retiro Cárcamo es uno de los principales inculpados en el megafraude de Carabineros de Chile que tuvo como resultado el saqueo de las arcas fiscales de más de 50 mil millones de pesos (casi 100 millones dólares al cambio de la fecha en que se cometieron estos delitos) por parte de altos oficiales de esta Institución.
El 5 octubre de 1988 el actual General Director de Carabineros, Mario Rozas, era un subteniente casi recién egresado de la Escuela de Carabineros. Sólo él sabe cuáles fueron sus órdenes esa noche.
La doctrina de desprecio a la sociedad civil y a los Derechos Humanos en que fueron educados como carabineros Mario Rozas y Carlos Cárcamo fue mantenida por el General Rodolfo Stange durante todo su mandato a cargo de la Institución, pese a que su ascenso a la Dirección de Carabineros de Chile la motivó la renuncia de César Mendoza por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la policía uniformada estando vigente la actual Constitución. Tanto para Mendoza como para Stange los derechos civiles y los Derechos Humanos no eran una prioridad, ni muchos menos objeto de la protección de Carabineros como Institución.
La desobediencia al poder civil de Carabineros de Chile a partir del 11 de marzo de 1990 fue reiterada ya que veían al nuevo gobierno civil como un adversario hostil. Esta desobediencia llegó a ser tan manifiesta que en el caso del secuestro de la familia Rivero Calderón el 22 de enero de 1992, cerca del Campus Oriente de la Universidad Católica, Carabineros de Chile -desconociendo lo negociado por el Gobierno para liberar a la familia- decidió atacar aun cuando los rehenes habían sido liberados y se encontraban fuera de peligro, desobedeciendo las órdenes directas del Ministerio del Interior de ese momento; tan grave y manifiesta fue esta desobediencia de Carabineros bajo las órdenes de Stange, que a partir de ese día el Ministerio del Interior tuvo especial preocupación de mantener a la Institución lo más alejada posible de las investigaciones y acciones tendientes a dar con el paradero y liberación de Christian Edwards, quien en ese momento se encontraba secuestrado desde el 9 de septiembre de 1991, por miedo a que Carabineros volviera a ordenar un ataque sin autorización del Ministerio del Interior y todo terminara en una balacera sin control ni sentido (Edwards sería liberado el 1 de febrero de 1992, con cero intervención de Carabineros de Chile). El no negociar con los secuestradores y actuar aun a riesgo de perder o herir a los a los secuestrados era la doctrina a seguir por Carabineros en contra de la del Ministerio del Interior que era negociar hasta tener a salvo a las víctimas del secuestro.
En esta doctrina subversiva de desprecio a la sociedad y la autoridad civil, se formó el actual General Director de Carabineros. Esto quedó claramente de manifiesto en el audio que sus propios compañeros de armas filtraron a las redes sociales, en dónde Rozas afirma categóricamente que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, ¡A nadie!, Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”. O sea, ningún carabinero será dado de baja por acusaciones y denuncias de violaciones de los Derechos Humanos contra los manifestantes heridos, detenidos y torturados en este último mes en Chile. En pocas palabras, no importa lo que se investigue, se pruebe y se condene el poder civil, sobre estas violaciones a la ley cometidas por los carabineros, ninguno de ellos será sancionados por el General Director Rozas ni la Institución que el dirige.
Estos dichos solo ratifican la doctrina oculta que gobierna a Carabineros de Chile desde hace más de 30 años. Stange obligó a toda la institución a pagar mediante un descuento mensual por planilla de cada funcionario la cuota que financiaba los millonarios honorarios de Sergio Rodríguez Wallis abogado a cargo de defensa de los carabineros que asesinaron a Tucapel Jiménez y a otros ciudadanos chilenos durante la dictadura.
Actualmente el “contador” de Stange, el coronel en retiro Carlos Cárcamo Bravo goza de una cómoda y dudosa jubilación por invalidez de 4,7 millones de pesos mensuales y muy probablemente nunca sufra una condena aflictiva por los delitos de asociación ilícita, malversación de fondos fiscales y apropiación indebida de miles de millones de pesos en colaboración y complicidad de otros altos oficiales de Carabineros, porque los generales directores de la Institución han declarado internamente que siempre van a proteger a sus hermanos de armas y para eso hacen uso de todo el poder que les otorga el ser parte de las Fuerzas Armadas, es decir, un “sindicato armado”. Prueba de esto es la condena obtenida en contra del general Félix Flores Santis, por el fraude de más de 230 millones de pesos en la construcción de cuarteles en la zona austral, delito por el cual se encuentra confeso y se le condenó a pagar una multa menor a siete millones de pesos y actualmente goza de libertad por habérsele aplicado pena remitida.
Ejemplos como estos son muchos y las declaraciones del General Rozas a sus hombres la semana pasada solo confirman la doctrina de desprecio y desobediencia al poder civil al cual están subordinados por ley, pero ellos están insubordinados por doctrina interna.
Los archivos filtrados hace dos semanas sobre el seguimiento y espionaje a sindicalistas y gremios legalmente constituidos y amparados por la ley y la actual Constitución sólo ratifican que Carabineros de Chile ve a la sociedad civil como un enemigo y no como un objeto de protección. Con toda seguridad el general Rozas y sus antecesores nunca desplegaron un dispositivo de seguimiento y escucha de todos los oficiales responsables de la malversación y desfalco de los 100 millones de dólares que altos oficiales le robaron a la institución y, por ende, a todos los chilenos.
Mario Rozas, el General, terminó por sepultar la confianza que Chile tenía en Carabineros.
