Por Edgardo Riveros Marín.- La intervención de un Estado en otro, con un fuerte componente militar, político y económico, además de las implicancias lesivas para el derecho internacional, que la hace de partida gravosa, se presenta aún más compleja si no se toman en consideración otras circunstancias de contexto, como son los factores culturales, religiosos, históricos y la categoría de los aliados internos con los cuales se actuará en la incursión. Este último factor resulta esencial para paliar las debilidades de legitimidad que tienen las intervenciones.
Es efectivo que la medida adoptada por Estados Unidos y aliados de la OTAN en Afganistán se hizo en el marco de los ataques terroristas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, habiéndose individualizado que en aquel país se habían parapetado los miembros de la organización responsable de los atentados y que la intervención conllevaba el propósito de castigar a los autores de aquellos. Este aspecto específico, sin embargo, significó la permanencia de las tropas norteamericanas por veinte años. La más larga intervención que ha efectuado la potencia norteamericana en otro Estado.
Luego de lo que ha ocurrido y las causas y forma en que se efectúa el retiro de la presencia estadounidense en el país asiático queda demostrada la inexistencia una adecuada estrategia de salida. Dicha estrategia no se contempló en el origen en 2001 bajo la presidencia de George W. Bush, ni tuvo corrección en las sucesivas administraciones, incluida por cierto la de Donald Trump bajo cuya presidencia se decide el retiro de las tropas a partir de mayo del presente año. El actual presidente Biden, que también hizo un diagnóstico equivocado de los efectos que traería el señalado retiro, deberá pagar los costos políticos de la medida, particularmente si Afganistán entra, en manos de la conducción de los talibanes, en un proceso de agravamiento de la crisis, con violaciones de derechos humanos y consecuencias lesivas en el ámbito humanitario.
Cuando se hace referencia al hecho que no era posible prolongar la permanencia en Afganistán, porque no se podían seguir asumiendo los costos humanos y económicos de ella y que correspondía a la autoridad local asumir su responsabilidad de conducción del país y el abandono se hace en la forma que ha sido observado, queda aún más claro la gravedad de no haber contemplado en el momento oportuno la estrategia de salida que significara mejorar y no empeorar la situación inicial.
Edgardo Riveros M. es abogado y magíster en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público
