Por Andrés Silva Montes.- La Food Agricultural Organization (FAO) de las Naciones Unidas define la seguridad alimentaria como aquella condición que se da cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. En Chile, se estima que 2,4 millones experimentaban inseguridad alimentaria antes de la pandemia, cifra que debería haber aumentado en 400 mil personas producto de la misma. No hay una estimación clara respecto de cuánto debiera aumentar a fines de este año a causa del incremento en el precio de los alimentos.
Históricamente, la falta de poder adquisitivo de los hogares –la relación entre ingreso del hogar y precios de los alimentos- ha sido considerada como la variable clave para explicar los distintos grados de inseguridad alimentaria. Sin desmerecer la relevancia del poder adquisitivo en las decisiones de consumo de alimentos, hay otras variables que la investigación académica está comenzando a considerar.
Dichas variables pueden tener un rol clave para mitigar la inseguridad alimentaria de un hogar y tienen que ver, por ejemplo, las redes de apoyo, ya sea integrantes del hogar o externas. De esta forma, un hogar aislado y de bajos ingresos es más vulnerable a experimentar inseguridad alimentaria.
Desde la mirada académica, el desafío es cuantificar estas variables relativas a redes de apoyo, y con ello, generar evidencia, para apoyar la toma de decisiones de sector público a fin de combatir la inseguridad alimentaria en Chile.
Andrés Silva Montes es PhD, académico e investigador de la Universidad Central