Una de las primeras cosas que el gobierno de Patricio Aylwin priorizó, fue implementar una política de acciones concretas para reeducar a la ciudadanía chilena sobre todos los más postergados, para que no vieran en Carabineros de Chile una amenaza en contra de su seguridad e integridad como ciudadanos.
La Academia de Humanismo Cristiano, la DC, el PS y otros partidos de la Concertación iniciaron este proceso de manejo del trauma colectivo que Carabineros de Chile, había dejado durante los años de represión de las manifestaciones en contra de la dictadura y su duro actuar en calles y poblaciones de todas las ciudades del país.
De hecho Carabineros también se ocupó de esta tarea haciendo modificaciones en su trato e imagen ante la comunidad. Uno de esos detalles, aunque simbólico, fue estudiado y decidido para cambiar su imagen: esta acción fue el cambiar los colores de los vehículos de negro y blanco, a verde y blanco. El 70% de los manifestantes actuales ni se acuerdan de esto porque, o no habían nacido, o eran muy pequeños. Sin embargo, Chile -como gobierno y sociedad- hizo ese esfuerzo para restituir la confianza de los chilenos en Carabineros como institución: Carabineros ya no era el agresor y el opresor, sino parte vital del bienestar de la comunidad a quien se podía recurrir en busca de ayuda y protección.
Desde un “Amigo en su Camino” hasta ACAB
29 años después, y en menos de 30 días, Carabineros de Chile acaba de dejar una cicatriz que durará 100 años en el inconsciente colectivo de todos los chilenos: más de 200 ciudadanos, dos centenares de jóvenes y niños, han perdido un ojo por acción directa y premeditada de Carabineros de Chile. En un caso en específico han dejado a un joven totalmente ciego. Toda esta generación de mutilados vivirá en promedio 80 años , lo que quiere decir que habrá centenares de hijos e hijas, nietas y nietos que en 30 años más, o en menos tiempo comenzarán a preguntar por qué a su madre o a su abuelito les falta un ojo o son ciegos. La respuesta siempre apuntará a una institución, Carabineros de Chile, y a su General Director, quien ordenó o permitió a sus oficiales cometer estas mutilaciones masivas sobre una población desarmada con un uso excesivo, ilegal e inmoral de la fuerza represiva del Estado.
Este periodista ha estado en todas las manifestaciones desde el día 20 de octubre en Alameda, Plaza Baquedano, Providencia y Vicuña Mackenna, y puede dar fe -como también lo dan las cientos o miles de grabaciones que muestran a carabineros haciendo descargas de sus escopetas apuntando a la línea de la cabeza o el pecho de los manifestantes que no portaban ni armas blancas, ni mucho menos armas de fuego, lo mismo hacían con las bombas lacrimógenas las cuales la apuntaban directamente al cuerpo de los manifestantes. Con esto se hace totalmente ilegal el uso de las escopetas, ya que el reglamento de uso de estas armas y de cualquier arma disuasiva en la policía uniformada establece claramente que el uso no es discrecional, sino que solo se podrá usar haciendo un “uso progresivo” que este “debe ser proporcional a la agresión actual o inminente” que se despliegue en contra de Carabineros, cosa que no se cumple en más del 90% de los casos de jóvenes mutilados por perdigones que fueron disparados en contra de un grupo de manera indiscriminada y maliciosa, con el agravante de que los exámenes radiológicos determinaron que muchos de los perdigones extraídos de los manifestantes heridos eran de acero, material que está prohibido de usar en las acciones antidisturbios de carabineros , la munición metálica solo esta autorizada para controlar motines y tan claro es este protocolo que los cartuchos son de diferente color para que no se comentan errores a la hora de cargar las armas, ya que el proyectil metálico a diferencia del de caucho, penetra en el cuerpo humano pudiendo llegar a causar la muerte de quien lo recibe, lo que implicaría el uso de munición letal por parte de Carabineros
Después de los primeros casos de trauma ocular -como eufemísticamente se utiliza la descripción clínica para describir que a un estudiante le reventaron el ojo- tanto el Ministerio del Interior como el General Director de Carabineros debieron instruir el uso acotado y reglamentario de las escopetas como arma, cuando no directamente prescindir de ellas; sin embargo, la respuesta de Carabineros fue la contraria, y masificó el uso de este modus operandi (las descargas cerradas contra manifestantes). El resultado ya lo sabemos, y será una vergüenza-país por los siguientes 80 o 90 años, tal como los son las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en este Chile en los últimos 46 años. No en vano somos el país con más demandas de este tipo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora es tarea de los políticos de izquierda, centro y derecha pedir la renuncia del General Director y la plana mayor que ordenó y permitió este tipo de brutalidad policial que ha dejado mutilada a una generación completa, delitos que deben ser investigados tanto por el Poder Judicial como por el Congreso. Los jóvenes atacados son hijos de Chile y, como tales, era deber del Estado protegerlos y respetar sus derechos tal como manda y exige la Ley, de lo contrario los jóvenes y todos los chilenos podrán arrogarse el derecho de escribir en las paredes de todo el país el acrónimo ACAB , insulto que pone en tela de juicio la honorabilidad de toda una Institución por culpa de no más de mil funcionarios corruptos que manchan y comprometen la honra y el honor de todos los carabineros que respetan y protegen a sus conciudadanos haciendo cumplir la ley; Ley que el General Mario Rozas dijo expresamente no acataría “aunque lo obliguen”. Eso en cualquier país civilizado occidental es sedición y amerita expulsión inmediata del cuerpo policial o militar al que se pertenece.
