Por Guillermo Fuentes Contreras.- Las municipalidades tienen por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. La definición es clara y precisa, pero, tal parece que el ex alcalde de San Ramón confundió el progreso económico de la comunidad con el progreso económico personal, al alero de una evidente falta de control interno.
La vulnerabilidad de los sistemas de control en las organizaciones, permite abrir la puerta a varias irregularidades como la malversación de fondos, el enriquecimiento propio y el lavado de activos. En ese contexto, entonces, el control interno es una herramienta que debe ser utilizada de manera preventiva y no reactiva.
Las organizaciones públicas bien estructuradas se sustentan en la aplicación obligatoria de un modelo de prevención del delito, justamente para reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, pero, en San Ramón, definitivamente, falló o no nunca se aplicó.
Cuando la máxima autoridad municipal es el “rey” en la toma de decisiones; y a ello se suma la debilidad del sistema de gestión y control, los fraudes corporativos públicos y privados rondan como buitres. Está claro que la Contraloría General de la República no es suficiente. Se hace necesario tecnificar y modernizar las organizaciones públicas a través de la incorporación de un departamento de auditoría interna independiente, que garantice un control directo de las operaciones de la administración. Es urgente erradicar las malas prácticas, la vulnerabilidad y la falta de control que se han transformado en un lamentable denominador común en distintos casos de connotación nacional.
Guillermo Fuentes C. es ingeniero en Administración de empresas y director de la carrera de Contador Auditor en Universidad Central.
